Rechazo a estigmatización de los venezolanos como los vándalos de Bogotá

Si bien en las redes se culpa a ciudadanos venezolanos de participar y propiciar los disturbios de jueves y viernes en la capital, lo cierto es que hasta ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto ni han dado información sobre ese presunto accionar. 

“Lo que está ocurriendo es un problema de Colombia y de colombianos. Nosotros no tenemos por qué intervenir en los asuntos políticos de Colombia. Si hay venezolanos inmersos en actividades contrarias a la ley, Colombia tiene que judicializarlos y condenarlos. Si resultan condenados tienen que meterlos a la cárcel y sólo después deportarlos”, dijo el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, refugiado en Colombia, Gonzalo Oliveros.

El magistrado agregó que hace falta más control en la entrada a Colombia por razones internas de seguridad. “Es posible que haya venezolanos que estén haciendo actividades incorrectas, entonces, deténganlos, enjuícienlos y luego depórtenlos. La gran mayoría no estamos en eso y lo vemos con preocupación”, dijo Oliveros. 

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Por su parte, Carlos Vilma, venezolano ex candidato al Concejo de Bogotá, por el Centro Democrático, que no resultó electo en las pasadas elecciones del 27 de octubre, dijo que el vandalismo “hace parte de un plan estructurado de desestabilización. El objetivo es hacerle pensar a opinión pública que para frenar lo que ocurre en la calle tiene que cambiar el gobierno colombiano. Esto es resultado del foro de Sao Paulo. Esto es el resultado de delincuencia común y organizada, pero también, delincuencia política para desestabilizar al país”.

Actualmente hay 1,5 millones de venezolanos en Colombia y un poco más de 300.000 en Bogotá, de acuerdo con cifras de Migración Colombia y la Organización de Naciones Unidas. 

Hasta antes del 21N menos del uno por ciento de la totalidad de la población venezolana en Colombía (1.054 personas)  hacía parte de la población carcelaria. Es decir, había tenido que ver con algún tipo de violación de la ley en el país.