Todos contra Uber

La madrugada del jueves, la Autopista Norte de Bogotá vivió una escena inédita. Cerca de 200 taxistas bloquearon la vía. La razón: docenas de vehículos de transporte especial llevaban a sus casas a los asistentes del festival Estéreo Picnic. Los amarillos protestaban por lo que consideraban una competencia desigual y, con el fin de “combatir la ilegalidad”, llegaron al punto de actuar como policías: inmovilizaron varios carros blancos y bajaron a sus pasajeros.

El episodio marcó el clímax de una semana agitada para Uber y refleja el problema de fondo de la pelea entre los taxistas y la plataforma digital. Por un lado, la insatisfacción de muchos usuarios aumenta en un país donde hay un creciente número de personas que ven que los taxistas no cumplen con sus expectativas de servicio. A esto, se suma la difícil situación de movilidad en las grandes ciudades. Usar transporte público implica colas, esperas, incomodidad e inseguridad para miles de personas, y esto ha dado pie al surgimiento de alternativas: no solo de empresas de innovación como Uber, sino también de servicios informales, menos sofisticados, como los bicitaxis, los mototaxis y los buses y taxis colectivos. Si bien la mayoría de estos incumplen la norma e, incluso, incrementan los trancones y el caos, se han convertido en un salvavidas para los usuarios.

Por otro lado, la frustración domina al gremio amarillo. Y este tiene razones legítimas para protestar. Los taxistas llevan años exigiendo mejores condiciones, seguridad social, un modelo de negocio más justo y una competencia que se acoja a las reglas de juego. El gobierno ha hecho concesiones, pero no parecen ser suficientes: en parte porque no acaban con los problemas de los conductores, pero en parte también porque hay poderosos intereses políticos y económicos detrás del gremio amarillo. A tal punto ha subido la tensión que los taxistas anunciaron movilizaciones de protesta para esta semana y ya consideran “inminente” un paro nacional.

El gobierno ha reaccionado a través de la ministra de Transporte, Natalia Abello, cuyas acciones no han logrado apagar el incendio. Por el contrario, solo han avivado las llamas. El miércoles, Dinero.com publicó un video hecho con un celular en el que aparecen Abello y el ministro de Trabajo, Lucho Garzón, junto a Hugo Ospina, uno de los representantes más poderosos del gremio. Allí, los altos funcionarios prometen, entre otras cosas, que “Uber no va a ser legalizado”. Horas después, un segundo video, producido esta vez por los ministerios de Trabajo y Transporte, muestra a los mismos tres personajes hablando del mismo tema a bordo de un taxi.

Las críticas no se hicieron esperar, pues para sectores de la opinión no tiene presentación que miembros del gabinete le hagan promesas a uno solo de los actores de la polémica. Y el clima subió aún más cuando, el jueves, la Superintendencia de Transporte ordenó controles a los blancos e inmovilizar a los que usan Uber y otros aplicativos tecnológicos. La empresa californiana reaccionó diciendo que había una persecución en su contra y recordando que la medida iba en detrimento de los usuarios, algunos de los cuales han estado convocando a través de redes sociales a un ‘Día sin taxi’.

Uber, presente en 295 ciudades, es un proyecto disruptivo y en Colombia creó un vacío que ha dado pie a una situación peculiar: el gobierno dice que es ilegal, pero la plataforma sigue operando. La experiencia en otras partes del mundo muestra que el mejor remedio es una regulación que incluya a nuevas formas alternativas de transporte, deje tranquilos a los taxistas y les permita a quienes quieren un servicio de lujo pagarlo según las reglas de la libre competencia.

La prohibición, en cambio, dejaría un grave precedente para un país que ha hecho esfuerzos para perfilarse como impulsor de las nuevas tecnologías y, especialmente, de la creación de aplicaciones para solucionarles los problemas del día a día a los colombianos.