Solidaridad penal

Las autoridades judiciales norteamericanas van a anunciar desde Washington 14 nuevas órdenes de captura con fines de extradición y estudian la posibilidad de aplicar en Colombia -a partir de estas solicitudes- la norma más temida por los mafiosos: la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).

Rico es una ley federal contra el crimen organizado aprobada en 1970 por el Congreso que se concibió para combatir a las mafias italo-norteamericanas que bañaron de sangre a Estados Unidos.

Esta figura delictiva, de uso excepcional, les permite a los fiscales estadounidenses acusar y condenar a un jefe mafioso por las actividades ilegales de su organización aun si no se puede probar que éste las cometió directamente. Dicha ley contempla una lista interminable de delitos entre los que están lavado de dinero, narcotráfico, conspiración, fraude bancario, transacciones no reportadas superiores a 10.000 dólares e importación y exportación de divisas sin licencia. Eso quiere decir que si se aplica a la mafia colombiana, todos los miembros de una organización se considerarían culpables por cada uno de los delitos que haya podido cometer cualquier miembro en cualquier lugar.

Una de sus peculiaridades es que la prescripción de los delitos es de 10 años, en vez de cinco como es hoy . Esto es una ventaja para la justicia norteamericana porque les permite acusar a los capos por los delitos cometidos después de 1997, pero los pueden juzgar además por los delitos que hayan cometido 10 años atrás. Además permite a los jueces sentenciar por montos entre tres y cinco veces mayores que el valor original de los daños, encarcelar ejecutivos y confiscar activos de los que violen la ley.

La decisión de aplicarla en Colombia ha sido estudiada en detalle tras una reunión en Washington a la que fueron convocados los fiscales de Houston, Miami, Nueva York y Tampa que adelantan procesos contra los narcos del norte del Valle del Cauca.

Los funcionarios de las agencias federales (DEA, Aduana y FBI) les enseñaron a los fiscales "la vida, obra y milagros" de cada uno de los señalados como grandes capos del tráfico de drogas en Colombia. Es decir, les dieron a conocer el prontuario de las 14 personas en la mira de la DEA y de la Policía colombiana para ser capturadas y juzgadas en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran Diego Montoya, alias 'Don Diego'; Wilber Varela,'Jabón'; Hernando Gómez , 'Rasguño'; Juan Carlos Ramírez Abadía, 'Chupeta"; el teniente Jorge Rodríguez, '50', y el coronel Danilo González, ambos policías retirados y asesinados en los últimos días.

Quieren imponer la Ley Rico en Colombia por las dificultades que tienen los fiscales estadounidenses para recopilar pruebas contra los capos. En el pasado la Rico sirvió para juzgar al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega por tráfico de drogas y al ex dictador de Filipinas Ferdinando Marcos y su esposa Imelda.

Esta ley sin embargo tiene complicaciones. Si un delito no tiene un símil en el derecho colombiano se considera que no se cumple el principio de la doble incriminación, por lo cual no podría servir de sustento para solicitar la extradición de colombianos. "Algunas veces las cortes evitan el requisito de la doble criminalidad si ambos países tienen crímenes que se juzguen como análogos. Pero en Colombia no hay un crimen análogo a los que contempla la Ley Rico. Incluso en Estados Unidos se considera un crimen único y novedoso", dijo a SEMANA Richard Strafer, penalista norteamericano.

"En materia de extradición, con Ley Rico o sin ella los jueces estadounidenses están juzgando a los colombianos por hechos anteriores a 1997, desconociendo los condicionamientos impuestos por el gobierno colombiano. Así fue en los casos de Jaime Lara y Fabio Ochoa", sostuvo José Joaquín Caicedo, abogado internacionalista. n