¿Se desmoronan las pruebas en el caso Pizano?

A la incertidumbre que rodea las muertes de Jorge Enrique Pizano y de su hijo Alejandro, se acaba de sumar un traspié que podría tener consecuencias sensibles en la investigación. Este viernes, ante el juez penal municipal de El Rosal, la Fiscalía solicitó la legalización de importante material probatorio recaudado durante una diligencia a la finca El Ático, de propiedad de los Pizano. 

En el listado de evidencias recolectadas estaba el tarro de cianuro, así como equipos electrónicos incautados y el celular de Jorge Enrique. 

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Lo que a estas alturas no se logra explicar la Procuraduría es por qué, si el material se recogió entre los días 17 y 18 de noviembre, la audiencia en la que se pretendía legalizar los elementos recopilados solo se llevó a cabo el día 23 noviembre, es decir, cinco días después. El cuestionamiento del Ministerio Público, que fue acogido por el juez municipal, radica en que la ley le ortorga a la Fiscalía 36 horas para legalizar las evidencias y esta, a pesar de la sensibilidad del caso, no se cumplió dentro de ese plazo. 

Por ello, ante la evidente tardanza, la Procuraduría se opuso y el planteamiento fue avalado por el juez; inmediatamente se presentó la apelación por parte de la Fiscalía. 

Tras ser analizadas las muestras por Medicina Legal, la Fiscalía reveló la semana pasada que el tarro de cianuro tenía las huellas de Jorge Enrique Pizano, y que están a la espera de hallar material probatorio que demuestre quién hizo la compra. También ha hecho públicos otros detalles del avance de las investigaciones, como las muestras tomadas en el baño auxiliar donde fue hallado el veneno. 

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No obstante, lo que acaba de ocurrir en El Rosal además de empañar la investigación puede generar graves efectos en la misma, ya que de no ser reversada la decisión del juez de El Rosal, ninguna de las evidencias podría ser tenida en cuenta. SEMANA consultó a la Fiscalía sobre la situación de las evidencias recolectadas en la casa de los Pizano y el ente investigador aseguró que está revisando y organizando un pronunciamiento que se dará en las próximas horas.

María Jimena Duzán, en su columna de este domingo en esta revista cuestionó la inspección a través de la cual la Fiscalía obtuvo los discos duros en los que presuntamente está el cúmulo de la información con que Pizano puso contra la pared al fiscal Néstor Humberto Martínez, dando cuenta con grabaciones que desde 2015 este sabía sobre las irregularidades que se presentaban en el proyecto Ruta del Sol II, desarrollado por Odebrecht como socio principal y Grupo Aval, a través de Episol, como socio minoritario. "El fiscal general terminó investigando la muerte de quien antes de morir lo señaló de querer montarle un proceso con falsos testigos por otro contrato de Odebrecht para presentarlo como un corrupto y poder así demeritar la validez de sus denuncias que hoy, repito, lo tienen contra las cuerdas".

Y agregó la columnista: "La entrega de esos discos duros y celulares se hizo de manera voluntaria, como me lo confirmó la misma familia, quien accedió a entregar ese material con el propósito de que la Fiscalía tuviera acceso a todo lo que su padre estaba haciendo por sacar la verdad del escándalo de Odebrecht y para demostrar que había ido a pedir ayuda de la justicia norteamericana porque temía por su vida".

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Juristas consultados por este portal explican que aun cuando el material haya sido entregado de forma voluntaria por los dolientes de Pizano, si esta recolección ocurrió dentro de una diligencia de allanamiento o registro voluntario debe ser oportunamente legalizada ante un juez de garantías. Precisamente, esto último fue lo que no ocurrió y se espera al respecto una aclaración de la Fiscalía en las próximas horas.