Nación
Suspenden al alcalde de San Pablo, Nariño, por presunta participación electoral; habría ofrecido terrenos a cambio de votos
La Procuraduría también investiga a supuestos “delegados” del alcalde que estarían ofreciendo lotes a su nombre a cambio de votos para un partidario político.
La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves, 19 de octubre, la apertura de una investigación y la suspensión provisional por tres meses del alcalde de San Pablo, Nariño, Ricardo Emiro Gómez Lasso. Esta medida se toma ante la presunta participación del funcionario en actividades políticas indebidas.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto está llevando a cabo la investigación, la cual se centra en la supuesta oferta de 176 lotes para la construcción de viviendas a cambio de apoyo electoral a uno de los candidatos a la alcaldía del municipio para el período 2024-2027. Esta acción, de ser confirmada, tendría un agravante importante, ya que los terrenos supuestamente ofrecidos podrían no estar destinados para este propósito.
La Procuraduría ha señalado que el alcalde Gómez Lasso podría haber incurrido en una falta disciplinaria al utilizar su cargo para respaldar una campaña política o influir en procesos electorales.
Además de la oferta de lotes, se están investigando llamadas realizadas a los habitantes del municipio por individuos que se identificaron como “delegados” del alcalde Gómez Lasso. Estas llamadas aparentemente ofrecieron terrenos a cambio de votos a favor de uno de los candidatos a la alcaldía, una denuncia realizada por un aspirante al cargo municipal.
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La suspensión provisional del alcalde se justifica por la preocupación del Ministerio Público de que su permanencia en el cargo podría permitir la repetición de la falta, “pues mientras ostente tal calidad, podría en un nuevo evento utilizar el cargo para influir en el proceso electoral”.
La investigación también abarca audios en los que el alcalde Gómez Lasso reconoció la pendiente realización de un sorteo para determinar la ubicación de los beneficiarios del proyecto de vivienda.
El Ministerio Público destacó la importancia de garantizar “elecciones territoriales libres y justas”, especialmente en el contexto de los próximos comicios programados para el 29 de octubre, subrayando la necesidad de que se desarrollen en total cumplimiento de la Constitución y la ley.
Con la apertura de esta investigación, la Procuraduría busca verificar la conducta del alcalde, determinar si constituye una falta disciplinaria, y aclarar las circunstancias y motivos detrás de la presunta intervención en política.
Procuradora, preocupada por aumento del riesgo electoral
Precisamente, sobre este panorama, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, ha manifestado su profunda preocupación en relación con la aparente falta de atención por parte de las entidades del Gobierno nacional a los crecientes riesgos electorales en Colombia. Estos riesgos se atribuyen a la vulneración de los derechos de las comunidades y la coacción ejercida por grupos armados ilegales en el país.
Durante la presentación de un informe de seguimiento elaborado por la Defensoría del Pueblo en relación con la Alerta Temprana 030, emitida desde agosto de 2023 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la procuradora expresó su preocupación por la falta de respuesta a los llamados realizados a nivel nacional, regional y local para abordar estas amenazas por parte del Gobierno nacional.
La funcionaria hizo un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas decisivas durante los últimos 10 días previos a las elecciones. Además, recordó que la entidad llevará a cabo un análisis en colaboración con el recién creado Grupo Especial Disciplinario Electoral, compuesto por cuatro procuradores delegados, para determinar las acciones que se tomarán contra quienes no hayan atendido 11 de las 48 recomendaciones priorizadas en la etapa preelectoral y electoral de la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023.
En el seguimiento realizado se ha evidenciado un alarmante aumento en las conductas que vulneran los derechos. Mientras que entre enero y julio se registraron 173 casos, en tan solo dos meses, agosto y septiembre, se contabilizaron 204 conductas similares. Destaca que cuatro departamentos concentran el 41 % de estas acciones durante el año en curso, siendo Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca.
