“Tenemos información de la presencia en el Cauca del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”: las revelaciones del defensor del pueblo

Cauca y la frontera con Venezuela viven una actualidad donde la violencia tiene acorralada a las comunidades. Precisamente, esas son preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y por las que invita a todas las autoridades e instituciones del país para realizar un trabajo unido.

SEMANA: El país ha vivido un duro recrudecimiento de la violencia. Específicamente se sienten dos frentes abiertos: uno en la frontera y otro en el Cauca. ¿Cómo se explica esto?

Carlos Camargo: Desde la Defensoría del Pueblo hemos insistido en que las expresiones y dinámicas violentas de los grupos armados ilegales en las regiones tienen connotaciones diversas, asociadas a las condiciones de vulnerabilidad de cada territorio. No obstante, hemos observado elementos característicos comunes en los escenarios de riesgo en el país que están relacionados con el control de territorio y de rutas que alimentan la operación criminal y financiación de diferentes grupos armados ilegales, fundamentado en el maridaje perverso entre cultivos ilícitos, narcotráfico y economías ilegales como el contrabando y la minería.

Reconociendo que el Gobierno Nacional ha adoptado importantes medidas para enfrentar las demandas en seguridad que se generan ante al riesgo en esos territorios, hoy más que nunca, la necesidad de aunar esfuerzos entre las entidades del orden nacional y regional para desplegar acciones integrales que permitan el goce efectivo de los derechos de las comunidades, es imprescindible. Ningún esfuerzo es excesivo cuando se trata de proteger la vida y derechos de nuestra gente. En eso no podemos equivocarnos .

SEMANA: Comencemos por el Cauca. ¿Cuántas alertas tempranas han emitido este año en el Cauca? ¿Qué nuevos fenómenos de violencia han detectado en el Cauca?

C.C: Desde la entrada en vigor del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo se ha movilizado cumpliendo con su mandato constitucional, emitiendo un total de 16 Alertas Tempranas que han advertido escenarios de riesgo en el departamento del Cauca.

Cómo le decía anteriormente, la disputa por el control territorial que sostiene la economía de los grupos armados ilegales con presencia en este departamento como las facciones disidentes de las extintas FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otros grupos narcotraficantes de crimen organizado; ha conllevado a gravísimas conductas vulneratorias de los derechos humanos que se mantienen y recrudecen en el tiempo como la contaminación con minas antipersona, el reclutamiento y desplazamiento forzado, la mezquina utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, atentados contra la sociedad civil, microtráfico, contrabando, etc. Desde la Defensoría hemos denunciado esas acciones delictivas frente a la comunidad internacional, para evidenciar el actuar ruin de esos grupos criminales frente a nuestros jóvenes, niños y niñas.

Debemos entender que la violencia, a medida que es perseguida, encuentra maneras de reinventarse y que nuestro papel es estar en territorio, denunciando, entendiendo las realidades locales directamente, sin pasar por alto ninguna alerta inminente ni cualquier posible amenaza a los derechos de nuestra población.

SEMANA: Los indígenas del Cauca han vivido lo que muchos llaman un genocidio. Más de 200 han sido asesinados. ¿Qué pasa allí?

C.C: Acá no hay otra respuesta diferente a la dinámica perversa del control territorial que financia los grupos delincuenciales y potencia las economías ilegales. Hoy el accionar de los grupos armados ilegales en el departamento del Cauca, se percibe con mayor intensidad en las zonas rurales del departamento en donde habitan las comunidades étnicas (particularmente las comunidades que pertenecen a los pueblos Nasa, Misak y Eperara Siapidara), y que coinciden con rutas de procesamiento, y comercialización del narcotráfico.

Estas afectaciones a los pueblos indígenas, como ocupaciones violentas de sus territorios ancestrales, los homicidios de sus líderes y autoridades que impactan en su pervivencia como comunidades y pueblos étnicos, los actos violentos contra sus guardias indígenas, el reclutamiento forzado de sus niños, niñas y adolescentes o los accidentes con minas antipersona; constituyen una de las principales vulneraciones a derechos humanos advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas. Desde la Defensoría hemos denunciado estos hechos y estamos vigilantes porque sabemos que es necesario fortalecer la presencia del Estado para reaccionar oportunamente y activar todo el dispositivo de protección y garantía de derechos de manera eficaz .

SEMANA: ¿Hay presencia de cárteles mexicanos en el Cauca?

C.C: Desde el monitoreo humanitario que venimos adelantando en la Defensoría hemos obtenido información que da cuenta de la presencia de algunos grupos transnacionales de crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con actividades criminales y de narcotráfico que se despliegan aparentemente en territorios del norte del Cauca y la Costa Pacífica caucana, particularmente en aquellos circundantes a las rutas de movilidad para la producción, transformación y comercialización del narcotráfico.

Nuestro sistema de monitoreo, nos ha permitido observar el despliegue criminal de las facciones disidentes que se han agrupado en el denominado Comando Coordinador de Occidente, presuntamente cercanas a las instrucciones de alias ‘Gentil Duarte’, que mantienen disputas por el control territorial con otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y diversas estructuras de crimen organizado. A esta dinámica se suma la Segunda Marquetalia cuya presencia se ha denunciado en algunas zonas del Cauca.

SEMANA: La frontera es otro problema latente. Usted ha estado muy al frente de la situación humanitaria que se vive en Apure. ¿Cuál es la dimensión de esa tragedia?

C.C: Lo que hoy vivimos en la frontera, se trata de una verdadera emergencia humanitaria. Casi 5.000 personas han llegado hasta hoy como resultado de la migración forzada a causa de los efectos que en esa población civil han tenido las acciones de combate al otro lado de la frontera. Hablamos de más de mil niños, centenares de ancianos, personas con necesidad de medicamentos, familias que abandonaron sus casas y todos sus bienes para proteger su vida.

SEMANA: ¿Qué acciones se están tomando para controlar esa situación en términos humanitarios?

C.C: En la frontera hay un despliegue muy amplio de la institucionalidad colombiana para la atención de la emergencia y en particular de las agencias internacionales relacionadas con migración y refugiados. Estos esfuerzos colectivos han permitido que estas familias estén en albergues, cuenten con atención básica y se esté adelantando su caracterización para atender sus mayores necesidades. Desde la Defensoría solicitamos la declaratoria de calamidad pública en el departamento, lo que facilita al Gobierno Nacional y departamental dirigir recursos y capacidades técnicas para la atención de esta población. La pandemia ha encrudecido lo difícil de la situación.

Lo más importante para la Defensoría del Pueblo es que tras la pandemia empiece a darse la reactivación económica con esfuerzos comprometidos de toda la institucionalidad estatal, que cesen las acciones violentas y que se garantice el respeto de los DDHH de la población migrante y de los ciudadanos del territorio para que puedan retornar a sus territorios.

SEMANA: ¿Qué tanto complejiza la intervención de Nicolás Maduro ese problema?

C.C: El foco de trabajo de la Defensoría del Pueblo es la atención de la población víctima. Y en esa población es que nos concentramos.

SEMANA: Muchos ven en el tema de la frontera un verdadero polvorín. ¿Cuáles han sido sus advertencias?

C.C: Para la Defensoría del Pueblo las 5.000 personas en situación de migración forzada, representan una crisis humanitaria de gran intensidad, fruto de graves violaciones al DIH, según los hechos que ellos mismos han narrado al equipo de la entidad que está en territorio. Desde nuestra institución hemos activado los mecanismos para alertar a la Comunidad Internacional para que intervengan frente a estos hechos violatorios de los derechos humanos y logre generar una estabilización de la situación al otro lado de la frontera. Por otro lado, la otra gran preocupación por parte de la Defensoría, es la atención de la crítica situación migrante que debe ajustarse a criterios de dignidad y que además de generar condiciones para la atención de urgencia, debe buscar contribuir con generar la estabilización de las condiciones que permitan el retorno de esta población a su territorio.