Supuestas falsas víctimas de las Farc se están apoderando de grandes extensiones de tierra para urbanizarlas

La denuncia en poder de SEMANA revive un fenómeno criminal que parecía sepultado en Colombia: los llamados tierreros. Estos delincuentes que se paseaban por los municipios, incluso en las ciudades, buscando terrenos, desplazando familias y vendiendo lotes con el visto bueno de fallos judiciales y la complicidad de autoridades locales. Ese mismo fenómeno aterrizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las víctimas, identificadas con los códigos 1486, 1487, 1488 y 1489, señala la denuncia, aparecen en el macrocaso 001 de la JEP. Entregaron declaraciones y les describieron a los magistrados cómo fueron secuestrados en medio del conflicto armado. Con esa acreditación llegaron a las autoridades en el Meta y lograron fallos judiciales a su favor, que terminaron dejándoles los terrenos en sus manos.

“Al revisar el texto, encontré que los códigos de las víctimas relatan hechos parecidos y que, aparentemente, tuvieron ocurrencia el 27 de octubre de 1999, en un predio denominado La Camelia, ubicado en el municipio de Villavicencio”, dijo el abogado Alejandro Carranza, en la denuncia que radicó ante la JEP y que prende las alarmas por la existencia de un verdadero cartel de tierreros.

No es un asunto de poca monta. Las pruebas dan cuenta de una posible red que se estaría aprovechando, esta vez, del tribunal transicional. Se han encontrado constancias y documentos que demostrarían que este no sería el único caso en el que supuestas víctimas logran acreditarse ante la JEP y luego llevan esa condición a los municipios para obtener medidas cautelares sobre los terrenos, que posteriormente aparecen en proyectos urbanísticos ilegales.

La denuncia

El origen de la investigación, que ahora se convirtió en una compulsa de copias de la JEP, está en una disputa legal que iniciaron los herederos de la finca La Camelia. El meollo jurídico lleva décadas en despachos judiciales. El problema es que ahora, en la mitad de esa pelea legal, están 1.500 familias.

El predio de 170 hectáreas fue vendido y luego revendido. En ese espacio se construyeron dos barrios, con familias que compraron los lotes y que ahora, de acuerdo con una orden judicial, están en riesgo de desalojo. En la Alcaldía de Villavicencio reconocieron que hay una disputa legal por el predio, pero aseguraron que las familias no serán desalojadas. Aun así, el riesgo es latente.

“No solo buscaron alianzas con grupos paramilitares, también lo hicieron con personas dedicadas a realizar construcciones ilegales, a quienes les prometieron en venta el predio La Camelia para que construyeran una urbanización denominada Bosques de la Riviera”, señala la denuncia en poder de SEMANA.

Los denunciantes le dicen a la JEP que buena parte de las declaraciones incluyen versiones de testigos que ya fueron desacreditados en otros procesos judiciales, pues justamente le mintieron a la Justicia con el único propósito de obtener descuentos punitivos o recibir pagos como retribución a las versiones que entregan.

Es el caso de Fernando Bahamón Céspedes, de quien, según el abogado Carranza, hay pruebas de su participación ilegal como testigo en otros procesos en los que sus declaraciones se convirtieron en compulsas de copias, incluso de la misma Corte Suprema, porque decía pertenecer a las Farc, pero en las investigaciones se estableció que no era así.

“Lo único cierto es que Fernando Bahamón Céspedes ha intentado a lo largo de los años pasarse como miembro de las Farc o de cualquier grupo al margen de la ley para lograr beneficios, como obtener su libertad y recibir pagos por la supuesta colaboración que brinda a las autoridades”, explica la denuncia.

Los supuestos falsos testigos entregaron su versión a la Jurisdicción Especial. Justamente, esas declaraciones fueron sumadas y presentadas en el resumen de hechos que hace menos de un mes presentaron al país en el cara a cara entre víctimas y victimarios del caso 001 de la JEP, los secuestros de las Farc.

Esas versiones argumentaron la imputación de cargos que hizo la JEP a los máximos responsables de las Farc, y ahora se ponen en duda con las evidencias que saltan en el proceso por el intento de apropiación de tierras con la excusa o el supuesto hecho de secuestro del que fueron víctimas, quienes ahora serán investigados por la Fiscalía.

Las Farc también saben

El tema no resulta ajeno para los exmiembros de las Farc que saben de las denuncias y se manifiestan preocupados por la suplantación. Aseguraron que tienen documentados al menos cuatro casos de falsas víctimas que se estarían acreditando ante la JEP con el único objetivo de obtener la condición de desplazado o desterrado para ganar pleitos locales y apoderarse de terrenos.

“Se busca de alguna manera defraudar a la justicia y por ese procedimiento hacerse a algunos terrenos. Nosotros no tenemos esas investigaciones concluidas, queremos avanzar con mucho tacto, porque están de por medio los derechos de las víctimas, pero también entendemos que hay casos de falsas víctimas”, le dijo a SEMANA Julián Gallo, senador del partido Comunes.

Gallo aseguró que mediante los abogados e investigadores trabajan en la identificación de los casos y de las falsas víctimas. Lo importante, en su criterio, es evitar que la JEP, por esa vía, termine victimizando a otras personas solo por no revisar en detalle que quienes llegan a contar hechos de violencia en el conflicto realmente son víctimas y no avispados sacando provecho de la situación.

En la JEP también reposan documentos que demostrarían, a modo de certificado, que los testigos incluidos en los procesos y que relatan hechos de violencia o secuestro con las víctimas que ahora reclaman extensiones de terreno realmente nunca pertenecieron a la guerrilla y, por tanto, lo dicho en sus declaraciones carece de veracidad.

¿Qué dice la JEP?

La denuncia tiene fecha de mayo de 2021, es decir, hace más de un año la JEP tenía conocimiento de lo ocurrido, de la presunta inclusión de falsas víctimas en estos hechos de corrupción, pero, curiosamente, solo después de que SEMANA estuvo indagando en esa jurisdicción por las denuncias, quienes las advirtieron recibieron una respuesta de la magistrada y relatora del caso 001, Julieta Lemaitre.

En dicha respuesta advierten que recibieron la información y la denuncia. Sin embargo, luego de analizarla y entender en detalle los hechos, no pueden darle trámite en la misma justicia especial por tratarse de casos ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz.

En ese orden de ideas, la magistrada Lemaitre tomó la determinación de compulsar copias para que la Fiscalía indague sobre los hechos, esto es, la conformación de un cartel de tierreros que estaría buscando pista en la JEP y que aprovecha esa condición para apoderarse de terrenos previamente identificados, que, con la complicidad de autoridades locales, terminan en manos de urbanizadores ilegales.

Lo que no queda claro en la respuesta de la magistrada es qué harán con las declaraciones de las falsas víctimas que ya están en la JEP y que sirvieron en la imputación de cargos del caso 001 en contra de los máximos responsables de las Farc. No explican si aceptan, evalúan o descartan dichas versiones, que están bajo su tutela, y ahora se convierten en instrumento del cartel de tierreros. ¿Víctimas o avispados? ¿Será la JEP capaz de desenredar ese nudo?