La hecatombe Santrich

Desde el momento en que el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que acababa de recibir un paquete de “pruebas incontrovertibles” que incriminaban a Jesús Santrich en actividades de narcotráfico, se supo que el proceso del exjefe guerrillero se convertiría en un tema espinoso para el país. Sin embargo, en ese entonces era impensable anticipar que el caso del exjefe de las Farc llegara al punto que ha llegado, y menos que fuera a tener giros más propios de una serie de Netflix que de un escándalo judicial colombiano.

La noticia de la primera captura de Santrich no despertó mayores polémicas. Incluso, los dos hombres que edificaron el acuerdo de paz, Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle, dijeron entonces que la captura del exguerrillero era la prueba máxima de que el proceso de La Habana había quedado bien hecho, y que a quien cruzara la línea de lo pactado en el acuerdo le caía todo el peso de la ley. Los dos sectores del espectro político, los del Sí y los del No, trataban de reclamar una victoria. Quienes se habían opuesto al acuerdo de paz argumentaban que, como ellos advirtieron, los exmiembros de las Farc seguían delinquiendo. Los defensores de la paz, por su parte, decían que el hecho de que alguien que siguió cometiendo delitos después de la firma fuera capturado daba un parte de tranquilidad.

Le recomendamos: Caso Santrich Qué es lo que está pasando

Con el paso del tiempo, la opinión pública fue conociendo las pruebas y fue ahí cuando el país empezó a dividirse entre dos bandos marcados: los que estaban seguros de la culpabilidad de Santrich y querían verlo extraditado, y los que afirmaban que, al no existir evidencias suficientes, podría tratarse de un montaje para afectar el proceso de paz.

Al conocerse la decisión de la JEP de dejar en libertad al exjefe de las Farc, el presidente Iván Duque convocó a una reunión extraordinaria, con su equipo más cercano, para analizar distintas alternativas, incluida la conmoción interior que finalmente fue descartada. Se optó por la judicialización de Santrich en Colombia. 

Lo cierto es que la suerte de Jesús Santrich se convirtió en un punto de honor tanto para el actual Gobierno como para los desmovilizados de la guerrilla. En esa medida, cualquier decisión que tomara la JEP esta semana iba a desatar una tormenta. Si la Jurisdicción Especial para la Paz decidía dar vía libre a su extradición, un sector importante de las Farc iba a decir que los habían traicionado. Si la decisión era dejarlo en libertad, la tormenta vendría por una sector indignado que diría que la Justicia estaba entregada a la guerrilla.

Pero más allá de la expectativa sobre el fallo de la JEP, nadie imaginó que el desenlace del capítulo Santrich terminara en la renuncia en simultáneo del fiscal general, de la vicefiscal y de la jefe de la cartera de Justicia, creando un ambiente de zozobra y de choque de trenes institucional. Pero, como si lo anterior fuera poco, llegarían más sorpresas. Cuando los periodistas esperaban a que Santrich saliera de La Picota, se filtró la noticia de que había intentado suicidarse. A los pocos minutos, se supo que iba a ser recapturado por la Fiscalía, mientras corrían rumores de que lo estaban esperando en el aeropuerto de Catam para ser extraditado a Estados Unidos. Este desenlace cinematográfico estuvo salpicado con escenas de helicópteros aterrizando en la cárcel, arengas de miembros de las Farc y hordas de periodistas filmando la salida del exjefe de las Farc en silla de ruedas y rodeado de agentes del Estado.

Visiblemente debilitado, Jesús Santrich fue recapturado por un operativo sorpresa del CTI, dos minutos después de ser liberado. Cuando apenas empezaba a celebrar la libertad, fue subido a un helicóptero de la Policía que lo llevaría a la Fiscalía y de nuevo a una celda.

Puede leer: Santrich es recapturado a la salida de la cárcel

¿Por qué lo recapturaron? ¿Iba a ser extraditado? ¿Qué impacto tiene su judicialización para el proceso de paz? Luego de que la JEP profiriera el fallo que ordenaba dejar a Santrich en libertad por falta de pruebas que lo incriminaran, había solo tres caminos a la vista: 1) que el presidente declarara un estado de conmoción interior; 2) otorgar la libertad de Santrich y permitir que se posesionara como congresista de la república; 3) armar un nuevo proceso penal para procesarlo en el sistema judicial colombiano.

Frente a la liberación de Santrich y la indignación del país, varias voces que le hablan al oído al presidente trataron de persuadirlo para que decretara el estado de conmoción interior que le atribuye al jefe de Estado facultades legislativas extraordinarias. Los convencidos de esa tesis buscaban que Duque usara esa figura para extraditar a Santrich con un decreto. No obstante, el presidente la descartó, con razón, ya que la situación de un preso, por muy escandalosa que fuera, no podía embarcar a la institucionalidad del país en un estado de excepción.

Quedaban entonces dos cartas en la baraja. El Gobierno quería evitar a toda costa que Santrich se posesionara como representante a la Cámara, pues, de hacerlo, automáticamente habría quedado amparado por el fuero que cobija a los congresistas y su situación jurídica hubiera dado un giro de 180 grados. Ese escenario lo hubiera blindado ante la justicia y habría llevado al país a un teatro del absurdo.

Así las cosas, el Gobierno se fue por la estrategia de buscar demorar la liberación, mientras la Fiscalía armaba un proceso judicial en Colombia con las nuevas pruebas que salieron a la luz en las últimas horas. Poco después de la renuncia del fiscal, los noticieros replicaron un video que no se conocía en el que se ve a Santrich hablando de mercancía y de precios del producto. Para algunos, de haber tenido esa prueba en su poder, la JEP pudo haber decidido en otro sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el fallo quedó 3 a 2. Pero no solo fue el video. Fuentes judiciales le confirmaron a SEMANA que, una vez se profirió el fallo de la JEP, la Fiscalía obtuvo un nuevo testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez hoy capturado en Estados Unidos, que habría sido la prueba sobre la cual se estructuró el proceso judicial que dio origen a la recaptura.

Ahora, Santrich está de nuevo en manos de la Fiscalía y son más la preguntas que las certezas sobre el camino jurídico que se viene. En el futuro inmediato, lo primero será la audiencia de legalización de la captura y de imputación de cargos ante un juez de control de garantías. Ahí el togado podría declarar ilegal la captura y dejarlo en libertad o determinar que fue legal y seguir con el proceso.

Le puede interesar: Justicia y golpe a la paz las reacciones por la recaptura de Santrich

Si ese juez falla en contra de Santrich y declara legal su captura, vendrá entonces una nueva discusión sobre si él está o no amparado por el fuero de congresista. La defensa del exguerrillero afirma que ese fuero lo cobija, ya que su no posesión se dio por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. La contraparte asegura que el fuero se adquiere a partir del momento de la posesión y no de la elección.

Lo cierto es que la Procuraduría apeló el fallo ante la misma JEP. Si esta acepta esa petición, la decisión que dio origen a este enredo sería revocada y podría darse el trámite de extradición.

Frente a la hecatombe que ha generado el caso Santrich, muchos consideran que el futuro del proceso de paz está en juego y que el coletazo jurídico pondría en riesgo a los demás miembros de las Farc. Sin embargo, amarrar la consolidación de la paz y el futuro del los reinsertados al proceso judicial del exguerrillero es jurídicamente equivocado y políticamente inconveniente. Es cierto que la situación Santrich tiene indignado al partido de las Farc y nerviosos a los excombatientes en las zonas de reincorporación. Pero una cosa es el episodio judicial de uno de sus miembros, con pruebas en contra y proceso abierto, y otra muy distinta que la arquitectura de la justicia transicional no esté funcionando o que se vaya a perseguir a quienes han cumplido con el acuerdo.

Más allá de si hubo entrampamiento en la consecución de las pruebas contra el exjefe guerrillero o no, queda claro que a los miembros de las Farc que sigan delinquiendo les gravitará el peso de la justicia y la espada de Damocles de la extradición. En medio de este escándalo, el Gobierno tendrá que encontrar un equilibrio entre su defensa de la legalidad del acuerdo de paz y un discurso de tranquilidad y confianza para una base de 6.000 excombatientes, que hoy están nerviosos y nadie quiere que se vuelvan a alzar en armas.