VALLE DEL CAUCA
“Son delitos terroristas”: alcalde de Cali sobre quema de buses y vehículos de carga
Jorge Iván Ospina sostuvo que todo aquel que cometa un delito de este tipo podría enfrentarse a diez años de cárcel.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, condenó este sábado los actos vandálicos que se han presentado durante las dos últimas noches en la ciudad, donde han sido quemados al menos cuatro vehículos de carga y dos buses del MIO en diferentes puntos de la capital del Valle.
Al término de un consejo extraordinario de seguridad, Ospina dijo: “[Estamos] muy preocupados por la quema de vehículos en las dos últimas noches; haciendo la revisión de estos eventos no cabe duda que son delitos terroristas porque existe premeditación, sistematicidad y progresividad con el propósito de alterar el orden público, lacerar la vida y dañar patrimonios”.
Asimismo, el alcalde de Cali subrayó que todo aquel que participe de la quema de un vehículo podrá tener una condena de 10 a 15 años. “Trabajaremos para que paguen esa condena debido a la irresponsabilidad cometida”, dijo.
“Lo segundo que hemos decidido en nuestro consejo de seguridad es que hemos constituido una bolsa de 500 millones de pesos para distribuir en recompensa para quien entregue información sobre los autores materiales e intelectuales de la quema de buses”, añadió Ospina.
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Finalmente, el mandatario local aseguró que se creará un bloque interdisciplinario entre Policía, Ejército y Fiscalía para actuar cuando se estén cometiendo este tipo de hechos en Cali. “Nuestra ciudad necesita recuperar la tranquilidad”, sostuvo.
La quema de buses
En medio de la tensa situación de orden público que sigue viviendo la capital del Valle del Cauca, este viernes, hacia las ocho de la noche, se conoció que un grupo de personas le prendió fuego a un camión de una empresa transportadora en el sector La Luna, en Cali.
La situación reportada por varios ciudadanos a través de las redes sociales, da cuenta de cómo el vehículo perteneciente a la empresa Coordinadora, es consumido por el fuego sobre el puente vehicular de la Autopista Suroriental con Calle 13.
Este hecho se da en medio de las manifestaciones que comenzaron a presentarse en el sector durante la tarde, y que ocasionaron nuevos enfrentamientos entre algunos ciudadanos que participaban de las protestas y la fuerza pública, luego que el Esmad y miembros de la Policía hicieran presencia en el lugar con el propósito de evitar que volvieran a bloquear este punto de la ciudad que ha sido uno de los más afectados durante el paro nacional que se adelanta en el país desde el pasado 28 de abril.
Al respecto, el movimiento político y social colombiano Congreso de los Pueblos que agrupa diferentes sectores y actores sociales, denunció que, en la diligencia adelantada por las autoridades, irrumpieron en la jornada pacifica y agredieron a algunos de los participantes, entre ellos, dos defensores de derechos humanos.
“En el marco del paro nacional, adelantado en el país desde el 28 abril de 2021 hasta la fecha, en el que miles de personas han salido a las calles a manifestar su inconformidad con las políticas del actual gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, se han presentado numerosos hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos en los que se ha atentado contra la vida, libertad e integridad física de la población civil. Alertamos la grave situación de seguridad en la que se encuentra Herson Aullon, defensor de Derechos Humanos de la Corporación Suyana en Cali, Harold Grisales, Defensor de Derechos Humanos del Comité Joan Sebastián Tenorio del Barón Rojo Sur” señala la entidad en la primera parte del comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter.
“El día de hoy, 18 de junio 2021, en el punto de la luna en la Ciudad de Cali, donde se llevaba a cabo manifestación pacífica, arriba el ESMAD aproximadamente a las 5:00 arremetiendo contra la comunidad, impidiendo labor de defensa de los Derechos Humanos e hiriendo a los dos defensores en mención” señaló el Congreso de los Pueblos que, a su vez, exige las garantías para el desarrollo del derecho constitucional a la protesta social.