Navelena entra al tsunami de Odebrecht

Contrario a otras millonarias adjudicaciones de Odebrecht en Colombia, de Brasil no llegó información específica sobre irregularidades en el contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. La adjudicación de 2,5 billones de pesos y una de las obras de infraestructura más importantes del país no fue objetivo de las investigaciones de la Fiscalía en un comienzo.

Sin embargo, el creciente escándalo de Odebrecht ya involucró este proyecto. Ahora, los entes de control tienen los ojos puestos sobre esta adjudicación, que se realizó en el 2014, en la que aparecen reconocidos apellidos de la política nacional.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) irrumpió en las últimas horas en las oficinas de algunos de los funcionarios que tuvieron que ver con ese contrato, que más de dos años después de ser entregado no ha podido cumplir el cierre financiero.

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Las pistas de la entidad apuntan a que en la adjudicación se incurrió en una práctica anticompetitiva al haber una posible colusión, es decir, un pacto entre dos para lograr obtener ventaja en la licitación.

En este proceso se presentaron nueve proponentes, de los cuales al final quedaron dos consorcios: Navelena y Navega Magdalena, que tenían que presentar una propuesta económica el 26 de mayo del 2014.

La Superintendencia indaga por qué Navega Magdalena se retiró a 20 días de la puja. Y busca establecer si Odebrecht le pagó a la empresa española Acciona y a los miembros de ese consorcio para que se retiraran de la licitación. De este consorcio hacían parte además de la compañía Acciona Concesiones, la holandesa experta en dragados Jan de Nul, y las colombianas Condesa, del polémico empresario David Name Terán, y la firma Castro Tcherassi.

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El consorcio Navelena, que fue el que se ganó finalmente el contrato, esta integrado por Valorcom, de la familia Gerlein, de Atlántico, cuya participación es del 13 %, y Odebrecht con el 87 %.

El ente de control inspeccionó los computadores y la documentación de estas oficinas. También hizo lo propio en las instalaciones de quienes fueron sus competidores en el consorcio Navega Magdalena.

La delegada de investigaciones de la SIC también llegó a las oficinas en Barranquilla del exdirector de Cormagdalena, Augusto García, y de Carlos Núñez, quien para el momento fue jefe jurídico de Cormagdalena y hoy es secretario general de la Aeronáutica Civil.

La Superintendencia también busca establecer si hay relación entre el retiro del consorcio y la vinculación de la empresa española Acciona en la licitación para la construcción de la Línea uno del Metro de Quito, en la que al final salieron vencedores. Dicho contrato fue por 1.538 millones de dólares, superior en 400 millones de dólares al contrato del río Magdalena. Curiosamente, entre el 2015 y el 2017, Acciona se ganó más de 15 contratos en América Latina, pero ninguno con Odebrecht a su lado.

La pregunta de las autoridades es si Acciona se retiró del consorcio para la recuperación del río Magdalena con la promesa de ir juntos en ese y otros negocios. Hoy, el metro de Quito también está en la mira de las autoridades.

Los hallazgos de las autoridades sobre el contrato para la navegabilidad de este afluente son claves, en momentos en que está a punto de vencerse el plazo para que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decida si va a abrir un nuevo proceso de licitación. La razón es que el consorcio tiene plazo hasta el próximo 22 de febrero para lograr el cierre financiero de las obras, es decir, el respaldo de los bancos.

Consultado por Semana.com, el director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, aseguró que están evaluando la cesión del contrato a la firma Power China, la que hizo el estudio para el dragado y rectificación de la navegabilidad.
Cabe señalar que la recuperación de la navegabilidad del Magdalena es uno de los proyectos de infraestructura más esperados por años por los habitantes ribereños y por los empresarios que verían disminuido sus costos de transporte de mercancías.

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Desde hace décadas se está esperando que este proyecto se haga realidad. Por eso, después de muchos anuncios, en el 2014 se adjudicó la obra que permite intervenir cerca de 900 kilómetros con dragado y encauzamientos de orillas para facilitar la navegabilidad de barcazas que pueden transportar hasta 7.200 toneladas.

Pero con estas nuevas investigaciones las obras podrían sufrir nuevos tropiezos, hecho que tiene preocupados a empresarios que realizaron millonarias inversiones para sacarle provecho económico al río a través del transporte de mercancías.