Suspenden a gobernador del Vichada por sobrecostos en contrato

La Procuraduría General de la Nación suspendió por cuatro meses al gobernador del Vichada, Álvaro León Flórez, por presuntas irregularidades en un contrato para la entrega de mercados a población vulnerable en el marco de la pandemia.

Así mismo, también fue suspendido por el término de seis meses al técnico operativo de Compras y Suministros de la Gobernación, Cicerón González García.

El contrato, firmado el pasado 3 de abril, tenía como objetivo la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales. Tenía un valor de $1.714.041.000.

"Se pudo establecer que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como el AIU (valores determinados para administración, imprevistos y utilidad), impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística, lo que generó un sobrecosto de $312.103.470, como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual", señaló la Procuraduría.

Para la Procuraduría, el gobernador no adelantó el control requerido a la actuación administrativa para disminuir y/o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional.

La falta fue calificada como grave a título de culpa grave.

Con relación a Cicerón González García, el ente de control lo halló responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por la covid-19.

Como técnico de compras no analizó ni examinó las cotizaciones para obtener un costo real de cada mercado que le permitiera validar los precios más favorables para la Gobernación y evitar efectos negativos sobre el patrimonio público de la región.

La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave. El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de los investigados.