Tensión ambiental: urgen que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú

Colombia es el país más inseguro para los defensores de la naturaleza. Según la ONG británica Global Witness, de los 212 protectores de la tierra y del medioambiente que fueron asesinados en 2019 en el mundo, 64 eran colombianos.

Aunque las cifras son contundentes, el país sigue sin ratificar el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca proteger los derechos de quienes se juegan la vida por el cuidado y conservación de los recursos naturales. El pacto entró en vigencia el pasado 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, luego de que 12 países lo ratificaran, mientras que en Colombia el proyecto de ley, que el Gobierno radicó con mensaje de urgencia en julio del año pasado, para obtener el visto bueno de dicho trámite, está engavetado en el Congreso.

Ante esta realidad, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada le pidió al presidente Iván Duque que envíe mensaje de insistencia a las Comisiones Segundas de Senado y Cámara para que, de manera inmediata, se debata la iniciativa, pues considera clave que en el país existan mecanismos vinculantes para proteger a los defensores del medioambiente.

Vanessa Torres, subidrectora de la organización Ambiente y Sociedad Colombia, ONG miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, dice que además de las lamentables cifras de Global Witness, hay que tener en cuenta los más recientes informes de la Organización Indepac en torno a las masacres que se han cometido este año en el país, las cuales suman 29.

“Es importante recordar que estas masacres se están desarrollando en territorios ambientalmente estratégicos como Cauca, Nariño y Caquetá, lo que sin duda es un llamado urgente para la protección”. Como si esto fuera poco, Torres asegura que en el país existe un déficit en materia de participación ciudadana, pues los mecanismos existentes han perdido vinculatoriedad como el caso de la consulta popular.

En este proceso, son muchas las fuerzas que han expresado abiertamente que Colombia no requiere de este acuerdo, mientras que el Gobierno, según ambientalistas y académicos, hace oídos sordos a las peticiones de quienes consideran que es un tratado clave en un país que no defiende a los líderes ambientales.

La discusión del Acuerdo de Escazú ha generado tensiones con los gremios económicos, que consideran que su contenido puede prestarse, en algunos casos, para interpretaciones que generarían problemas desde el punto de vista de seguridad jurídica y en el desarrollo de proyectos productivos.

Según Vanessa Torres, Colombia es unos de los países con mayor cantidad de conflictos socioambientales, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. “Somos el segundo en América Latina y a nivel global ocupamos el quinto puesto”, dice.

Explica que las principales razones por las que se generan estos conflictos están relacionadas con la dificultad de las comunidades para acceder a información técnica sobre proyectos que van a llegar a un territorio.

Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, va más allá y asegura que en el país no se ha aprobado la ratificación del tratado por el miedo de algunos sectores a la transparencia de la información, no solo en las regiones en donde se desarrollan proyectos, sino en las mismas ciudades, en donde las autoridades locales tendrían que brindar datos que ahora mantienen ocultos, por ejemplo, la calidad del aire que respiran sus habitantes, solo por citar un ejemplo.

“Muchas fuerzas tienen miedo a esa transparencia y al cabildeo de la desinformación”, dice Prieto, quien cree que en el presente Gobierno no se ratificará el acuerdo porque hay una gran distancia entre el discurso mediático y lo que está pasando en las regiones y con los ecosistemas del país.

A pesar de que el proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes el 23 de julio de 2020 y en el Senado el 27 del mismo mes con mensaje de urgencia, a la fecha las Comisiones Segundas Conjuntas no le han dado primer debate.