La estocada del ministro Cristo a la Fiesta Brava

Las corridas de toros, las novilladas y el rejoneo podrían convertirse en asunto del pasado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dejó en manos del Congreso esa decisión, al presentar un proyecto de ley que, de ser aprobado, prohíbe  de forma inmediata los espectáculos taurinos en todo el país.

Cristo se había comprometido con este proyecto desde el pasado mes de enero, cuando, con ocasión del regreso de las corridas de toros a la plaza de Santamaría de Bogotá, el debate sobre la prohibición de la fiesta brava se calentó a tal punto que en la primera tarde de la temporada se registraron desmanes que alteraron el orden público en la capital.

Frente al debate, el gobierno tomó partido y se abanderó de la que es una de las principales causas del movimiento animalista. Y luego de la sentencia de la Corte Constitucional, que dio un plazo de dos años al Congreso para legislar hacia la eliminación de las corridas de toros, el ministro Cristo presentó el anunciado proyecto, que según dijo, fue concertado con las organizaciones animalistas y con senadores que en ocasiones anteriores han presentado proyectos similares, caso de Armando Benedetti (la U), Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) y Guillermo García Realpe.

“Lo que quiere el gobierno es dar un paso adelante para que en el Congreso se dé una discusión amplia sobre la materia, con un tiempo suficiente,  y no esperar que se vaya a cumplir el plazo de los dos años señalado por la Corte Constitucional para presentar un proyecto a las carreras”, explicó Cristo.

La fórmula con la que el ministro Cristo propone darle la estocada definitiva a la Fiesta Brava en Colombia es sencilla. Plantea eliminar las expresiones “rejoneo, corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas”, contenidas en la Ley 84 de 1989, estatuto de protección animal, que contiene las actuales excepciones a los espectáculos taurinos, así como al coleo, las riñas de gallos y la pesca deportiva.

Así mismo Cristo propone derogar la Ley 916 del 2004, la misma que el Partido Liberal acompañó cuando era senador, y en la que se reglamentan todos los espectáculos taurinos en el país.

El proyecto del gobierno difiere con otras iniciativas que se han presentado en el Congreso, por ejemplo la del senador Galán, que en un proyecto respaldado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso eliminar la pica, las banderillas y la muerte del toro en el ruedo, y solo admitir corridas incruentas.

La otra iniciativa era del senador García Realpe, que en un proyecto propuso prohibir el ingreso de menores de edad a las corridas de toros. Ninguno de los dos tuvo un solo debate.  

El proyecto del ministro Cristo le da un término de seis meses, desde el momento en convertirse en ley, a las entidades territoriales y al gobierno nacional para presentar un plan de atención y una propuesta con nuevas actividades económicas y culturales si se requiere, para que las personas que se dedican a la actividad taurina, cuenten con programas de sustitución e integración laboral.

Seguramente esta disposición será rechazada por toreros y ganaderos quienes ahora tendrán que ir de la arena de la plaza al mármol del Congreso a defender la práctica de los espectáculos taurinos.

Lo particular del caso es que la sentencia de la Corte Constitucional en la que dio un plazo de dos años para proscribir los espectáculos con animales, vinculaba al coleo y las riñas de gallos, arraigadas en varias regiones del país. Al excluirlas del proyecto, el gobierno confía en tener las mayorías suficientes para aprobar la prohibición de los toros.  

Mientras se alistan las ponencias y se programan los debates en el Congreso, la discusión sobre la fiesta brava podría tener otros capítulos en la Corte Constitucional.

Allí se tramita una solicitud de nulidad a la sentencia de febrero, Felipe Negret, empresario de la plaza de toros de Santamaría, lo interpuso, argumentando entre otras la tesis del precedente judicial, pues desde hace seis años habían sido hasta cuatro las sentencias que protegían las corridas de toros.

Como la Corte Constitucional tiene nuevos integrantes, podría producirse una decisión en otro sentido. De hecho en la audiencia pública en el Senado a varios candidatos se les preguntó por este tema.

El debate sobre la Fiesta Brava vuelve a encenderse y es probable que pueda ser asunto de la agenda pública en un año electoral. Para el gobierno y los animalistas las corridas de toros pueden acercarse a su final, mientras que los taurinos se les agotan los escenarios para defender esta actividad que consideran arte y tradición cultural.