JUSTICIA
El 'zar de la vigilancia' habría engañado hasta la Fiscalía
La Superintendencia de Industria multó con $ 26.000 millones a 7 empresas y 17 personas que hacían parte de la red que se quedó irregularmente con contratos del Estado. Desde la sombra -dice la SIC- el control lo tenía el 'zar de la vigilancia', hoy prófugo de la justicia.
Jorge Arturo Moreno Ojeda era el hombre que, oculto, manejaba los hilos de siete empresas de seguridad privada que habrían tejido acuerdos irregulares para quedarse con los contratos multimillonarios de varias de las entidades más importantes del Estado. A esa conclusión llegó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que acaba de sancionar a 7 empresas y a 17 directivos de las compañías, incluyendo a Moreno Ojeda, con multas que sumadas alcanzan los 26.031 millones de pesos.
La misma SIC fue la que puso la denuncia penal que hoy tiene acusado a Moreno, conocido como el ‘zar de la vigilancia‘, que está prófugo de la justicia desde hace siete meses y es perseguido con circular roja de Interpol en todas partes del mundo. Fuentes consultadas por Semana.com aseguran que le siguen la pista al paradero del ‘zar‘ en Estados Unidos.
En Colombia lo espera el llamado a juicio de la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y acuerdos restrictivos de la competencia. Tanto el ente investigador como la SIC le tienen listo otro paquete de contratos, con los que Moreno Ojeda se habría quedado después del 2012 acudiendo a jugadas corruptas.
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La alianza de las empresas -dice la SIC- para quedarse con los contratos estatales empezó a ponerse en evidencia en el 2011, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) alertó a la superintendencia sobre un presunto acuerdo anticompetitivo entre dos compañías. Starcoop y Guardianes se presentaron como empresas separadas a una licitación abierta por el ICBF cuando "en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio".
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Luego de esa denuncia vinieron las pesquisas. La Superintendencia empezó a analizar el comportamiento de esas dos empresas frente a otros procesos de contratación y fue entonces cuando quedó expuesta la supuesta red. Aparecieron en el radar las compañías Cobasec, Expertos, Insevig y Security Management Group. Todas acaban de ser sancionadas económicamente por la SIC, que fue hasta sus sedes y encontró documentos y comunicaciones "que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos allí mencionados".
Para la Superintendencia, las 14 entidades estatales habrían sido afectadas, entre 2009 y 2012, por esta red de empresas de vigilancia, que se habría quedado irregularmente con contratos que en conjunto superan los 70.000 millones de pesos.
Entre las afectadas están la misma Fiscalía General, Coldeportes, el Sena, la Fuerza Aérea, el Distrito de Bogotá y otras alcaldías. Para quedarse con los contratos licitados, según la SIC, se habría creado todo un sistema para "limitar la libre competencia (...) simulando ser competidores, independientes y autónomos, cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés. Sus estrategias eran coordinadas bajo la dirección y el control oculto de Jorge Arturo Moreno".
La sanción fue resuelta por José Luis Londoño Fernández, Superintendente ad-hoc, que asumió el caso luego de que Pablo Felipe Robledo tuviera que declararse impedido. Robledo, por haber sido testigo ante la Fiscalía en contra del ‘zar‘, tuvo que apartarse del caso.
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La millonaria multa fue impuesta a la empresa Guardianes, que deberá pagar 8.594 millones de pesos; Satarcoop CTA, 7.026 millones; Cobasec, 4.651 millones; Expertos, 3.850 millones; Centinel, 313 millones; Insevig Ltda., 157 millones y SMGP SA, 22 millones.
Este es considerado uno de los casos más emblemáticos de corrupción de parte de empresas privadas; hasta ahora, la investigación no ha tocado a ningún funcionario público.
La sanción, a la que le cabe recurso de reposición ante la misma SIC, también ordena el pago de parte de Moreno de 553 millones de pesos. Otros de los 17 sancionados son Martha Marleni Farías, con 232 millones, y Carlos Rafael Moreno, con 228 millones. Fuentes del SIC explicaron que dichos montos sobre los particulares son calculados con base a la declaración de renta.
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