Cita "personal y urgente", pide Timochenko a Santos por la JEP

Rodrigo Londoño Echeverry, presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, prendió las alarmas por lo que considera "retrazos y graves incumplientos" del estado colombiano frente al acuerdo de paz negociado en La Habana y firmado hace un año en el Teatro Colón de Bogotá. Timochenko le dirigió una carta al presidente Juan Manuel Santos y otra al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que enumera los "hechos graves" que en su criterio se han venido presentando en el Congreso y la Corte Constitucional frente a la jurisdicción especial de paz y sus alcances.

En la primera misiva, dirigida al secretario general de la ONU , Timochenko, advierte cómo, según él, el estado colombiano estaría actuando en contra de puntos esenciales del acuerdo de paz, y señala que el secretario adjunto para asuntos políticos, Jeffrey Feltman, en su más reciente visita al país, “pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado”.

Puede leer: Los 10 puntos con los que la corte puede haber salvado a la JEP

Para eso cita tres puntos que el funcionario, en nombre de la ONU, advirtió: la reincorporación de los miembros de las Farc, la situación de seguridad en las zonas donde antes operaba esta guerrilla y las “incertidumbres legales” para los miembros del entonces movimiento subversivo.

Pero concentra su preocupación en la Jurisdicción Especial de Paz. Primero la sentencia de la Corte que declaró exequible la reforma que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y que según Timochenko elimina un punto esencial del acuerdo de paz, que es la independencia de la justicia transicional frente a la ordinaria; el segundo caso es la aprobación de la JEP el miércoles por el Senado de la República, en la que dice que se modificó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados del Tribunal de Paz, que ya fueron escogidos y están a pocos días de posesionarse, además de ampliar el fuero hasta todos los funcionarios públicos.

Le recomendamos: Senado aprueba la JEP, la corte hizo el milagro 

En la carta que le dirigió al presidente Juan Manuel Santos, Timochenko pidió, “en el menor plazo posible", una reunión a efecto de tratar "los temas que tan hondamente nos afectan a nosotros y a la consolidación efectiva de la paz en el país”.

En la carta, y refiriéndose a la alocución del pasado martes, Timochenko le dijo que "no vamos a pedirle que ofrende su vida en garantía del cumplimiento de lo pactado en La Habana y firmado finalmente en Bogotá, no se trata de eso, señor Presidente. Pero sí queremos pedirle que dedique su atención a atender nuestras alarmas por lo presentado con el fallo de la Corte Constitucional y lo aprobado en la noche del 15 por el Senado de la República".

Una vez se conocieron las decisiones de la Corte Constitucional y el Senado sobre la JEP, varios candidatos al congreso y líderes de la Farc cuestionaron sus respectivas decisiones. Iván Márquez dijo que no habrá esclarecimiento de la verdad en vista del fuero con el que quedaron ministros, congresistas, fiscales, procuradores, gobernadores y terceros civiles.

Lea las cartas completas

Bogotá, 16 de noviembre de 2017

Señor:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

Presidente de la República

Palacio de Nariño, Bogotá.

Señor Presidente:

Envío a Usted un patriótico saludo, acompañado de la esperanza en que el sueño maravilloso de la paz para nuestro país, logre finalmente anidar y extenderse en toda Colombia.

Comenzaré por referirme a sus palabras en la noche del pasado 14 de noviembre. Antes de su llamado vehemente al Congreso de la República, dijo algo completamente cierto, “Cuidar la paz, construir la paz, consolidar la paz, es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones”. En eso coincidimos plenamente.

Incluso podría decirle que estas otras también consiguieron impresionarnos, “Como le dije a Timochenko la primera vez que lo vi: posiblemente nunca estaré de acuerdo con su manera de pensar pero –si dejan las armas y se comprometen con la verdad y con las víctimas– me haría matar para que puedan expresar sus opiniones libremente en los foros de la democracia”.

No vamos a pedirle que ofrende su vida en garantía del cumplimiento de lo pactado en La Habana y firmado finalmente en Bogotá, no se trata de eso, señor Presidente. Pero sí queremos pedirle que dedique su atención a atender nuestras alarmas por lo presentado con el fallo de la Corte Constitucional y lo aprobado en la noche del 15 por el Senado de la República.

Más que preocupaciones, los integrantes del nuevo partido nacido a la vida política como consecuencia del cumplimiento de todo lo pactado en La Habana, estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales.

Muestra de ello son el reciente fallo de la Corte Constitucional y la votación efectuada en el senado la noche del pasado 15, que demuestran una voluntad abierta de imponer sus criterios, en una especie de renegociación extemporánea y unilateral de lo que tanto esfuerzo nos ocasionó acordar en cinco años de intensos debates en la Mesa de Conversaciones.

Más que alborotar públicamente en una carta, nos interesa sobremanera hablar con usted, señor Presidente, personalmente, en el menor plazo posible, a efecto de tratar los temas que tan hondamente nos afectan a nosotros y a la consolidación efectiva de la paz en el país. Alguien decía que el cincuenta por ciento de lo que se haga en la Mesa de Quito es el cumplimiento de lo pactado con las FARC por parte del Estado colombiano. No creo que esté muy errado.

Me permito por ello pedirle, del modo más respetuoso, pero sincero, la realización de una reunión urgente que nos permita hallar la fórmula para cuidar, construir y consolidar la paz que con tantas dificultades sellamos en los Acuerdos de La Habana. Vientos de temporal soplan sobre el proceso de paz colombiano y consideramos urgente hallarles salidas razonables.

Sobra decirle que cuenta con mi disposición total para viajar a donde usted lo considere necesario.

Cordialmente,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

Presidente de la FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN

Bogotá, Colombia, 16 de noviembre de 2017

Señor:

ANTONIO GUTERRES

Secretario general de las Naciones Unidas

Nueva York, USA

Apreciado Señor Secretario General:

Transmito a Usted el saludo afectuoso de nuestro partido político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN, nacido del desarrollo de los Acuerdos de La Habana, suscritos entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, cuando ha transcurrido casi el año completo de su protocolización final en el Teatro Colón de Bogotá.

Mi propósito al dirigirme personalmente a usted, es el de poner de presente ya no nuestra preocupación, sino nuestra más encendida alarma por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de la implementación de los Acuerdos referidos. Como es de su conocimiento, el señor Jeffrey Feltman, su Secretario Adjunto para Asuntos Políticos, recién terminó su visita a Colombia, en donde pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado.

En el acto en el que cerró su visita a nuestro país, el señor Feltman advirtió sobre la preocupación de la ONU por tres cuestiones claves, que son el estado de la reincorporación de los miembros de las FARC, la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto y las incertidumbres legales para los miembros de las FARC, como resultado de las demoras en la aprobación de legislación clave en materia de participación política, así como por la revisión judicial en curso.

Seguramente el señor Feltman informará detalladamente a Usted al respecto, por lo que me centraré de manera exclusiva en la última preocupación expresada, ya que en la noche anterior al cierre de su visita a Colombia, se produjo la sentencia C-17 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró exequible el acto Legislativo 001 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y la misma noche del acto mencionado, el Senado de la República aprobó varios artículos del proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz, que en su conjunto constituyen abiertas violaciones al Acuerdo Final, de las cuales el señor Feltman no pudo enterarse a profundidad, y que ahora paso a exponerle de modo resumido:

Si bien la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia declara conforme a la Constitución del país el Sistema Integral mencionado, a su vez adopta resoluciones que modifican en su esencia puntos clave del Acuerdo Final:

La Jurisdicción Especial para la Paz fue concebida y adoptada en los Acuerdos, como un sistema de justicia de carácter excepcional y transitorio, mediante el cual se buscaba no sólo la terminación del conflicto, sino además el fin de la impunidad que ha caracterizado el sistema de justicia tradicional en Colombia. De allí que se consagró su absoluta independencia de la justicia ordinaria.

La sentencia referida de la Corte elimina tal independencia, e incluso subordina la JEP a las decisiones de los jueces constitucionales y ordinarios, con lo que mata su carácter esencial. Eso se hace ostensible en materia de lo decidido en cuestión de conflictos de competencia, fallos de tutelas y régimen disciplinario de los magistrados integrantes de la Jurisdicción Especial.

En respeto a la Constitución Nacional, el Acuerdo de La Habana acogió el fuero de juzgamiento para los Presidentes de la República, pero ahora la Corte extendió tal fuero al juzgamiento de los agentes del Estado civiles, o sea a  ministros, congresistas, fiscales, procuradores, y gobernadores, creando un cuerpo de intocables para la justicia, dentro de los cuales incluyó a los terceros responsables por graves crímenes, quienes no podrán ser llamados a responder por sus hechos ante la JEP.

Es claro así, que una jurisdicción que tenía por objeto el juzgamiento de los crímenes más graves cometidos por todos los involucrados directa o indirectamente en el conflicto, ahora quedó reservada para el juzgamiento exclusivo de los ex combatientes de las FARC-EP, lo cual evidencia una manifiesta violación de lo que se pactó entre las partes, poniendo de presente el desprecio absoluto por las víctimas de los crímenes atribuibles a los ahora aforados por la Corte.

Si bien es cierto que el fallo de la Corte habilita en términos generales la participación política de los excombatientes, introduce una serie de condicionalidades no previstas en el Acuerdo Final, cuyo incumplimiento en el fortuito caso de producirse, daría lugar a la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso.

Conviene alertar acerca de que los derechos y garantías, en cualquier régimen jurídico del mundo, nacen de disposiciones constitucionales y legales, y por tanto no pueden ser eliminados sino por normas de tal categoría, en ningún caso por decisiones judiciales. La extradición para ex combatientes de FARC fue expresamente prohibida por un Acto Legislativo declarado exequible y es  por tanto un derecho, una garantía que no puede ser eventualmente revertida por los jueces, como quedó peligrosamente establecido entre líneas en el fallo de la Corte.

Quisiera poner de presente al señor Secretario General, que mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la misma Corte Constitucional, todas las autoridades e instituciones del Estado quedaron obligadas a cumplir fielmente con el contenido de los acuerdos de paz, lo cual asombrosamente pasa a ser desconocido por la misma Corte Constitucional en su reciente fallo.

Todavía más sorprendente en sentido negativo, lo votado por el Senado de la República en la noche del 15 de noviembre en materia de la ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Es de observar que la JEP ya hace  parte de la Constitución Nacional por obra del acto legislativo 02 de 2017, declarado exequible por el mencionado fallo de la Corte. Lo que corresponde al Congreso colombiano es expedir la ley estatutaria que reglamente lo que él mismo elevó a norma constitucional, en concordancia con lo que se pactó en el Acuerdo Final de Paz.

Pero abusando ostensiblemente de su misión, el Senado colombiano ha procedido a pervertir lo aprobado en La Habana y en el Acto Legislativo. En estos se contempló un procedimiento para la escogencia de los magistrados que integrarían la JEP, para cuya designación el cuerpo internacional de altísimas  calidades que se integró, debía tener en cuenta que los candidatos cumplieran con los mismos requisitos para ser magistrados de las altas cortes colombianas.

Realizada la escogencia, y faltando sólo la posesión de los escogidos, el Senado colombiano introdujo una serie de inhabilidades e incompatibilidades para ser magistrado de la JEP, como que no podrán serlo quienes en ejercicio de su actividad como defensores de derechos humanos hayan actuado judicialmente alguna vez contra el Estado, lo cual revela la intención premeditada de impedir la posesión de la mayoría de los designados, en un acto que únicamente empata con la intención de que sólo puedan ser magistrados los defensores de la impunidad estatal.

Del mismo modo, encubriéndose en la limitada participación en política de los ex combatientes de las FARC, el Senado aprueba que los políticos de los partidos tradicionales condenados judicialmente por vinculaciones con grupos paramilitares de asesinos, podrán aspirar libremente al ejercicio político y por ende presentarse como candidatos a corporaciones públicas y luego posesionarse, en una consagración infame de desconcertante impunidad.

Por cuestiones físicas de tiempo, de los anteriores hechos, producidos en apenas veinticuatro horas en nuestro país, no alcanzó a apersonarse su Secretario Adjunto para Asuntos Políticos, pese a su interés en dejar constancia de las preocupaciones de la ONU por la forma como se viene implementando El Acuerdo Final. Al enterarlo directamente a Usted de la gravedad de lo ocurrido, invocamos la intervención de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, en analogía de lo expresado por el señor Feltman en cuanto a nuestra participación política:

“El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”.

Del señor Secretario General,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY (Timoleón Jiménez)

Presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC