La red que se aprovecha de las terapias para niños autistas

Son supuestos centros de salud, pero algunos no cuentan con médicos, ni con historias clínicas, no hacen seguimiento a los pacientes, no manejan guías médicas y, mucho menos, cumplen los estándares de calidad para lo que fueron creadas: atender a los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Aun así, cobran como si lo hicieran.

Eso encontró la Superintendencia de Salud en una auditoría que hizo a ocho IPS en Atlántico, Cesar, Bolívar y Bogotá. Dichas entidades, en menos de año y medio (entre 2014 y 2015), le han sacado al sistema de salud la escandalosa suma de 57.000 millones de pesos.

¿Pero qué es el TEA? Se trata de una alteración del comportamiento, especialmente infantil, que se caracteriza por un aislamiento comunicativo y emocional. Una de las formas de tratarlo es con las terapias ABA, que el Ministerio de Salud define como “un conjunto de actividades tendientes a revertir el aislamiento incapacitante y lograr la sanación del paciente”.

Sin embargo, algunas de las terapias para este síndrome no las cubre el Plan Obligatorio de Salud porque su utilidad no ha sido comprobada científicamente. Entre ellas están la musicoterapia, equinoterapia, animal terapia, intervenciones con agentes quelantes, terapia con cámaras hiperbáricas, terapia libre de gluten, terapia celular, entre otras, pero son ordenadas a través de acciones de tutelas y estarían desangrando al sistema.

De hecho, la Ley Estatutaria de Salud de 2015 estableció, en su artículo 15, que los recursos públicos de la Salud no podrán destinarse a financiar servicios o tecnologías en los que “no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica”.

Así las cosas, si bien hay tratamientos específicos para tratar este síndrome y que son cubiertos por las Empresas Promotoras de Salud (EPS), hay otros que no están contemplados en el sistema de salud. Es allí donde entraría a operar una red que tiene contra las cuerdas los recursos de este sector.

Autoridades como la Supersalud, se han dado cuenta que esto se habría convertido en un negocio redondo para personas inescrupulosas que crean IPS con el único fin de prestar específicamente estos servicios, aun cuando no cumplen los requisitos financieros, de infraestructura, personal idóneo, entre otros.

Y es que mientras una cita de una terapia física comprobada por la ciencia puede costar, en promedio, 17.000 pesos, una que no esté científicamente comprobada cuesta entre 200.000 y 300.000 pesos la sesión.

Prestar estos supuestos servicios parece ser tan rentable que, según cifras de Minsalud, mientras en el 2006 se ordenaron vía tutela 134 tratamientos con un costo de 236 millones de pesos, en el 2014 las órdenes se incrementaron a 31.186 terapias con un costo de 62.863 millones de pesos en todo el país. Las ocho entidades que más recobros hicieron al Fosyga para el pago de estas terapias, son precisamente las que auditó la Superintendencia.

“La mayoría de las terapias, que tienen evidencia científica, están incluidas en el POS. ¿Qué nos quedaba? Hacer esta investigación para comprobar, de primera mano, qué tipo de instituciones eran las que estaban prestando este servicio no POS. (...) Se comprobó claramente que estas instituciones no son prestadoras de servicios de salud”, expresó el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, a Semana.com.

Varios puntos le preocupan al funcionario. Primero, es alarmante que estas IPS hayan obtenido una habilitación por parte de las entidades territoriales (departamentos) para funcionar, aun cuando muchas no tienen, siquiera, el músculo financiero para prestar estos tratamientos.

Segundo, es curioso que estos supuestos centros de salud logren -como por arte de magia- que determinados jueces de estas ciudades direccionen a los pacientes a sus instalaciones. No a otras IPS, a estas en específico. (Lea: Los pacientes con autismo a los que les negaron sus tratamientos).

Las ‘perlas’

Y es que las instalaciones auditadas por la Superintendencia parecen más jardines escolares, que centros médicos para atender a pacientes. Tanto así, que la mayoría de los que allí trabajan son profesionales del área educativa en pre-escolar, educación especial y educación física.

Además de eso, a estas IPS -según los hallazgos- parecieran no interesarles hacer un seguimiento a los pacientes que permita verificar el avance de habilidades adaptativas, de lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades motoras, sociales y cognitivas de los usuarios.

Esto no es todo. La Superintendencia descubrió que hay terapias físicas que están dentro del POS, pero que son cobradas por las IPS al sistema de salud como terapias ABA, que no incluidas en el Plan Obligatorio.

También se encontraron con que muchos estados financieros no son confiables, pues manejan en total más de 50.000 millones de pesos, pese a que los ingresos y los egresos no corresponden.

“Esta investigación fortalecerá las denuncias que estamos haciendo a otras instancias de control para que investiguen a estas instituciones, pues aquí se tipifica algún tipo de fraude al sistema de salud”, manifestó el superintendente.

Y agregó que es necesario mirar las acciones de inspección y vigilancias de las entidades territoriales, pues son estas las que dan el visto bueno a las IPS. “Son las primeras que deberían estar verificando ese cumplimiento (…) Pregúntese, ¿cuántos otros tratamientos se podrían brindar con el dinero que se está perdiendo? Muchos.”, se cuestionó.

De tiempo atrás

El tema no es nuevo. En 2013 el Ministerio de Salud alertó al entonces superintendente de Salud, Gustavo Morales, sobre este mismo tema y le pidió que “como órgano de Inspección Vigilancia y Control, adelantara acciones de seguimientos y verificación de tales servicios, en coordinación con las Secretaría Departamentales de Salud”.

La cartera advirtió en ese momento que la ordenación de terapias ABA mediante fallos de tutela, estaban contribuyendo a generar problemas financieros en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Según el Ministerio, entre 2006 y 2013 se hicieron 45.920 recobros. El 92 % de estos, fueron ordenados por fallos de tutela y, la mayoría, ocurrieron en el 2012.

“Se analizaron los juzgados que en su fallo de tutela ordenaron la prestación de las terapias en determinada IPS, observando que de 1.430 fallos de tutela reportados, 320 son direccionados a una IPS de forma explícita, el equivalente al 22 %. Dicha situación se presenta con mayor frecuencia en Barranquilla”, alertó la investigación del Ministerio en 2013.

Allí se presentaron los mismos hallazgos que ahora encontró la Superintendencia de Salud en su más reciente auditoría. El tiempo pasa y miles de millones destinados a la salud de los colombianos se siguen perdiendo. Tal vez sea necesaria una reforma estructural que acabe, de una vez por todas, esta red que opera en todo el país y que desangra al sistema.