Los argumentos de The Economist para decir que Duque le está dando un golpe al proceso de paz

El revuelo por el futuro de la justicia transicional en Colombia llegó al continente europeo. El concepto del diario The Economist, sobre las inconveniencias planteadas por Iván Duque, se suma a las críticas que ha recibido el presidente por devolver al Congreso varios artículos que, a su consideración, deben ser revisados.

“Presidente de Colombia, Iván Duque, socava un acuerdo de paz”, así tituló el diario esta publicación seguida de una frase que sugiere una posible consecuencia a su postura: “su línea más dura sobre los ex guerrilleros podría incitar a algunos a tomar las armas nuevamente”; una medida a considerar por el gobierno colombiano ya que los exmiembros de las Farc no estarían dispuestos a perder los beneficios obtenidos en el acuerdo de paz, firmado en 2016.

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La siguiente apreciación en el texto habla de que no debería sorprender la modificación que propone el mandatario. The Economist recuerda que durante la campaña presidencial la consigna que llevó a Duque a sentarse en la Casa de Nariño fue justamente esa: hacer ajustes al acuerdo alcanzado por Juan Manuel Santos y la guerrilla, por lo que “mantuvo su promesa”, afirma.

Otro señalamiento que hizo el medio indica que hay una contradicción entre lo que dijo Iván Duque en la alocución del 10 de marzo y lo que representa el hecho de cuestionar a la Corte Constitucional, y por eso citó una frase del  discurso que dio: “queremos una paz que garantice genuinamente la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, y después el diario dice “pero su decisión es un golpe al proceso de paz”.

También el artículo hace referencia a que el tribunal colombiano ya había aprobado la legislatura que daría paso a la JEP en 2017 y señala que, de todas formas, Duque lo está devolviendo a la legislatura; algo que constituye un hecho sin precedentes porque “es la primera vez que un presidente colombiano reabre una cuestión legal que había sido resuelta por el tribunal constitucional”, dice.

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Por último, el texto deja abierto un interrogante a los lectores sobre si el Congreso tiene la facultad para cuestionar un fallo de la corte. Pregunta que también se hace la Cámara de Representantes, motivo el cual designó una comisión para estudiar jurídicamente si el organismo parlamentario incurre en algún delito por refrentar la decisión del tribunal.

Hay que recordar que el gobierno cuestiona seis puntos que tienen que ver con la reparación integral a las víctimas, las competencia de la JEP, los delitos no amnistiables, la extradición y la aplicación de la jurisdicción especial para la paz en casos como el abuso sexual a menores durante el conflicto armado.