“Suspender la CSIVI es una pataleta del gobierno”: Carlos Lozada

SEMANA: La carta enviada por las Farc a Naciones Unidas generó una fuerte tensión política con el Gobierno. ¿Por qué deciden enviarla?

Julián Gallo (Carlos Lozada): La reacción del Gobierno es inexplicable. La carta surgió de una serie de temas que nos preocupan. Estábamos en todo el derecho de manifestar ante Naciones Unidas la necesidad de implementar el punto del fin del conflicto derivado del acuerdo de paz que establece el desarrollo de un pacto político nacional.

SEMANA: ¿Cuáles son esos temas que les preocupan?

J.G.: El incumplimiento de los protocolos al ELN sentó un precedente muy negativo y pone en peligro eventuales negociaciones de paz en el futuro. Pero no solo eso. El argumento del gobierno es que los protocolos no los firmaron ellos. Entonces, el día de mañana, podrían decir lo mismo del acuerdo con las Farc y desconocerlo. También creemos que es irresponsable que Colombia tenga la política de inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano como Venezuela, independientemente de que a uno le guste o no Maduro, y nos preocupa el ataque permanente a la JEP así como la intención del Gobierno de extraditar a Jesús Santrich. Además, el asesinato de líderes sociales y de ex combatientes no para y el Estado no reacciona.

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SEMANA: Hoy todo el mundo habla de pactos y esa palabra ha perdido claridad. ¿En que consiste el pacto político nacional al que usted se refiere?

J.G.: En descentralizar la política y conectarse con la realidad de los territorios. Hablar con las autoridades locales, regionales, con los empresarios, con las comunidades, con los sindicatos, con las iglesias, con las Fuerzas Armadas y con la Policía. La idea es que se llegue al consenso de retirar las armas y la violencia de la política y que el Estado haga presencia, pero de manera integral, en las regiones donde se están generando todo tipo de conflictos. Si nos limitamos exclusivamente a la visión policial y militar no vamos a lograr una paz estable y duradera.

SEMANA: Existe la posibilidad de que el Gobierno objete la Ley de la JEP. En ese escenario, ¿Cual sería el plan de vuelo de su partido?

J.G.: Siempre dijimos que la JEP no necesitaba una ley estatutaria. Sin embargo, esa ley ya pasó por el tamiz de la Corte Constitucional. No firmar esa ley en este momento, u objetarla, simplemente estaría enviando una señal desde el Gobierno que refuerza la idea de querer desmantelar todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es la columna vertebral del acuerdo de La Habana.

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SEMANA: Y si eso pasa, ¿cuál sería el futuro de la JEP?

J.G.: Pues sencillamente la jurisdicción va a seguir trabajando y se pronunciará sobre la base de la Constitución, siempre y cuando no ceda a las presiones del Gobierno que quiere volverla un tribunal punitivo y no de justicia transicional.

SEMANA: Luego de la decisión del Gobierno de pararse de la mesa de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final), ¿En que queda esa comisión?

J.G.: Suspender la CSIVI es pataleta. El gobierno se paró de la mesa sin siquiera conocer el contenido de la carta. Nosotros teníamos todo el derecho de manifestar esas preocupaciones así a la ministra del Interior o al comisionado Miguel Ceballos no les guste.

SEMANA: Una de las críticas más notorias de su partido al Gobierno es que no protege a los líderes sociales como debería. ¿Qué es lo que se está haciendo mal?

J.G.: El gobierno se ha querido desmontar de su responsabilidad de garantizar la vida, no solamente de los líderes sociales o de quienes dejamos las armas, sino de toda Colombia.

SEMANA: ¿A que se refiere?

J.G.: Se demoraron mucho en reconocer la sistematicidad en los crímenes. Acá se hablaba hasta de líos de faldas. Ahora tienen la tesis de que los líderes asesinados son muchos porque el espectro de líder social es muy amplio. ¿Cómo es eso? ¿Entonces lo que importa no es a cuanta gente matan sino cómo están clasificados? Estamos hablando de vidas humanas y esto hay que abordarlo por donde debe ser.

SEMANA: Otro de los temas difíciles entre su partido y el gobierno es la posible extradición de Jesús Santrich. ¿Cómo ve usted el caso?

J.G.: Nosotros tenemos la certeza de que Santrich no puede ser extraditado. No solamente porque no existen pruebas en su contra sino por que quienes hicimos parte de las Farc-EP, debemos tener la garantía de que el hecho de habernos enfrentado al Estado norteamericano que estuvo aquí, porque Colombia renunció a su soberanía, no nos signifique ahora una extradición.

SEMANA: A muchos les preocupa el distanciamiento de El Paisa y de Márquez con la dirección de su partido. ¿Usted los ve volviendo? La sensación general es que van a quedarse en la selva…

J.G.: Más allá de si van a volver o no, ahí debo partir de lo que ellos han dicho para no caer en especulaciones. Ellos dicen que continúan trabajando por la paz y haciendo uso de su derecho de comparecer ante la JEP por medio de un apoderado. Nosotros, por nuestra parte, creemos que los dirigentes del partido debemos estar aquí dando la pelea para defender la implementación al lado de los integrantes de nuestra base. Esa base que está llevando sobre sus hombros la implementación en los espacios territoriales a pesar de los incumplimientos del Gobierno. Es que si el acuerdo se incumple no se le está incumpliendo a las Farc sino a Colombia.

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SEMANA: A usted se le ve muy cómodo en las aguas de la política. Si se enreda el futuro de la JEP, ¿pensaría en dejar su nueva vida y tomar el camino que han elegido Márquez y El Paisa?

J.G.: ¡De ninguna manera! Y no solo lo pienso yo sino toda la dirección de mi partido. Como le digo, aquí se le estaría incumpliendo a toda Colombia, nuestra labor es estar poniendo el pecho por la implementación y defendiendo nuestras ideas y nuestras causas sociales. Es ahí donde tenemos diferencias con Iván Marquez y con otros compañeros que se separaron de la lucha por la implementación.

SEMANA: En las pasadas elecciones les fue muy mal. ¿Cómo se están preparando para las que vienen?

J.G.: En las elecciones pasadas estábamos en una situación muy precaria. Hoy en día la cosa es distinta. Nuestra presencia en el Congreso de alguna manera nos permite tener una visión mucho más objetiva de las condiciones. Ya hemos ido adquiriendo la estructura de partido. Hemos estructurado consejos de dirección departamental en 24 departamentos y sobre esa base hemos construido lo que serán los lineamientos políticos.

SEMANA: ¿Cuales serán esos lineamientos?

J.G.: La lucha por la paz, la vida y la democracia. Estamos construyendo propuestas políticas para los municipios y departamentos que no se se limiten exclusivamente a los partidos sino también a las organizaciones sociales y a movimientos de opinión ciudadana. Vamos a construir convergencias para definir las precandidaturas.