Supuestas irregularidades en contratos tienen en aprietos a exalcaldes de Candelaria; Fiscalía les imputó cargos

Ante un juez de Candelaria (Valle del Cauca), un fiscal de Administración Pública imputó cargos al exalcalde de Candelaria, Yonk Jairo Torres, (2016-2019); a Gustavo Adolfo Bonilla Morales, exalcalde encargado en junio de 2019, y a Daisy Aurora Rivera Gaviria, gerente y representante legal de la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y del Medio Ambiente (Corpocuencas), como presuntos coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

“Con relación al exalcalde Yonk Jairo Torres, el ente acusador investiga el contrato interadministrativo No 2031501004 suscrito con la corporación el 25 de abril de 2019, con el objeto de ‘apoyar a la Secretaria de Medio Ambiental y Desarrollo Económico para el acompañamiento en la formulación del sistema municipal de áreas protegidas (Simap) y la proyección de esquemas de pagos por servicios ambientales’”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

Por estas actividades fue pactado el pago de 145.000.000 millones de pesos, pero no se cumplieron las actividades a realizarse, según el convenio firmado. Este contrato fijó que la Alcaldía de Candelaria aportaba 130.000.000 millones de pesos y Corpocuencas 13.500.000 millones de pesos, dinero que no aparece reportado, por lo que se incumplió el propósito general del convenio.

“El 16 de mayo de 2022, Corpocuencas suscribió el contrato No 0052019 con la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible del Campo Colombiano, Fundación Biodess, con el mismo objeto del contrato 004, firmado con la alcaldía”, señaló el ente de control.

El segundo convenio interadministrativo No 2031501007 fue suscrito el 16 de junio de 2019 por el alcalde encargado Gustavo Adolfo Bonilla Morales con la corporación, representada por Daisy Aurora Rivera García, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de los predios Las Camelias, Los Pinos y Trochez, en la cuenca hidrográfico del río Frayle, afluente abastecedor del acueducto del municipio de Candelaria.

Según la Fiscalía, respecto a la ejecución de los propósitos del convenio, la Corporación tampoco cumplió con las actividades que debía ejecutar. “El 22 de julio de 2019, la corporación suscribió el contrato No 0092019 con la fundación Enlace Ambiental con el mismo objeto del convenio 007 y el valor ascendió a mil millones de pesos”, apunta el documento.

Cuatro meses después, el 29 de noviembre de 2022 se firmó la prórroga del contrato 007 y se incrementó el valor por 499.927478 pesos, pagaderos por el municipio de Candelaria, modificándose las actividades a desarrollar.

“Según el proceso penal, los mandatarios Yonk Jairo Torres y Gustavo Adolfo Bonilla Morales sabían que Corpocuencas no cumplía los requisitos necesarios para las actividades descritas en los convenidos. De manera que la corporación subcontrató el 100% de las tareas contratadas y le hizo una prórroga el 29 de noviembre de 2019 por el 50% del valor inicial, con finalización el 31 de diciembre de 2019″, agregó el oficio.

Según las evidencias recopiladas, los dos contratos no cumplían con los requisitos legales esenciales correspondientes a los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Corpocuencas no contaba con la idoneidad y/o capacidad técnica ni operativa de personal para llevar a cabo el cumplimiento de los dos contratos, a tal punto que tuvo que subcontratar en 100 % todas las obligaciones que debía cumplir.

Por el momento, se conoce que los dos exfuncionarios y la representante legal de la corporación no se allanaron a cargos.

Cabe recordar que en enero de 2021, la Fiscalía imputó cargos por presunta corrupción a Yonk Jairo Torres. Las irregularidades fueron señaladas en la contratación de la construcción de tres canchas de fútbol en los corregimientos Arenal, Poblado Campestre y Buchitolo.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad Especial con Apoyo de la Dirección Anticorrupción le imputó el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

El contrato cuestionado fue celebrado el 14 de noviembre de 2019, por un valor de 229 millones de pesos. Contempló que los escenarios deportivos tendrían una grama nueva, graderías y baterías sanitarias (baños, duchas y sanitarios) en un terreno donde no había sistema de acueducto y alcantarillado, además, se proyectó la obra para ejecutarse en un mes, esto era imposible de cumplir.

La Fiscalía constató que las obras no avanzaron en Buchitolo, entre otras, por falta de acueducto y alcantarillado. Aun así, hay evidencia de que los dineros fueron entregados en su totalidad al contratista. La cancha debía estar lista el 31 de diciembre de 2019, pero se suscribió acta de aplazamiento por falta de grama el 19 de diciembre del mismo año.