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Tik Tak | Centros Poblados es el nuevo Odebrecht
Ahora resulta que firmaron el contrato con MinTic, a pesar de que contenía la cláusula de caducidad, que nunca consideraron eficaz. Escuche a María Isabel Rueda.
María Isabel Rueda cuenta otro entuerto que le salió a este entramado. El abogado Jorge Pino ha dicho que la caducidad que le decretaron no es válida porque no procede en este tipo de contratos y que ellos firmaron así porque la ministra Karen Abudinen se los impuso. Y que ellos la firmaron a sabiendas para quedarse con el contrato. El jurista también insiste en que las garantías no son falsas, a pesar de que el banco Itaú ya lo afirmó así.
Como se sabe, la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados se convirtió en un nuevo episodio novelesco de ese entramado. La decisión de suspenderla la tomó un juez de Puerto Colombia, Atlántico, y la ministra Karen Abudinen se despachó contra él de inmediato. “¡Esto es la tapa del descaro! La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado”, dijo en ese momento.
María Isabel Rueda explica cómo la caducidad terminó siendo un triunfo de los contratistas que aparentemente son los que han incumplido. Como se sabe, el Ministerio TIC, luego de un proceso licitatorio, firmó un millonario contrato en diciembre de 2020 por más de un billón de pesos con el consorcio que agrupó a cuatro empresas para lograr respaldar el ambicioso proyecto: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, con 35 por ciento de participación; ICM Ingenieros, también con 35 por ciento; Intec de la Costa, con 15 por ciento, y Omega Buildings Constructora, con 15 por ciento. Según María Isabel Rueda, la conectividad rural no es el único contrato que tiene esa unión, ni las empresas que lo componen. Y ya se comienza a hablar de otros enredos. Hay contratos por 4 billones de pesos.
Según María Isabel, las empresas preparan una demanda para pedirle al Estado que los indemnice por lo que han dejado de recibir y lo que perderán por los cinco años de la sanción.
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