Tambalea el caso Aquarela en Cartagena

El caso por el proyecto inmobiliario Aquarela, ubicado en un privilegiado sector de Cartagena, a pocas cuadras del castillo de San Felipe, sigue dando sorpresas. Cuando todo indicaba que los responsables de poner a andar la construcción de cinco torres de apartamentos de interés social iban a ser procesados y privados de la libertad, el juez noveno penal municipal con funciones de control de garantías tomó la decisión de dejarlos en libertad. 

Por solicitud de la Fiscalía, Lucas Tamayo, representante legal de la constructora; el arquitecto Claudio Restrepo, y el curador urbano No. 1 de Cartagena, Ronald Llamas, habían resultado detenidos hace un par de semana. Los dos primeros fueron presentados ante un juez bajo los cargos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales. El tercero, el curador, afronta cargos de prevaricato por acción y urbanización ilegal, según la Fiscalía, porque habría expedido las licencias para la construcción de las cinco primeras torres, con capacidad para 940 apartamentos, sin tener en cuenta la afectación al patrimonio histórico, cultural y ambiental.

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Sin embargo, los cuestionamientos del ente investigador fueron puestos en duda por el juez, que este lunes decidió de fondo sobre la petición de mandarlos a la cárcel. El funcionario judicial cuestionó los argumentos centrales de la Fiscalía y aseguró en uno de sus apartes que se trató de una "imputación infundada". Para el funcionario judicial los actos administrativos que expidió el curador se hicieron con pleno conocimiento de la normatividad vigente y las reglas que para ese momento contemplaba el Plan de Ordenamiento Territorial.

En el caso de los constructores, el juez asegura que actuaron amparados en la concesión de una licencia que les fue otorgada de manera legal. Frente a los cargos por daño al medio ambiente, el juzgado aseguró que las afectaciones -como el desplazamiento de las aves- eran una valoración que estaba en el terreno hipotético o especulativo y que en este tipo de proyectos siempre habrá un precio que el ecosistema termina pagando. 

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La Fiscalía apeló la decisión del juzgado. Desde el comienzo, el Ministerio de Cultura y la Procuraduría se opusieron a la continuidad del proyecto argumentando que se trata de una construcción que perturba el patrimonio histórico de Cartagena. En una acción popular que sigue su trámite, las autoridades argumentaron la contaminación visual que generaba, así como la perturbación al espacio público lo cual vulneraba el derecho fundamental a un ambiente sano. Desde ese momento, el Ministerio Público hizo públicas sus sospechas alrededor de que apartamentos de interés social en realidad terminaron siendo obtenidos por personas con mayor poder adquisitivo. 

El Ministerio Público retiró la apelación que en principio había planteado. “Nunca es tarde para caer en la cuenta de los errores, la Procuraduría al parecer hizo un acto de reflexión y se dio cuenta que es un proceso en el que no existe fundamento”, aseguró Felipe Pinilla, abogado que defiende los intereses de la constructora. 

Pese a los reparos del juzgado, los tres implicados seguirán respondiendo de cara a un proceso penal, sin embargo, lo harán en plena libertad. Actualmente la construcción del proyecto está paralizada, no obstante se alcanzó a avanzar con el levantamiento de la primera torre, razón por la cual los más de 900 compradores del proyecto están en la incertidumbre de qué les deparará el futuro.