Los testigos contra el exgobernador Lyons

Jesús Eugenio Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta estuvieron detenidos durante dos años en la cárcel Las Mercedes de Montería, judicializados por su presunta participación en el crimen de Jairo Alberto Zapa, director de la Oficina de Regalías del departamento. Pero hace un mes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ordenó el traslado de ambos a Bogotá. Desde entonces, al menos tres fiscales acuden regularmente al calabozo en que están recluidos –primer piso, bloque F del búnker– para entrevistarlos y cruzar información. En las diligencias, los reos han hablado de sumas multimillonarias asociadas a un nombre: Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba.

Henao y García, a cambio de un principio de oportunidad que favorezca su situación judicial, están dispuestos a sostener ante un juez que el exgobernador sabía del desfalco que se presentó en el departamento, del cual ellos fueron “arquitectos”, y que además había un acuerdo para que el mandatario se quedara con el 30 por ciento de los multimillonarios desembolsos.

Como se sabe, tanto la Fiscalía como la Contraloría hace meses tienen la lupa sobre Córdoba. Las investigaciones han develado que en ese departamento se estrenaron mecanismos de corrupción luego replicados en otras zonas del país. El llamado cartel de la hemofilia es uno de esos métodos ingeniados para drenar hacia bolsillos particulares los recursos públicos. Consiste en introducir al régimen subsidiado de salud falsos pacientes hemofílicos, así como costosos medicamentos y tratamientos no dispensados. La Contraloría estima que unos 50.000 millones de pesos se esfumaron por medio de ese cartel, en el que están implicados falsos pacientes, médicos y funcionarios de la administración del exgobernador Lyons. La Fiscalía ya ha capturado a ocho de estas personas. El perverso mecanismo, desvelado desde 2016, se repitió en los departamentos vecinos de Córdoba y en otros alejados como Tolima.

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Otra modalidad de corrupción que hizo carrera en Córdoba es la de defraudar las regalías petroleras destinadas a promover el desarrollo científico y tecnológico. Y es en ese tema donde los dos testigos protegidos están haciendo graves acusaciones contra el exgobernador. Henao y García eran contratistas de Córdoba y trabajaron de cerca con el director de la Oficina de Regalías Jairo Zapa. El ingeniero Henao era la mano derecha de este en la formulación de los proyectos que el departamento presentaba ante la Sistema General de Regalías (SGR), concretamente al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. A finales de 2013 la Gobernación celebró una gran bonanza con la aprobación de cinco proyectos (ver recuadro) que significarían el traslado de más de 88.000 millones de pesos al departamento. Sin embargo, en marzo de 2014, cuando los primeros desembolsos para los proyectos se empezaron a concretar, también las cosas en la Oficina de Regalías se enredaron.

El 27 de marzo de ese año Jairo Zapa desapareció extrañamente en Montería, y su suerte y paradero fueron un completo misterio durante cinco meses hasta que su cadáver apareció en una fosa a las afueras de una de las fincas de propiedad del padre del entonces gobernador Lyons. En desarrollo de la investigación las autoridades capturaron, entre otros, a Henao y García, quienes estuvieron con el jefe de la Oficina de Regalías y planeaban viajar con él a Santa Marta el último día en que se le vio vivo. Entretanto, los investigadores detectaron una serie de irregularidades en los proyectos formulados por el departamento.

Descubrieron que tras las empresas cooperantes con las que la Gobernación se asoció para ejecutar las iniciativas de ciencia y tecnología, estaban el propio Zapa, Henao y García. Es decir, los funcionarios encargados de formular los proyectos ante el SGR eran los mismos que luego, soterradamente, recibían los recursos. La Fiscalía tiene establecido que los anticipos totales girados en los cinco proyectos suman 60.653 millones de pesos, además de un contrato por 5.741 millones, suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para hacer la interventoría. Dado que los proyectos están viciados de irregularidades, las autoridades sospechan que algo por el estilo pasó con la interventoría que debía vigilarlos.

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Desde hace unas semanas Henao y García vienen revelándole a la Fiscalía que Lyons, en calidad de gobernador, exigió el 30 por ciento del valor de los proyectos. Jesús Eugenio Henao ha explicado extensamente que Zapa alcanzó a hacer al menos cuatro pagos con destino al mandatario departamental. Según su relato, hicieron los dos primeros pagos en la propia Oficina de Regalías (en el Centro de Convenciones de Montería, fuera de la sede de la Gobernación). Allí Henao llegó con el dinero en cajas de cartón que le pasó a Zapa, quien debía entregárselas al gobernador. El testigo ha señalado quiénes estuvieron, además de García, en esos momentos y pueden corroborar su versión.

Hicieron otros dos pagos, según Henao, por medio de Sami Spath Storino, amigo personal del Lyons, quien se desempeñó como asesor jurídico de su gobernación. El testigo asegura que una vez Spath lo citó en una bomba de gasolina, frente al puente viejo del Sinú, y en otra ocasión frente a la sede del Bancolombia, en el barrio La Castellana de Montería. Y que cuando se encontraron debió seguirlo en su carro hasta que entraron a un parqueadero cercano. “Dentro del parqueadero me cuadré, él lo hizo al lado derecho mío, luego se bajó y sacó las cajas de dinero de la parte trasera de mi camioneta y las subió a su carro”, le aseguró Henao a la Fiscalía. Sobre los encuentros con Spath el testigo también entregó nombres de otros testigos de los movimientos, datos de los vehículos y otras pistas con las que asegura se puede constatar su versión.

Henao además sostiene que tras su captura en abril de 2014 empezó a recibir amenazas y presiones en la cárcel. Y que por ello se vio obligado a pedirles a las personas de su confianza, que figuraban como representantes legales de las empresas cooperantes con que la Gobernación trabajaba los proyectos, que se apartaran y trasladaran esos manejos a otras señaladas por el gobernador Lyons. Para respaldar esas afirmaciones el testigo entregó un amplio listado de nombres y registros mercantiles en los que se evidencia el traspaso de las empresas. Por su parte, Maximiliano García ha rendido testimonios extensos en igual sentido que su compañero de calabozo, y ha entregado decenas de e-mails que la Fiscalía está analizando. Los dos testigos están procesados tanto por el caso del desfalco como por el crimen de Jairo Zapa.

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SEMANA buscó al exgobernador Alejandro Lyons para conocer su opinión sobre los señalamientos, pero no fue posible obtener respuesta directa ni por medio de su abogado. En un interrogatorio rendido ante la Fiscalía, al ser preguntado sobre su relación con Zapa el exmandatario aseguró que nunca tuvo conocimiento de que tuviera algún problema con los contratistas de los proyectos. Y cuando lo interrogaron respecto a Henao respondió categóricamente: “Quiero aclarar que no he recibido ni solicitado dinero por ningún concepto al señor Henao”.

Si se llega a concretar el preacuerdo, la Fiscalía podría usar la información aportada por Henao y García en el proceso que un fiscal delegado ante la Corte Suprema le sigue al exgobernador. Además, los dos hombres podrían aparecer como testigos de cargo contra Lyons. Entre tanto el fiscal general ya anunció que en los próximos días visitará Córdoba, y desde allí informará las determinaciones que el ente acusador tomará con base en los avances de las distintas investigaciones.