¡Qué tierrero con los predios para las Farc!

El esperado decreto, clave para la puesta en marcha de los acuerdos de La Habana, con el que se crea un programa que permite entregarles predios a los excombatientes de las Farc, demostró que la posesión de la tierra es, definitivamente, un asunto muy polarizante. La noticia despertó alarma entre los empresarios y desembocó una lluvia de críticas de 800.000 familias que llevan años haciendo fila por una parcela y que la semana pasada sintieron que los victimarios estaban quedando por encima de ellos.

Aunque el acuerdo de paz no dice que el Estado debe garantizarles tierras a los excombatientes, el gobierno viene explorando vías para que esto suceda. El primero fue el decreto 902 que firmó el presidente Juan Manuel Santos en 2017 haciendo uso de sus facultades extraordinarias. Aunque se va a cumplir un año desde que fue sancionado, todavía le falta el visto bueno de la Corte Constitucional que esta semana pospuso su debate. Con él, se estableció la posibilidad de que cualquier entidad pública le solicite tierra al fondo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que esta pueda ser entregada en comodato a los reincorporados. Para ellos, sin embargo, esta propuesta no es más que una ‘casa en el aire’ porque a sus manos nunca llegará la titularidad. Por eso, a la fecha el trámite que se ha hecho difícilmente supera la decena.

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Como una respuesta a la inoperancia, la Farc desempolvó el decreto 4488 que el expresidente Álvaro Uribe tramitó para darles tierras a los desmovilizados de las autodefensas en 2005. Este es el punto de partida en el que se basaron el Ministerio de Agricultura y el Alto Comisionado de Paz para diseñar la propuesta que se conoció esta semana y que generó tanto revuelo. Pese a la estrecha similitud que guardan, hay cuatro cambios sustanciales: 1) La entrega de tierra se condiciona a los proyectos productivos 2) Los predios se conseguirán por compra directa, expropiaciones y se descarta el uso de terrenos baldíos 3) Se titulará solo a los excombatientes y su núcleo familiar y 4) se presenta como un programa especial.

Aquí está la nuez del asunto. El terror que se ha sembrado desde que se conoció el documento y que obligó una reunión de urgencia en la Casa de Nariño con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), se fundamenta en la idea de que se estaría cimentando una vía directa para que los excombatientes accedan a la tierra por encima de las víctimas, campesinos y demás personas priorizadas. Aunque el Gobierno descartó que fuera así y se comprometió a blindar la norma en el ambiente quedó la propuesta de unas islas o guetos de los excombatientes de las Farc terminarían acentuando la segregación en la Colombia profunda.

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Esta es la encrucijada en la que se encuentra el país. Para un Gobierno desprestigiado que está a punto de concluir su mandato, es arriesgado empezar a adjudicar tierras. Ahora bien, de no hacerlo o mantener tanto trámite burocrático se estaría disolviendo la posibilidad de garantizarles a los excombatientes la ruta que reclaman para la reincorporación y se terminaría desconociendo que este proceso no es un premio para quienes se alzaron en armas sino una medida para garantizar que no haya repetición de la violencia.

Nudo Gordiano

La propuesta del Gobierno cayó como un balde de agua fría en la caldeada contienda electoral. Mientras un sector le recuerda al país que esta disposición nunca fue incluida en La Habana, del otro lado aseguran que con la propuesta de los proyectos productivos -como parte de su estrategia reincorporación- el vínculo quedó hecho. En la mitad, sin embargo, se ubican aquellos que ven con naturalidad que como cualquier colombiano sin tierra y con vocación agrícola, los exmiembros de la guerrilla pueden aspirar a una parcela.

La discusión es de hondo calado. En un momento en el que el tránsito de los excombatientes a la vida civil avanza a paso lento y la confianza de las bases quedó minada por el operativo contra Jesús Santrich, acusado de tráfico de estupefacientes después de la firma del acuerdo, la información que circula terminó a merced de los vaivenes políticos propios de la contienda. Si bien es cierto que con el decreto que se conoció está semana se podría empezar a adjudicarles tierras a los excombatientes, el proceso no es sencillo. De hecho, el antecedente de las autodefensas deja ver que no se les dio ni una sola hectárea.

El escenario en el que están parados los miembros de la Farc es similar al de aquella época. La ausencia de tierras para trabajar tiene frenados los proyectos que debían haber emprendido desde agosto pasado. Pero ese no es el único problema. El presupuesto no alcanza para comprar la tierra y el condicionamiento de los proyectos productivos que  deberán ser aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), donde tiene presencia el Gobierno y voceros del nuevo partido, reduce su viabilidad.

Escalar hasta allá no es fácil. Sin tener claridad de dónde se llevarían a cabo los proyectos es técnicamente imposible presentar una propuesta viable. ¿La razón?, no hay cómo analizar suelos, clima, costos, vías de acceso y mercadeo. Mientras las entidades encargadas como la Agencia de Reincorporación Nacional y la Agencia Nacional de Tierras se afincan en la idea de que no quieren enterrar los más de 110.000 millones de pesos dispuestos en esta materia, los voceros de la Farc alegan que con tanto incumplimiento “se está empujando a las bases a la ilegalidad”.

A este escenario se suma que a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fueron contratadas 26 personas desde hace un año en los diferentes espacios territoriales para asesorar el diseño de los proyectos. El problema, sin embargo, es que aunque la elección se hizo teniendo muchas personas que no tienen las competencias suficientes para cumplir su trabajo. Esto sin tener en cuenta que en términos reales los ocho millones de pesos a los que tiene derecho cada excombatiente –y de los que no se ha desembolsado ni un solo peso- no alcanzan a menos que se organicen en cooperativas.

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A la fecha, desde la firma del Teatro Colón, se tienen: 214 iniciativas identificadas en las 26 zonas donde aún permanecen alrededor de 3.542 miembros de la exguerrilla. De ellos, 35 están en proceso de formulación, a dos ya les dieron el visto bueno y apenas uno está pendiente del desembolso. Se trata de un proyecto piscícola que precisamente adelanta El Paisa en Miravalle (Caquetá) a donde este jueves se trasladó el exjefe negociador de las Farc Iván Márquez, según dijo, indefinidamente.

A tres meses de que nueve miembros de las antiguas Farc tomen posesión en el Congreso, vuelven a florecer los problemas de La Habana sobre la reincorporación. Mientras el Gobierno se para en la línea de una propuesta revolucionaria que transforme y lleve desarrollo al campo, la realidad de los excombatientes es otra. Tanto así que en muchos casos sólo se reduce a un deseo de tener algo qué heredarles a sus hijos. Paradójicamente, “ahora que les demostramos que nunca hemos estado en contra de la propiedad privada, nos niega una”.

En todos los procesos de paz que ha vivido Colombia en el último siglo los combatientes han recibido tierra. Desde quienes combatieron en la guerra de los Mil Días, pasando por Guadalupe Salcedo, hasta los guerrilleros que dejaron las armas en los años noventa. Pero la historia también está llena de triunfos pírricos. Del M-19 solo quedan 2 proyectos sostenibles y de las AUC ninguno.

Aunque en Colombia hay tierras para todos el problema es que la alta concentración de la propiedad, millones de hectáreas despojadas a los campesinos, baldíos del Estado ocupados ilegalmente, más de la mitad de los predios sin títulos y poquísima información catastral, tienen convertido en un caos a la administración del territorio. Actualmente, 800.000 familias esperan que se les adjudique una parcela. Si se parte del Fondo de Tierras que espera sumar 3.000.000 en los próximos años, podría decirse que les tocaría de a 3,75 hectáreas a cada una. Por eso para expertos consultados por SEMANA, la solicitud de 5.000 familias de las Farc es apenas una gota en el mar.

Ni el Gobierno ni la Farc la tiene fácil. Aun cuando los proyectos cuenten con todos los requisitos del caso, la práctica revela otra cosa. A la falta de vías de comunicación y de bienes públicos se suma la escasa institucionalidad, que reduce las aspiraciones que tienen muchos de ellos y a las que les insisten que se deben ceñir. Lo que muchas veces se olvida es que el insuficiente presupuesto para sacar adelante proyectos en las zonas más apartadas hace que la tierra en Colombia “termine siendo el camino más rápido de la pobreza a la pobreza extrema”.