Terror: encuentran cuerpo de un exsoldado decapitado en el sur de Córdoba

Tirado en medio de la carretera en la vía que comunica los municipios de Planeta Rica y Buenavista, en el departamento de Córdoba, justo a la orilla de una finca conocida como Mala Noche, fue encontrado por habitantes de la zona el cuerpo decapitado de un joven que, al parecer, sería un exsoldado del Ejército Nacional.

Una escena macabra, que evidenciaba las torturas a las que fue sometido el hombre, sus brazos amarrados con cabuyas y sin camisa ni zapatos, y a pocos metros su cabeza, con cortadas profundas, con arma blanca.

La víctima fue identificada horas más tarde al hallazgo del cuerpo como Sebastián Genes, sobre el hecho no se han pronunciado autoridades. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía llegó hasta el sitio y se encargó de realizar el levantamiento e inspección del cuerpo.

Sebastián Genes, tiene en sus redes sociales fotos del mes de marzo en donde aparece con la vestimenta del Ejército Nacional, pero SEMANA conoció que ya no haría parte de la institución al momento de su deceso, según indican las fuentes.

El hecho se conoció después de que este 24 de mayo también se registrara en el municipio de Tibú, Norte de Santander, un ataque terrorista en el que murieron dos uniformados de la Policía Nacional.

Las víctimas mortales fueron identificadas como el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo, de 31 años, y el patrullero Andrés Idárraga Orozco, 37 años; así como también hubo una mujer que transitaba por el lugar, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Adicionalmente, resultaron heridos el mayor Wilson Millán Triana, comandante del Distrito de Policía de Tibú, el intendente Édinson Niño Hernández y los patrulleros Germán Yahir Gómez Monsalve, Brando Lec Coronado Aarón y Ezequiel Felipe Pérez Arciniegas.

El primer parte médico señala que el patrullero Pérez Arciniegas tuvo que ser internado en cuidados intensivos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de la ciudad de Cúcuta, mientras que el mayor Millán y los otros tres uniformados se encuentran estables.

El atentado se perpetró momentos en que una patrulla de la Policía Nacional se trasladaba hacia las instalaciones de la base del Ejército Nacional y a su paso por la vía fue activada la carga explosiva, incluso en imágenes quedó grabado el momento de la explosión.

“La gran familia policial se solidariza con los seres queridos de uniformados y civiles afectados por el vil atentado terrorista. Condenamos este nuevo acto de barbarie contra la sociedad civil y los policías de la patria que enluta a nuestro país y ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables”, señaló la Institución.

Ante esta situación, la Gobernación de Norte de Santander, rechazó lo sucedido y mencionó que este ataque se realizó horas antes de un consejo de seguridad que se pretendía llevar a cabo con el ministro de Defensa en Tibú, este jueves 25 de mayo.

“Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú, y que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz. No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas”, señaló la entidad.

Así mismo, agregó que esta comunidad quiere, trabaja y anhela por un territorio de paz, “basta ya de tanta violencia contra la ciudadanía y la Fuerza Pública que día a día salen de casa con la esperanza de regresar cada noche a abrazar a sus seres queridos”.

Por su parte, Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

“Duele mucho, ver el deterioro del país en materia de seguridad, nuestra región quedó olvidada, acá la autoridad la tienen los grupos armados, el gobierno debilitó la institucionalidad y limitó el accionar de la fuerza pública. Nos preocupa el silencio de la gobernación que no exige acciones contundentes al Gobierno nacional. ¿Dónde están las organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos rechazando estos ataques?”, puntualizó Villamizar.