| Foto: Fiscalía General

JUSTICIA

Contratista de Tunjuelo Canoas, condenado a cinco años de cárcel

Luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Andrés Cardona fue sentenciado por un juez de Bogotá. Su colaboración pone al descubierto el presunto desvío de plata en una de las primeras obras de Odebrecht en Colombia.

16 de febrero de 2018

Al sueño de descontaminar el río Bogotá casi siempre se le ha interpuesto un caso de corrupción. Las denuncias comenzaron en 2009, justo en el momento en que se contrataron las obras para la construcción de dos interceptores que conectan las aguas del río con la planta de saneamiento de Canoas bajo la administración de Samuel Moreno. 

Sin embargo, las denuncias solo vinieron a tener efecto ocho años después, con la captura en Bogotá del contratista Andrés Cardona, a quien varios testigos del carrusel de la contratación de Bogotá señalaban de ser el mandamás en la Empresa de Acueducto de Bogotá. 

Este viernes, sin mucho escándalo, Cardona fue sentenciado a cinco años de cárcel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en calidad de coautor. La sentencia se da después de un preacuerdo que firmó con la justicia, en donde queda indefinidamente inhabilitado para contratar con el Estado y será recluído en la cárcel La Modelo de Bogotá para que cumpla la pena.

Esta negociación fue avalada por el juez 14 penal del circuito de conocimiento de la capital. 

Cardona Laverde aceptó los cargos por haber puesto su empresa ACC Ingeniería a subcontratar con el Consorcio Canoas (conformado por Odebrecht y CASS Constructores, dirigida por la familia Solarte) por un valor de 2.000 millones de pesos. De dicho acuerdo se derivaron sobrecostos por más de 600 millones de pesos. 

Frente al delito de cohecho por dar u ofrecer, fue hallado responsable de ofrecer el 6 por ciento del valor del contrato para ser entregado a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas como comisión. Así se habría pagado la milonaria adjudicación de los interceptores. 

Por este caso, fueron llamados a imputación de cargos los representantes del grupo Solarte. Sin embargo, los ejecutivos de Odebrecht siguen insistiendo en que no hubo coimas para quedarse con las obras que le costaron al Distrito 244.000 millones de pesos.