“Son presa de la explotación porque hay quien las compre”: feministas sobre la explotación sexual

Según las Naciones Unidas, el delito de la explotación sexual afecta de manera especial a las mujeres, pues, para 2020 el 65 % de las víctimas pertenecían a este género y para Colombia la cifra llegó hasta el 85 %, donde Cúcuta fue la primera ciudad de origen de la trata interna en toda Colombia, por encima de Bogotá, su capital.

En diálogo con SEMANA, la Corporación Mujer Denuncia y Muévete (CMDYM), una organización feminista ubicada en Cúcuta (Norte de Santander) aseguró que “las mujeres han sido el grupo social más perjudicado con el empobrecimiento generalizado tras la pandemia, la pérdida de empleo y en general la pobreza que ha aumentado en los últimos años. Esto se traduce en una mayor cantidad de mujeres desplazadas y migrantes desde Venezuela, que son presa perfecta para las mafias de la explotación sexual, en una industria que está normalizada y en algunos aspectos hasta legalizada, pero que esconde esclavitud y violencia”.

Lo cierto es que en las zonas fronterizas atraviesan situaciones y dinámicas específicas con respecto a las del resto del país, debido a su propio contexto con ejes transversales como la migración, y esto puede llegar a influir significativamente en el ejercicio de la prostitución y la explotación sexual que llega a presentarse dentro de esta.

Victoria Argoty, voluntaria de CMDYM, afirmó que han “atendido y caracterizado aproximadamente a 10.000 mujeres; de ellas, seis de cada diez han estado en explotación sexual al menos una vez y aproximadamente 5000 son sometidas habitualmente a este tipo de explotación. El 78 % de las mujeres que nos solicitaron métodos anticonceptivos manifestaron estar en la prostitución. El 15 % de quienes los solicitaron, son madres menores de edad, de las cuales 6 % manifiestan estar sobreviviendo en la explotación sexual.”

El informe “Una mirada a la trata de personas en Norte de Santander” realizado por Border Lab, arrojó cuatro de las finalidades principales que tiene la trata de personas en el departamento fronterizo, las cuales son: La explotación sexual, La finalidad de trabajos o servicios forzados, Reclutamiento forzado y la explotación de la mendicidad ajena. Por tal razón, la explotación sexual se consolida como una problemática que el departamento afronta con principal gravedad, dejando a las mujeres, especialmente aquellas en condición irregular o de pobreza, expuestas a tal amenaza.

El gobierno Petro

“Es necesario que el Gobierno nacional elabore una política integral de lucha contra el sistema prostituyente, en la cual se penalice tanto a los proxenetas como a los compradores de sexo, puesto que son ellos los que sostienen la trata; que culturalmente se empiece a difundir que la prostitución es violencia machista contra todas las mujeres”, manifestó Victoria Argoty.

Es de conocimiento nacional que el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, desde su campaña, manifestó estar a favor con deferentes temas relacionados con la lucha feminista, y de igual manera, la vicepresidenta dijo reconocerse sí misma con dicho término. Sin embargo, durante la misma campaña, Francia Márquez, a través de su cuenta personal de Twitter, manifestó que debía haber “una regulación del trabajo sexual en Colombia”, el cual aunque no es ilegal en el país, tampoco es legal y en distintas ocasiones ha sido usado por proxenetas con fines de explotación sexual.

“Nos preocupa que la vicepresidenta haya emitido algunos tweets en los que reproduce el discurso de que la prostitución es trabajo, porque denota falta de conocimiento real sobre el problema”, afirmó la CMDYM.

Además, añadió que “este gobierno y los anteriores, así como la sociedad en general todavía no reconocen la dimensión del problema de la explotación sexual. El discurso neoliberal que muestra la prostitución como “un trabajo como cualquier otro” que “se escoge libremente” ha tenido mucho éxito a muchos niveles sociales e institucionales, lo cual le ha dado alas al proxenetismo para posicionarse públicamente como un sector económico supuestamente legítimo”.

“En este sentido, lo que exigimos de la izquierda, fundamentalmente, es que cuestione el antiguo privilegio masculino de comprar el acceso sexual a cualquier mujer, niño o niña. Es ese privilegio el que todavía muchos en la izquierda no se atreven siquiera a mencionar y que es la base de la explotación sexual”, concluyó.