Temístocles Ortega, un candidato al Senado por Cambio Radical es acusado por la Procuraduría

A Temístocles Ortega nada lo detiene en su campaña política. Pese a que el nombre de este exgobernador del Cauca ha estado relacionado con algunos de los más sonados casos de corrupción, ha recorrido su departamento pidiendo el voto de sus paisanos para representarlos en el Senado. Lo hace, incluso, con discursos muy sugestivos.

En su más reciente aparición, en la clausura de su campaña en el municipio de Rosas, Temístocles se refirió a quienes lo traicionaron con el voto como "un poco de hijueputas entregados por un peso a unos politiqueros". Sus palabras provocaron una división de opiniones. Unos chiflaron, pero fueron más los que aplaudieron. Algo que demuestra que la candidatura del exgobernador y exmagistrado de la Judicatura enciende pasiones en su departamento. 

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Sin embargo, a menos de cuatro días para la jornada en las urnas, una noticia volvió a generar sombras sobre la candidatura de Temístocles. La Procuraduría anunció un pliego de cargos en su contra, que aunque parezca menos importante que otros procesos por los que ha tenido que responder, podría dañarle sus aspiraciones. 

Según el ente de control, Ortega Narváez suscribió al parecer de manera irregular un acto administrativo que echó para atrás la compra de computadores, tabletas y otros equipos electrónicos por un valor cercano a los 400 millones de pesos. Según la gobernación, se hizo por el cambio de precio del contrato por variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). 

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Pero según la Procuraduría, la revocatoria del acto de apertura se dio con fundamento en razones al parecer injustificadas y pese a que para esa fecha se encontraba habilitado un proponente. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

Mientras esta investigación avanza, otra que se ha llevado muchos titulares de prensa sigue viva en la Fiscalía General de la Nación. Se trata del expediente que busca establecer si el mandatario regional desvió dineros públicos para elegir a su sucesor y amigo, Óscar Campo en la gobernación.

Este caso estaba en el despacho del fiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín, quien fue declarado insubsistente en medio del escándalo por la corrupción que permeó la cúpula de la justicia. El defensor de Ortega en este caso fue Eduardo Saavedra, exdirector del CTI Bogotá, que trabajaba en la oficina de abogados del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos.  

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