Sur de Córdoba: la guerra oculta por el territorio

Los últimos días de julio fueron una pesadilla en algunas poblaciones del sur de Córdoba. En dos hechos sucedidos en menos de dos días murieron asesinadas seis personas, varias viviendas terminaron saqueadas y más de 50 familias se desplazaron. En la vereda La Cabaña, del corregimiento Versalles, en San José de Uré, murieron Elizabeth Meléndres y Bitaliano Feria, junto a su hijo Édison Meléndres. Horas después, en la finca Villa Horizonte, del corregimiento de Puerto Colombia, aparecieron tres cadáveres, solo uno identificado, el de John Jairo Velarde Andica, de 46 años.

Las autoridades no han logrado encontrar a los responsables del hecho, aunque dicen que el primer caso lo perpetraron miembros del grupo criminal los Caparros y en el segundo se trató del Clan del Golfo. Las víctimas hacían parte de agremiaciones campesinas que en los últimos años le apuestan a sustituir cultivos, una decisión de alto riesgo en las faldas del Nudo de Paramillo, región cargada de hoja de coca y de acceso directo a corredores estratégicos del narcotráfico. En la zona, los criminales violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para intimidar a la población civil en busca de garantizar su hegemonía.

El Centro de Pensamiento UNCaribe, de la Universidad del Norte, realizó el reporte ‘La guerra ignorada en el sur de Córdoba: confrontación armada entre enero-septiembre del 2020’. El documento revela que en lo que va de 2020, los municipios del sur de Córdoba han presenciado 12 acciones bélicas y 17 infracciones al DIH, lo que representa el 28,6 por ciento de las acciones bélicas (de un total de 32) y el 4,9 por ciento de las infracciones al DIH (de un total de 37) en todo el Caribe.

“Los municipios más afectados fueron San José de Uré (47,1 por ciento de las infracciones al DIH) y Puerto Libertador (29,4 por ciento de las infracciones al DIH y 50 por ciento de las acciones bélicas)”, dice el informe. Señala que lo más común es el asesinato de defensores de derechos humanos (35,3 por ciento) y el desplazamiento forzado (23,5 por ciento). Las comunidades aseguran que viven en una constante confrontación, que muchas noches oyen el tronar de los fusiles de una guerra librada desde las montañas del norte de Antioquia pasando por el Bajo Cauca, donde el río marca la frontera entre los grupos armados.

En el territorio cuentan que han sucedido nueve combates, el asesinato de un beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el de un excombatiente, un accidente de mina antipersonal, dos masacres, dos atentados contra la población civil, cuatro desplazamientos forzados y seis asesinatos de defensores de derechos humanos.

Justo el presidente Iván Duque visitó Montelíbano esta semana y aseguró que los índices de homicidio han bajado en la región y que las Fuerzas Armadas han enfrentado las estructuras dedicadas al narcotráfico, palabras que rechazaron las comunidades campesinas. En realidad, desde hace varias semanas el Clan del Golfo ha estado repartiendo panfletos en la región, en el Urabá, el Bajo Cauca y el Caribe, en los que aseguran que su presencia no tiene reversa. Algunos temen que vuelvan esos tiempos en los que las AUC callaban a la población a punta de balas y masacres, justo ahora cuando parecía que la paz se había convertido en una realidad.