SOS de los pacientes con enfermedad renal crónica afectados por el paro

La situación de orden público a nivel nacional ha afectado de manera crítica tanto la producción de insumos médicos, como su abastecimiento a las clínicas y hospitales en Colombia. Es importante mencionar que los pacientes renales en diálisis no pueden tener interrupciones en sus terapias ya que, de no dializarse, un paciente renal en un término estimado de tres días, y dependiendo de su estado de salud específico, tiene riesgo inminente de morir.

La Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial hizo un llamado frente a la situación nacional para considerar la generación de un corredor humanitario con el fin de poder cumplir con las necesidades y atender a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), puesto que es fundamental brindar todos los insumos vitales a los centros médicos y/o a nivel domiciliario, donde se entregan los líquidos e insumos para realizar la diálisis peritoneal. “La gravedad en la interrupción de las terapias para pacientes con diálisis puede colocar en riesgo a los pacientes que sufren esta enfermedad, ya que al no suplir las funciones de sus riñones pueden fallecer en un periodo corto de tiempo”, afirmó Cesar A Restrepo Valencia, presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología.

La Asociación advirtió que actualmente se encuentran 111 toneladas de insumos médicos represados en carretera en el Valle del Cauca y 530 en los centros de distribución en Cali, destinados a la atención de entidades de servicios de salud y pacientes. Con la situación actual, varios factores ponen en riesgo la vida de estos pacientes renales:

1. Limitación para producir los insumos en las plantas de manufactura por la incapacidad para transportar materias primas.

2. Imposibilidad de llegada de los pacientes a los centros de diálisis, dado los cierres de las vías.

3. Imposibilidad de abastecer las clínicas de diálisis y las casas de los pacientes con los insumos necesarios para su terapia de diálisis.

Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Nefrología manifestó la urgencia de priorizar el apoyo para el traslado de pacientes renales a sus centros de diálisis y, de la misma manera, facilitar el transporte de insumos médicos a las diferentes ciudades del país y de materias primas para la producción de insumos de diálisis.

En Cali, donde refiere el organismo médico, las noches se volvieron pesadilla. La violencia de las protestas contra el Gobierno colombiano estalló en esta ciudad donde convergen los males de un país sumido en seis décadas de guerra. En esta ciudad, el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc en 2016 no trajo la calma esperada.

Desde que comenzaron el 28 de abril, las manifestaciones contra el presidente Iván Duque se tornaron en revueltas en la urbe, duramente reprimidas por la fuerza pública, y la situación empeoró cuando cayó el sol el 3 de mayo. La ciudad ha recibido una migración campesina y pobre en medio del conflicto armado, que no logró integrar del todo y eso provoca “demasiada desigualdad”, señaló Édgar Barrios, rector de la Universidad del Valle.

La situación se agravó por la crisis económica desatada por la pandemia, que afectó la industria, el comercio y la agricultura de esta ciudad del suroeste del país, donde la violencia repunta tras el acuerdo de paz. En Cali se juntaron descontento social, pobreza, “economía ilegal de narcotráfico” y “distintas formas de criminalidad” que se arraigan en barrios deprimidos, según dijo el académico.

A los bloqueos de vías, que también provocan desabastecimiento de gasolina y medicamentos en plena pandemia, el Gobierno respondió con la militarización de la ciudad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo estar “profundamente alarmada” por los excesos de la fuerza pública en Cali, cuando “la policía abrió fuego contra manifestantes (...), matando e hiriendo a varias personas”.