Subsidios: el millón de personas más que podría recibirlos

Desde hace un año, cuando los colombianos fueron confinados por la pandemia de la covid-19, la llamada renta básica comenzó a erigirse en el salvavidas para los hogares más pobres del país, que quedaron con el agua al cuello ante la imposibilidad de salir a las calles para ganarse el pan diario y garantizar su techo.

Sectores políticos y sociales llamaron la atención del Gobierno y le exigieron fórmulas contundentes para paliar la crisis. Aunque el presidente Iván Duque ordenó subsidios para los más necesitados, la solución no parecía suficiente, por lo que el Congreso empezó a discutir nuevas alternativas.

Por los lados de la oposición, el senador Iván Marulanda (Alianza Verde) lidera la iniciativa que precisamente pretende establecer la renta básica, mientras que por los lados de la coalición de Gobierno, el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) propuso el proyecto para que Ingreso Solidario, el programa gubernamental, adquiera carácter permanente.

Las conversaciones no avanzaron. Entre otras, porque no resultaba oportuno adelantar el debate parlamentario cuando hay más propuestas sobre la mesa. Y sobre todo por el inminente aterrizaje en el Capitolio de la reforma tributaria que, tal como ha trascendido, también contempla que Ingreso Solidario tenga carácter permanente.

El Gobierno no ha dado a conocer el monto exacto que fijará en su propuesta, pero el propósito es que el programa llegue a 5,3 millones de personas en el corto plazo y, en el largo, aumente a 13,5 millones. Según sus cálculos, y de sumarse a otras ayudas, los índices de pobreza extrema disminuirían en 7,9 puntos porcentuales.

El Centro Democrático propone que los subsidios alcancen a por lo menos 4 millones de personas y los ingresos para estas familias se dupliquen a 320.000 pesos. Actualmente, Ingreso Solidario ha llegado a más de 3 millones de ciudadanos con 160.000 pesos.

Con la renta básica que plantea la oposición, inicialmente se entregaría, durante tres meses, un salario mínimo a 9 millones de hogares, y dos meses más medio salario. A pesar de lo popular que resulta la propuesta, fue criticada por varios sectores, al calificarla de inviable desde el punto de vista fiscal. Y es que esta fórmula supone una inversión de 26 billones de pesos, es decir, 2,5 por ciento del PIB.

Luego de una reunión que denominaron ‘la cumbre social’, diez congresistas presentaron un proyecto de ley con un monto menor, pero que en el fondo representa un gasto superior: se entregarían 320.000 pesos a unas 7,5 millones de familias, cifra que podría aumentar, dependiendo del total de integrantes del hogar, hasta 480.000 pesos.

Según los cálculos de estos parlamentarios, esta propuesta costaría 37 billones de pesos; es decir, unos 3,7 puntos del PIB, aunque aclaran que integraría todos los programas sociales, como Familias en Acción o Colombia Mayor, entre otros.

“En un contexto de un año en el que tenemos un déficit fiscal, sería agregarle más gasolina a un incendio. Yo creo que hay que poner un sentido de realidad sobre propuestas que suenan muy interesantes. La primera pregunta sería: ¿cómo se financia eso? Por ahora no lo veo viable”, le dijo a SEMANA Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, sobre esta propuesta.

El senador Iván Marulanda se reunió con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y le mostró las cifras que, según sus palabras, “no asustaron” al funcionario; no obstante, aclaró que se debe revisar su viabilidad fiscal. Ambos son conscientes de que los recursos deben salir de algún lado, por lo que la solución que salta a la vista pasa por sacar adelante la reforma tributaria.

“Nosotros decimos que se necesita la reforma tributaria porque el Estado no tiene recursos para atender los programas sociales que debe desarrollar para las soluciones de la pandemia. El país está desfinanciado”, dice Marulanda.

Fedesarrollo también hizo su propuesta. Entregar 35.000 pesos mensuales a cada persona del hogar. Por ejemplo, si una vivienda es habitada por cuatro personas, recibiría un total de 140.000 pesos mensuales. El costo de esta iniciativa es de 0,6 por ciento del PIB, alrededor de unos 6 billones de pesos.

Todos los sectores concuerdan en que la solución pasa por implementar, cuanto antes, un programa de transferencia monetaria permanente, sin importar el nombre. La única salida por ahora parece ser la reforma tributaria, porque en ese proyecto se deberían concertar los montos para que el Estado lance un urgente salvavidas a los más necesitados, pero sin dejar al país desfinanciado.