BOGOTÁ
Cuarentena: la parranda clandestina que sorprendió a la Policía
Durante la pandemia continúan los actos de irresponsabilidad de algunos ciudadanos. En esta oportunidad, un fiestón en medio de la cuarentena estricta. Esta es la sanción que les impusieron a quienes participaban en esta.
A pesar de que Bogotá está en sus semanas más difíciles por la pandemia de la covid-19 y que el número de contagios y muertes sigue en aumento, cientos de ciudadanos continúan protagonizando actos de irresponsabilidad al violar tanto el confinamiento obligatorio como las medidas con las que se busca controlar la emergencia sanitaria.
En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá sorprendió a 27 personas departiendo en un establecimiento público en el barrio Paloblanco, localidad de Engativá, la cual -por cierto- es una de las zonas que se encuentra en cuarentena estricta desde el 31 de julio hasta el próximo 14 de agosto, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López.
Según las autoridades, fueron alertadas por las llamadas de algunos vecinos que denunciaron el alto volumen de la música, ruido y hasta gritos. Cuando llegaron al lugar, se percataron de que ninguno de los ciudadanos cumplían con las medidas de aislamiento, de distanciamiento ni de bioseguridad.
Incluso, algunos de ellos intentaron huir por los techos de las viviendas aledañas al establecimiento pero quedaron atrapados, por lo que necesitaron de la ayuda de los agentes de la Policía para salir del lugar.
"Logramos que las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes identificaran un establecimiento público donde estaban departiendo 27 personas, de las cuales 7 son mujeres de nacionalidad extranjera. Se les realizó la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el desacato al decreto 173 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y al decreto 1076, de la Presidencia", manifestó el teniente coronel Ángel Acosta, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Entretanto, a los ciudadanos se les aplicó la sanción establecida para la violación del aislamiento preventivo obligatorio, que supera los 900.000 pesos, y al establecimiento se le aplicó la orden de sellamiento.