NACIÓN
Superindustria impone millonaria sanción a Odebrecht por Ruta del Sol 2
La decisión cobija a Corficolombiana, Episol, a la concesionaria y a 4 personas naturales. Estos son los detalles de la sanción.
El tramo 2 de la Ruta del Sol, la megaobra que ha estado por años involucrada en los escándalos de corrupción de la firma Odebrecht, volvió a sonar este lunes en Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio anunció la imposición de una millonaria multa, que, en total, suma 295.000 millones de pesos y recae sobre varios involucrados en el caso.
Entre ellos están, la Constructora Norberto Odebrecht; Odebrecht Participaciones e Investimentos S.A; la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana); Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol); Concesionaria Ruta del Sol SAS en Liquidación (Concesionaria), y Gabriel Ignacio García Morales.
La decisión de la entidad de control atañe también a cuatro personas naturales, a quienes la SIC señala de haber “colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica”. Estas personas son: José Elías Melo Acosta, Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Yezid Arocha.
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En el documento divulgado por la SIC la entidad ratifica que hubo “un sistema restrictivo de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato ‘Ruta del Sol tramo 2′ que, en una primera fase, incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la Concesionaria y, en una segunda fase, consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del “Proyecto Ruta del Sol”.
De igual manera, el superintendente Andrés Barreto confirmó que la decisión contó con concepto favorable por unanimidad del Consejo Asesor de Competencia, celebrado el 2 de diciembre de 2020″.
Según lo señalado por la Superintendencia, la investigación fue adelantada por la Delegatura para la Protección a la Competencia y logró la colaboración de Gabriel Ignacio García Morales como delator, quien confesó y delató conductas violatorias del régimen de libre competencia económica durante la estructuración, adjudicación y ejecución del “Ruta del Sol Tramo 2”.
Adicionalmente, “la investigación pudo corroborar y apoyarse en los actos de corrupción reconocidos por Odebrecht en el Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) celebrado el 21 de diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
En dicho acuerdo se evidenció que Odebrecht desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países. Para esto creó una “División de Operaciones Estructuradas” como un departamento de soborno independiente, que reportaba sus actividades ilícitas a los más altos niveles directivos de esa empresa para obtener autorización para el pago de sobornos, a través de una compleja red de empresas fantasmas, transacciones fuera de los libros de contabilidad y cuentas bancarias en el exterior”.
De sobornos y otras ilegalidades
Lo más delicado según advierte la SIC, es que Odebrecht, Corficolombiana y Episol, una vez establecieron que Gabriel Ignacio García Morales se encontraba en una posición privilegiada que le confería la suficiente capacidad para influenciar, decidir y actuar en todas las instancias del “Proyecto Ruta del Sol”, enfilaron todos sus esfuerzos con la finalidad de sobornarlo y utilizarlo para asegurar su participación directa en el despliegue de su sistema anticompetitivo”. Con este propósito, señala el comunicado, “desplegaron una serie de reuniones ilegales y secretas para definir y concretar el acuerdo ilegal a través del pacto de una retribución económica como contraprestación de garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la concesionaria, sin ninguna presión competitiva al momento de la evaluación de su oferta económica y limitando la libre concurrencia de otros competidores”.
Una vez concretado el acuerdo con Gabriel Ignacio García Morales, Odebrecht y Corficolombiana idearon y planificaron que directamente en la ejecución del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 —a través del consorcio constructor, Consol — “se haría la división de los costos del pago de la retribución económica pactada, la cual ascendió a la suma de USD 6.500.000 y de cuyo pago inicialmente se encargó Odebrecht”.
