“Su preocupación radica en realizar contratos de manera reservada”, la arremetida de escudero del presidente Petro contra viceministro de Defensa

Como arrogante, chafarote y déspota, además de preocuparse por radicar contratos de manera reservada, calificó el sargento retirado Alexander Chala, al viceministro de estrategia y defensa del ministerio de Defensa, el general Ricardo Díaz.

Las críticas contra el funcionario provienen de quien (Alexander Chala) ha sido uno de los mayores defensores del presidente Gustavo Petro. A través de Twitter, el exuniformado dijo que, “General (R) Ricardo Díaz Torres Viceministro de Estrategia y Planeación, su gestión durante 7 meses de escándalo en escándalo, arrogante, déspota y chafarote, su preocupación radica en realizar contratos de manera reservada y mantener su ego en dos camionetas blindadas la de el y su esposa, su primera gestión como viceministro insultar a un guarda de seguridad y amenazarlo con echarlo por no saludarlo”.

En los mismos mensajes Chala, cuestionó a los otros viceministros que acompañan al ministro de Defensa, Iván Velásquez. “Los tres Viceministros de Defensa sin voluntad política. De nada le sirve al Señor Ministro @Ivan_Velasquez_ hacer un gran esfuerzo por generar cambios en al interior del @mindefensa si no cuenta con el apoyo y respaldo de sus viceministros, tres personas que en 7 meses lo único que han demostrado es incompetencia en sus cargos y cero gestión, a pesar de que en varias reuniones el Señor Presidente @petrogustavo les ha pedido resultados, estás personas más parece que estuvieran en contra de sus instrucciones y políticas de gobierno, en el siguiente hilo me voy a tomar el trabajo de nombrarlos uno a uno”, dijo.

Es de recordar que el viceministro Díaz hace parte del grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa que fueron citados por la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en un millonario contrato de 305 millones de dólares para la compra de vehículos de guerra.

Citación

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, desde Boston, Estados Unidos, aseguró que los detalles de la investigación resultan preocupantes y, en ese orden de ideas, es necesario adelantar una verificación que incluya, por supuesto, las diligencias de declaración a quienes resultaron protagonistas de este escándalo.

Las presuntas irregularidades que hizo públicas SEMANA se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía por posibles hechos de corrupción. En el marco de las diligencias, el fiscal a cargo tomó la determinación de escuchar en declaración al ministro de Defensa, Iván Velásquez, además de las personas que aparecen mencionadas en la denuncia.

“Recogidos algunos elementos materiales y al mismo tiempo de la publicación sobre los posibles sobrecostos de un contrato por parte del Ministerio de Defensa, posible hecho de corrupción, se ha tomado la determinación de citar a declarar, también bajo gravedad de juramento, a varios funcionarios de ese Ministerio. Entre ellos, el señor ministro de la Defensa, el viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz; Javier Mondragón, director de Proyección de Capacidades de Innovación; Jenny Mora, asesora de contratación; los coroneles Óscar Melo Muñoz y Carlos Luque Ochoa, y el sargento viceprimero Andrés Aldán, integrante del comité técnico de ese proyecto”, confirmó a SEMANA el fiscal Barbosa.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, “estas personas tendrán que ir a la Fiscalía para la respectiva declaración y nosotros ya poder ahondar en las hipótesis que tenemos. Esos son los casos que, además, generan mucha molestia por parte de algunos sectores del país. Creo que la Fiscalía, con sus elementos, puede adelantar el trabajo para tener una respuesta concreta, porque también hemos venido observando un aumento de denuncias alrededor de estos hechos, que fueron ventilados en un medio de comunicación (SEMANA)”.

SEMANA trató de encontrar una respuesta del Ministerio de Defensa ante las denuncias, y lo que se concertó como una reunión terminó en una encerrona en contra del periodista a cargo de la investigación, en la que incluso advirtieron que la información no se podría publicar y que antes de terminar el encuentro el comunicador tenía que firmar una carta de confidencialidad, la cual no fue firmada y generó la cancelación inmediata y abrupta del encuentro.