Termina el infierno árabe para paracaidista colombiano: será liberado y transferido al país

El 1 de julio del 2011, cuando estaba en audiencia de juicio en Doha, a Juan Pablo Iragorri lo obligaron a firmar una declaración en árabe. El paracaidista colombiano pidió la ayuda de un intérprete porque no dominaba el idioma pero su petición fue desatendida. Durante varios meses estuvo retenido esperando un abogado, una comunicación con su familia, un contacto con el consulado. Ninguna ayuda llegó a tiempo. El documento que llevaba su huella era una confesión en la que se declaraba culpable de narcotráfico y falsedad de documentos, al haberle ayudado supuestamente a conseguir visas a dos colombianos que vio el día que lo arrestaron. Esta fue apenas una de las muchas irregularidades de un proceso judicial que terminó en una condena a cadena perpetua en su contra, la cual  fue confirmada en todas las instancias. 

Después de nueve años, la pesadilla de Catar terminó para Iragorri y otros tres nacionales que resultaron detenidos en una supuesta operación de narcotráfico. Por cuenta de una discreta gestión del defensor del Pueblo, Carlos Negret, ante las autoridades árabes se consiguió la transferencia de estas cuatro personas a Colombia por razones netamente humanitarias. "Con el concurso Presidente del Comité de DDHH de Catar, la Defensoría intercedió ante este Estado, para aliviar el dolor de cuatro familias colombianas que tienen familiares condenados a cadena perpetua en este país", indicó la entidad en su cuenta de Twitter. Los otros colombianos que regresarán al país son Francisco Javier Vergara, Yesid Mejía Herrera y Martha Yanira Castellanos.

Juan Pablo Iragorri fue contratado para entrenar a las Fuerzas Armadas de Catar. Foto: Archivo particular

Desde el año 2014, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había pronunciado sobre el caso. A través de un un extenso documento a las autoridades de Catar solicitaron estudiar el tema haciendo especial énfasis en las torturas a las que fue sometido el colombiano, así como en las graves irregularidades, entre ellas, el hecho de haber sido obligado a firmar una confesión en un idioma que desconocía. 

Las quejas y reclamos de las familias finalmente abrieron un camino inédito para los colombianos presos en Catar pues sin acudir a ninguna figura de conmutación de la pena, podrán quedar en libertad para regresar al lado de sus familias. La noticia la entregó en persona el mismo Negret, quien le describió a SEMANA que ninguno de los detenidos podía creer este sorpresivo deselance. "Fue una misión humanitaria que se llevó con prudencia, diplomacia, pertinencia, paciencia; es una bendición de Dios para estas épocas", aseguró el defensor. 

Las gestiones comenzaron desde el mes de febrero, cuando la Defensoría hizo contacto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Catar. "Queríamos que volvieran y el gobierno de Catar en un acto de generosidad aceptó la transferencia". En este momento, se adelantan los trámites administrativos para el regreso; luego serán trasladados a Bogotá, Puerto Asís y Cali. 

En contexto: 

Aunque este gesto del gobierno de Catar es inédito tratándose de colombianos, se han registrado resultados similares en gestiones para la liberación de ciudadanos paquistaníes y de Bangladesh. Al término de los trámites administrativos, será el mismo gobierno de Catar el que se haga cargo de la compra de tiquetes para el envío de los colombianos. 

El caso Iragorri

Luego de cumplir casi una década en las prisiones árabes termina el infierno. El caso de Iragorri comenzó como un acto de discriminación por su nacionalidad para convertirse en una sentencia a cadena perpetua que por años no admitió ninguna gestión judicial para controvertirla.  

SEMANA reveló en su momento detalles inéditos de esta historia. Desde 2011, Juan Pablo Iragorri padeció lo indecible en Catar. Ese año, varios policías vestidos de civiles lo capturaron sin ningún tipo de orden judicial, lo sometieron a torturas durante tres meses, le negaron el derecho a un abogado, al igual que el derecho a un traductor del árabe. A finales de 2012 lo condenaron en primera instancia a cadena perpetua y actualmente está tras las rejas en Doha, la capital de este país.

La historia de Juan Pablo Iragorri Medina, un bogotano de 40 años que vive en Catar, le dio la vuelta al país. Iragorri es miembro de una reconocida familia de Popayán y es primo tercero del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Se graduó con honores de Administración de Negocios en la Universidad de Buckingham, Inglaterra, y es paracaidista profesional. Su experticia en ese deporte lo llevó a recorrer el mundo participando con éxito en innumerables competencias. Habla inglés, francés y alemán, y su trabajo le permitió ser contratado para realizar capacitaciones en paracaidismo a las Fuerzas Militares de varios países como España, Túnez, Chile, Venezuela y Colombia, entre otros.

Gracias a esos entrenamientos fue empleado para organizar la exhibición de salto en paracaídas de las Fuerzas Armadas de Catar en 2008 y 2009. A partir de 2010 comenzó a trabajar como entrenador de los programas de búsqueda y rescate de la Fuerza de Seguridad Interna de ese país.

El 30 de junio de 2011 su vida tuvo un giro dramático. Esa noche varios policías vestidos de civil y sin identificación lo arrestaron cuando llegaba a su casa, y desde ese día pasó a ser considerado uno de los tantos narcotraficantes colombianos que hacen negocios en Asia. Los oficiales le apuntaron con armas de fuego, requisaron su carro, lo esposaron, lo montaron a un automóvil y lo llevaron a un hotel de la ciudad donde lo hicieron arrodillar en frente de una incautación de cocaína, y le tomaron fotografías junto a otros dos colombianos que no conocía.

Durante los tres meses que estuvo retenido solicitó, sin éxito, comunicarse con su familia y con el consulado de Colombia. “Todos los días pedí un abogado en la corte y en la Policía, hasta que en una audiencia, ante mi insistencia, logré comunicarme con uno, y fue este el que consiguió que saliera bajo fianza a mediados de octubre”, relató en una de las cartas que desde 2012 ha enviado a la Cancillería colombiana.

En el expediente hay cuatro declaraciones de los policías que lo arrestaron, en las cuales todos dieron versiones distintas sobre el lugar en que fue detenido. Según la acusación de la Fiscalía, Iragorri supuestamente ofreció drogas a un policía encubierto. Sin embargo, el agente lo negó en el primer juicio. Lo señalaban de pertenecer a una red de narcos pero en los documentos se probó que Iragorri no conocía a sus dos supuestos socios colombianos, e incluso a uno de ellos solo lo vino a ver por primera vez cuando fue llevado por la Policía a un hotel en donde lo hicieron arrodillarse para tomarle fotos junto a un alijo de cocaína y a su compatriota. Esa fotos son parte de las ‘pruebas reina’ en su contra.

Puede leer: 

Otro de los cargos dice que Iragorri consiguió y entregó visas a unos supuestos socios colombianos. En el primer juicio los propios policías catarís dijeron que no tenían certeza de que Iragorri hubiese conseguido esos documentos. Pero, adicionalmente, se logró comprobar no solo que Iragorri no conocía a esos colombianos sino que incluso las fechas de esas visas corresponden a dos bogotanos que entraron a Catar varias semanas después del arresto de Iragorri. Para completar la cadena de irregularidades, en la acusación la Policía catarí habla de varias horas de grabaciones entre Iragorri y sus dos supuestos socios. Sin embargo, los audios nunca se conocieron en el juicio, entre otras razones, porque no existen y esas conversaciones jamás ocurrieron.

Durante un tiempo que Iragorri permaneció en libertad condicional. En 2013, nuevamente fue detenido para enfrentar un segundo juicio pues su abogado había apelado la decisión del primero. Sin un traductor y en audiencias que duraban pocos minutos, el segundo juez sencillamente ratificó la condena a cadena perpetua basándose en la fotografía que le tomaron junto al alijo de droga y en la supuesta confesión en árabe que Iragorri firmó bajo tortura. A pesar de todas las irregularidades, en diciembre de 2013 la Corte Suprema de ese país dejó en firme la decisión.