Taxis vs Uber: Carrera sin destino

El debate en torno a la salida de Uber del mercado colombiano continúa encendido. Tras el anuncio, la semana pasada se empezó a decantar la situación y la forma en que se enfrentará a futuro. La pregunta es si será suficiente y a tiempo.

El lunes 13 de enero, por primera vez, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el caso. Aseguró que no se trata de afectar la tecnología, sino de lograr una igualdad de condiciones en la prestación del servicio. Dijo que no se puede permitir la competencia desleal y que el Gobierno trabajará para buscar un país donde “la cancha esté equiparada”. Esto abrió las puertas a una eventual reglamentación, que posteriormente anunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Ella aseguró que iniciarán conversaciones con empresas y usuarios para llevar al Congreso de la República una reforma que, por fin, de un alivio a las plataformas de transporte que operan en el país. Resaltó que no esperaron a que saliera Uber para reaccionar y que en la cartera han dado pasos para llegar a este punto, como por ejemplo más de 700 mesas de negociación en las que, paradójicamente, brillaron por su ausencia las plataformas. 

Entretanto, el Gobierno respaldará el proyecto de ley –enfocado en transporte– presentado por los representantes a la Cámara Mauricio Toro (Alianza Verde) y Edwin Ballesteros (Centro Democrático). Con ellos han tenido una serie de reuniones para evaluar la propuesta. 

En el proyecto de ley 292 se destacan la primacía de los derechos de los pasajeros, pues obliga a las plataformas a cumplir los mismos requisitos que los taxis en temas de seguros de daños y de todo riesgo por accidente. También sobresale el desarrollo de un mecanismo que le permita a los taxis que adopten medios tecnológicos cobrar una tarifa dinámica. Y que las empresas tipo Uber pagarán impuesto de renta. 

No solo esta propuesta cursa en el Congreso. Los senadores Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) unieron fuerzas para sacar adelante un proyecto enfocado en el aspecto laboral de las plataformas de economía colaborativa. La iniciativa, que Lara viene trabajando desde hace varios años, crea la figura de trabajador autónomo pero económicamente dependiente. No tiene vínculo de permanencia ni estabilidad, sin embargo, le pagan la mitad del aporte de salud y pensiones. Y si hay transporte, debe pagar una póliza. También incluye el pago del impuesto de renta y la destinación de un porcentaje para compensar los cupos de los taxis.

Este, apenas el primer paso, tendrá que esperar al menos hasta marzo, cuando empiece el trabajo en el Congreso para su discusión. No obstante, los taxistas en principio no están de acuerdo con las iniciativas que se han llevado al Congreso.

Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, aseguró que mediante ley ordinaria no se puede promover el servicio que prestan estas aplicaciones, ya que va en contravía de una ley estatutaria y de un servicio incluido en la Constitución. Para el líder gremial, podrían arreglar la situación si Uber se acogiera a la normatividad vigente que da vía libre al uso de plataformas en el país, como la Ley 1753 de 2015, el Decreto 2297 de 2015 y la Resolución 2163 de 2016. “Ya 25 aplicaciones cumplieron la ley, entre ellas Mi Águila; Uber quiere una ley ‘sastre’ a la medida”, dijo. 

Por su parte, Eduardo Hernández, presidente de Fenaltax, en diálogo con SEMANA hizo una serie de reparos al proyecto. Aseguró que solicitarán su retiro y en esas condiciones entablarán una conversación para concretar un verdadero proyecto de ley que recoja las necesidades del sector de taxis. 

Para Hernández, aprobar el proyecto liderado por los representantes Toro y Ballesteros, tal y como está, generaría “un desorden total” del sistema de transporte, pues no existiría control de rutas, horarios y tarifas, así como de las actividades contables y financieras de las plataformas que tienen su base en el exterior. Según él, tampoco brindaría las condiciones de seguridad y calidad del servicio a los usuarios.

Los dos líderes del gremio amarillo también llamaron la atención sobre el tema de los cupos. Aseguraron que aunque la propuesta los modifique, llegaría un punto en el que las entidades distritales tendrán que adoptarlos nuevamente para evitar la congestión en las vías del país. Ahí el debate sigue todavía estacionado.

La sorpresa

Pero no ha sido el único escenario de controversia: los temas jurídicos y de competencia también han llamado la atención de los expertos. Y el caso de Uber ha sido emblemático. Su desarrollo ejemplifica las tensiones: el 20 de diciembre la SIC dio a conocer el fallo expedido por su delegatura jurisdiccional, que ordenó suspender las operaciones de Uber en desarrollo de una demanda presentada por Cotech (Taxis Libres) en 2016. El juez tomó la decisión, en primera instancia, luego de determinar que Uber había incurrido en competencia desleal, pues al prestar un servicio de transporte sin cumplir con el marco jurídico, estaba en el mercado con una serie de ventajas sobre sus competidores. 

La orden exige a la compañía suspender sus actividades de manera inmediata en tres modalidades: Uber, Uber X y Uber Van. Y también ordena a los operadores de servicios de internet, en un plazo de 31 días, desconectar la aplicación. 

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aclaró que las decisiones tomadas por el juez, que Uber apeló, están basadas en el marco normativo actual y el vacío jurídico que en más de cinco años el país no ha podido aclarar. Incluso el superintendente, en diálogo con SEMANA, afirmó que desde el primer día en su cargo advirtió al Gobierno el lío jurídico que traería la falta de claridad sobre el servicio de este tipo de plataformas. 

Uber consideró arbitraria la medida, ya que “va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y los derechos constitucionales”. Y anunció una demanda internacional, amparada en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que incluye la protección a la inversión. Por ahora, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá en sus manos resolver el asunto.

Sin embargo, la discusión jurídica no ha terminado. Varios abogados le explicaron a SEMANA que era difícil para la SIC no tomar una decisión jurisdiccional contra Uber porque en la Ley 336 de 1996, para el sector de transporte no hay ninguna definición legal que le permita acceder a ese marco normativo.

Pero la determinación sorprendió, pues precisamente la SIC debe preservar la competencia, y acá decidió suspender las operaciones y desconectar las aplicaciones. De ese modo le cerró a Uber las puertas del mercado, antes que exigirle cumplir las normas vigentes y adecuarse al régimen legal. Es más, para algunos, incluso si se logra reglamentar en el futuro y cambiar las normas, jurídicamente el regreso de Uber a Colombia podría ser muy complejo.

“Lo de fondo es que la SIC, que tiene un mandato según el estatuto del consumidor, prefirió defender un monopolio que pensar en el usuario y en el consumidor. Y eso puede cambiar la tendencia hacia el futuro en el país porque el fallo va contra la doctrina que permite la competencia y evita que el monopolio se perpetúe, en beneficio del consumidor”, explicó el exministro de las TIC David Luna.

Además, Cotech, la demandante, según su representante legal en el interrogatorio, no es una empresa de transporte. En ese escenario, algunos abogados preguntan por la afectación, si parece estar en las mismas condiciones de Uber.

También hay un nuevo escenario en este galimatías jurídico. Ante la demanda internacional que plantea Uber contra Colombia, podría argumentar un trato injusto e inequitativo.

Y finalmente, para muchos la demanda ya prescribió, pues la ley establece que las conductas de competencia desleal prescriben en los dos años siguientes al conocimiento de esas conductas. Esta discusión lleva más de cinco años y los taxistas vienen alegando la ilegalidad desde el comienzo.

Así mismo, la orden a las empresas de telecomunicaciones de bloquear la aplicación de sus redes encierra otra complejidad para dejar por fuera tres de siete servicios de Uber. Esta no es una decisión sencilla porque la ley de neutralidad de red, fundamental para quienes apoyan las plataformas y los desarrollos tecnológicos, permite que los contenidos viajen libremente por internet. Eso, salvo que la legislación en algunas situaciones lo restrinja, como en la pornografía infantil –y este no es el caso–, habría que modificar la ley.

Pero el sentido del fallo también ha dado pie para la suspicacia política, pues salió apenas un mes después del inicio de las jornadas de protesta. Varios protagonistas del sector de transporte, entre ellos los taxistas, afirmaron que no irían a paro porque el Gobierno se había comprometido a apoyarlos contra las plataformas.

Esta situación puede generar mayores tensiones. Ospina, líder del gremio de taxistas, ha manifestado que tras el fallo, irán por otras aplicaciones, como Cabify, Beat o Didi, y hasta por los servicios de patinetas eléctricas que hoy funcionan en algunas ciudades. La gran preocupación es que ahora, cuando empezarán nuevamente las jornadas de marchas y protestas, estos temas se conviertan en un nuevo escenario de presión para el Gobierno.