TGI, filial del GEB, a responder por posible detrimento del erario en Bogotá por $2.296 millones

La Contraloría de Bogotá acaba de culminar una auditoría de regularidad a la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, en el que estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por más de $2.296 millones por la deficiente planeación en un importante contrato cuyos proyectos fueron entregados sin la completa funcionalidad, lo que podría traducirse en un posible detrimento al erario de la capital del país.

Se trata del contrato 751356 del 5 de marzo de 2021 firmado con Colserpetrol LTDA por más de $3.657 millones, para realizar el montaje e instalación de válvulas y adecuaciones de sistemas de gas, en las estaciones de compresión y red nacional de gasoductos de TGI.

Este contrato fue divido en dos grandes grupos o paquetes:

1. Obras en el Gasoducto Otero – Santana, el cual posee una longitud aproximada de 45.3 kilómetros y su mayor remitente domiciliario el municipio de Barbosa.

2. Obras en el centro operacional de Gas de Usme del Gasoducto Apiay - Usme.

Pues bien, resulta que en abril de 2022, el contratista realizó la entrega final de las obras del Paquete No. 1, pero en el acta de entrega se dejó constancia que las obras eléctricas se realizaron de manera parcial, no se hicieron instalaciones definitivas, dejando las instalaciones construidas sin energía; desde el operador local se entregaron suministros eléctricos para su posterior operación, la válvula que debe operar automáticamente, uno de los objetivos del contrato, quedó operando de forma manual.

Así mismo, el 23 de abril de 2022, se realizó la entrega final de obras del paquete 2, sin embargo, se observó que fueron varias las obras no realizadas dentro del contrato y que hacen inoperativo el Centro Operacional de Gas - COG Usme.

Es así como la Contraloría de Bogotá, en los resultados a su auditoría a TGI y a los cuales SEMANA tuvo acceso en exclusiva, se deja claro que el proyecto no se culminó en su totalidad, toda vez que este no fue entregado con plena funcionalidad, puesto que, no fueron satisfechas las necesidades inicialmente requeridas para optimizar los procesos operativos de las estaciones o gaseoductos a cargo de TGI.

Esta circunstancia fue acaecida por la falta de planeación, dado que no se contemplaron los estudios necesarios que permitiesen identificar no solo las obras a ejecutar, sino calcular el presupuesto requerido para ejecutarlas, así como el cumplimiento de los requisitos determinados por la autoridad ambiental.

De igual manera, el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, encontró que los recursos invertidos en dichos paquetes resultaron insuficientes para incrementar la confiabilidad operativa de los gaseoductos, por tanto, las inversiones realizadas no redujeron el riesgo de daños, ni de accidentes que se puedan presentar.

En ese orden de ideas, siendo la participación del Distrito Capital en TGI del 65.67 %, el posible detrimento al erario del Distrito por deficiente planeación y no cumplir los objetivos y alcances del contrato, de acuerdo con la Contraloría, alcanza la preocupante cifra de $2.296 millones.

En esos términos, se tiene que al no entrar en operación las estaciones con ocasión de las actividades y/o obras faltantes producto de la indebida planeación y ejecución del contrato, se desconocieron los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.

Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal se evidenció una gestión antieconómica e ineficiente generada con el actuar de TGI, por las deficiencias en las fases de planeación y ejecución del contrato No. 751356, que conllevó a que los recursos invertidos no cumplieran con el objetivo y alcance planteado,

TGI se centró en demostrar que las obras contratadas se ejecutaron en su totalidad, que se contrató bajo la modalidad de precios unitarios, donde pagaron por las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte de TGI; sin embargo, fueron unas obras y suministros que no cumplieron con el objeto y el alcance del contrato según la Contraloría.

Para la Contraloría, la falta de recursos, los problemas contractuales y administrativos no son justificaciones para que las obras no quedaran terminadas en su totalidad, “estas se deberían haber previsto y subsanado a través de una adecuada interventoría, advirtiendo a las partes contractuales que proyectaran estrategias, como alternativas de soluciones para que las obras e instalaciones eléctricas se concluyeran”, dijo la Contraloría.

En consecuencia, según la Contraloría, la repercusión en la falta de planeación en el contrato conlleva a imprevistos en el desarrollo, ejecución y cumplimiento de la contratación de la obra, ya que se pueden presentar demoras, suspensiones, aplazamientos, dilaciones y retrasos en la ejecución; igualmente sobrecostos como consecuencia de aumento en los precios de los materiales o incluso indemnizaciones, sanciones a causa de modificaciones