Todo lo que debe saber sobre la consulta anticorrupción

¿Sobre qué es la consulta?

Los promotores buscan que con la consulta se mitigue la corrupción por medio de los siguientes siete mandatos:

1. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública tengan la posibilidad de recibir casa por cárcel para pagar su condena. Además, permitirle al Estado terminar los contratos de forma unilateral con estos o con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado.

3. La obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo (o pliegos únicos) al momento de celebrar todo tipo de contratos.

4. El deber de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía pueda decidir sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión nacional, regional y departamental.

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5. Que los congresistas tengan que rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión tanto de intereses públicos como particulares.

6. Que todos los funcionarios elegidos por voto popular deban hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que, dado el caso, abrir de oficio las investigaciones penales correspondientes y aplicar extinción de dominio cuando haya lugar a ello.

7. Establecer un límite de máximo tres periodos para ser escogido y ejercer en una misma corporación de elección popular.

¿Qué se necesita para que la consulta pase?

Se requieren 12.075.756 votos válidos por pregunta, ya que las consultas ciudadanas exigen que participe al menos la tercera parte del censo electoral, 36.421.026 personas. Para que cada pregunta pase, necesita como mínimo la mitad más uno de los sufragios válidos en la votación, es decir, 6.037.879 votos. Se vota pregunta por pregunta, en forma separada, por lo que algunas pueden pasar y otras no.

¿Quiénes promueven la consulta?

El partido Alianza Verde comenzó con siete promotores de la colectividad entre los que estaban la exsenadora Claudia López y la actual senadora Angélica Lozano. Al mes ya había 35.000 voluntarios y ahora son 80.000. Hay 39 comités ciudadanos inscritos en el Consejo Nacional Electoral que promueven el Sí y uno que promueve el No.

¿Los resultados de la consulta son vinculantes?

Sí. En el caso de las consultas populares el Congreso debe adoptar las medidas (leyes o reformas constitucionales) para hacer efectiva la decisión de la ciudadanía y expedir los puntos que obtuvieron los votos requeridos a más tardar en un año. Si vencido ese plazo el Congreso no las expide, el presidente en los 15 días siguientes podrá adoptarlas mediante decreto con fuerza de ley y un plazo de dos meses para hacerlas efectivas.

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¿Quiénes pueden votar?

Colombianos mayores de edad dentro y fuera del país que tengan inscrita su cédula, en el mismo lugar asignado para las pasadas elecciones presidenciales.

¿Cuál fue el proceso para que este mecanismo llegara hasta este punto?

La iniciativa surgió por “la impotencia y frustración” de algunos congresistas y militantes del partido Alianza Verde, al ver que en ocho ocasiones diferentes los proyectos de ley que –según ellos– combatían la corrupción el Congreso no los aprobó. Por eso, con ayuda de 35.000 voluntarios, recogieron más de 4 millones de firmas, de las cuales la Registraduría avaló cerca de 3.100.000 para darle vía libre al segundo paso de la consulta: llevarla al Senado de la República para que los congresistas la apoyaran.

En abril el Senado la debatió y, aunque había casi unanimidad para apoyarla, el Centro Democrático expresó su inconformidad por votarla antes de elecciones presidenciales porque podría servirle de bandera política a Claudia López, en ese momento fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. La senadora Paloma Valencia propuso hacerla el 5 de junio y se comprometió a que su bancada votaría a favor. Efectivamente, el 5 de junio hubo nueva votación y con 84 votos a favor y 0 en contra la consulta tuvo vía libre.

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¿A cuáles altos funcionarios les bajaría el salario?

171 representantes a la Cámara, 108 senadores y a los magistrados de las altas cortes. A nadie que gane menos de 25 salarios mínimos.

La ley dice que el gobierno debe proponer ante el Congreso las iniciativas legales que tengan que ver con presupuestos y salarios. ¿Esto afectaría los puntos 1 y 4 de la consulta anticorrupción?

El constitucionalista Jefferson Dueñas presentó una demanda de nulidad de la consulta a finales de junio precisamente porque incluía la reducción del salario a los congresistas (punto 1), argumentando que “dicha iniciativa engaña a los electores porque los temas salariales son exclusivos del gobierno y una consulta popular no tendría ningún alcance”. Aunque el Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda, aún no ha dado ningún veredicto. Según la exsenadora Claudia López, los puntos relacionados con las reformas en el presupuesto no tienen inconveniente porque la consulta es un mandato ciudadano y, para que se convierta en ley, debe pasar por el Congreso y posteriormente por el gobierno.

¿Habrá reposición de votos o alguien financió la campaña?

Las consultas ciudadanas no tienen devolución de recursos, anticipos, ni reposición de votos. Los movimientos y partidos que promueven la consulta lo hacen con recursos propios y donaciones.

¿Es cierto que hay algunos puntos de la consulta que ya están en la Constitución?

Varias leyes contemplan aspectos que recoge la consulta anticorrupción. Sin embargo, esta plantea volverlas obligatorias. Por ejemplo, que los políticos hagan “públicas las propiedades e ingresos como requisito para posesionarse y ejercer el cargo”. O hacer más estrictas normas ya existentes, como la prohibición de “casa por cárcel a corruptos”; y más amplias cuando se habla de “contratación transparente obligatoria en todo el país”, que busca que los pliegos tipo no solo sean obligatorios para el sector de infraestructura, sino para cualquier licitación de un bien o servicio público a nivel nacional.

¿Por qué la consulta tendrá lugar el 26 de agosto y cuánto costará?

Sus promotores propusieron el 16 de junio, un día antes de la segunda vuelta presidencial, para aprovechar el montaje de las elecciones presidenciales y bajar los costos. Sin embargo, el Centro Democrático dijo que la apoyaría solo para hacerla después de la segunda vuelta para evitar que se mezclara con la elección presidencial. Por esa razón, se aprobó para el 26 de agosto. Costará cerca de 300.000 millones de pesos.

¿Qué significa que el gobierno del presidente Iván Duque haya presentado tres proyectos de ley muy similares a los que aparecen en la consulta?

Esos proyectos de ley no excluyen la consulta porque, al fin y al cabo, todos los puntos irán al Congreso. Desde el punto de vista político, sí dejan un mensaje ambiguo, pues aunque el presidente Iván Duque ha dicho que apoya la consulta, el expresidente Álvaro Uribe afirmó apenas hace unas semanas que no es partidario. Esa contradicción significa, por lo menos, que en el partido de gobierno hay escepticismo sobre la posibilidad de lograr los 12 millones requeridos para aprobar las 7 preguntas.