23 años después de la toma de Mitú | Recorrido por los pasos de la infamia y la impunidad de las FARC

Jhon Frank Pinchao, subcomisario (r) de la Policía Nacional, está de pie frente al río Vaupés, oye un trueno y se estremece. Su cuerpo le envía una señal de peligro, la misma que experimentó hace 23 años cuando más de 2.000 hombres de las FARC atacaron la estación de Policía de Mitú con estruendos de cilindros bomba, granadas y ráfagas de disparos de ametralladoras. Eran las 4:35 de la mañana del primero de noviembre de 1998, cuando la pesadilla comenzó y dejó a 16 policías, 24 miembros del Ejército y 11 civiles muertos. 61 policías fueron secuestrados, entre ellos Pinchao.

Pasaron 23 años para que volviera a la capital del Vaupés. SEMANA lo acompañó en su recorrido. Una mezcla de emociones lo embargan, el contraste del hermoso paisaje que caracteriza al majestuoso río y sus botes, con el dolor de lo vivido. “Por estas aguas fuimos conducidos a nuestro cautiverio”, el lugar donde permaneció por años en los campos de concentración que crearon las FARC en la zona de distensión. Pinchao viajó con el general (r) Luis Mendieta y Edna Rubio, viuda del oficial de la Policía Julián Guevara, quien fue secuestrado cuando era capitán y murió ocho años después con el rango de mayor.

Su estado de salud se debilitó y sus captores no hicieron el mínimo esfuerzo por brindarle atención médica. Después de muerto siguió ascendiendo, hoy es el coronel Julián Guevara, recordado como uno de los policías que resistieron durante horas el brutal ataque de la guerrilla contra 76 uniformados. Solo cuando se acabaron las municiones salió con las manos en alto y fue conducido a los campos de concentración que estaban cercados con alambres de púas.

Mendieta señala una de las paredes de la nueva estación de Policía, donde pintaron un mural en homenaje a Guevara y al intendente Luis Hernando Peña, quien al parecer presentó problemas psicológicos y alias ‘Sombra’ lo sacó de un área de concentración para ejecutarlo, su cuerpo nunca fue recuperado. En las estrechas calles de la ciudad indígena la comunidad recibe con abrazos y lágrimas a los policías. Comparten la satisfacción de estar vivos, muchos fueron secuestrados durante tres días en sus propias casas. Los guerrilleros entraron a sus patios y armaban allí puntos de ataques y trincheras, dormían en sus salas y habitaciones mientras los lugareños escondían a los niños debajo de las camas para protegerlos. Algunos pasaron tres días sin comer.

Los guerrilleros entraron casa por casa, asesinaron y secuestraron a los que ellos consideraban informantes de las autoridades a criterio del ‘Mono Jojoy’. César Augusto Díaz era auxiliar de la Policía. Tenía 19 años cuando estaba en su casa y llegaron a buscarlo. Su mamá trató de esconderlo en la parte trasera de la vivienda, pero sabía que si lo hacía, la asesinarían a ella. Así que Díaz se entregó. Su madre tuvo que ver cómo la guerrilla lo sacó de su casa apuntándole con un arma en la cabeza y lo vio tres años después cuando lo liberaron.

Alrededor de la estación de Policía todo parecía un campo de guerra de aquellos que muchos solo han visto en Oriente Medio. Las casas que estaban allí quedaron destruidas casi en su totalidad. Donde quedaba la Registraduría hoy solo hay potrero. Las sedes de Caprecom, Telecom, la Caja Agraria, el Palacio de Justicia y la casa del Vicariato quedaron en ruinas. Bajo los escombros recuperaron cuerpos de uniformados desmembrados y decapitados. Otros utilizaron los muros caídos para resguardarse.

Después de 72 horas de ataques, el Gobierno nacional logró recuperar el territorio sumergido en el horror. No fue tarea fácil. La unidad militar más cercana era la de San José del Guaviare y estaba a más de 300 kilómetros de distancia. Se hizo necesario que las Fuerzas Militares pidieran autorización de Brasil para utilizar su territorio como base de avanzada y abastecimiento de combustible para sorprender al enemigo. Más de un centenar de guerrilleros murieron en la recuperación de Mitú.

Lo paradójico de la historia es que aún parece estar intacta. Han pasado 23 años y no hay una reparación colectiva. La infraestructura nunca fue sustituida. La Comisión de la Verdad, según las víctimas, no ha hecho presencia en el territorio como debería. Víctor Gómez es miembro de la mesa departamental de víctimas y asegura que estas entidades estarían interesadas simplemente en cumplir con su tarea en tiempo récord, más allá de realmente abonar el terreno para el perdón. “No nos han suministrado recursos para hacer pedagogía en las comunidades afectadas”, denuncia Gómez.

Los pobladores saben que los perpetradores de esta masacre, aquellos que firmaron un acuerdo de paz y hoy están sentados en el Congreso, irán a pedir públicamente perdón, pero no creen estar dispuestos a aceptarlo y menos cuando inicialmente plantearon que solo se admitiría un aforo máximo de 70 personas. ¿Cómo decirle a la señora Rosa que no hay cupo para ella?, cuando presenció el asesinato de su mamá, un policía y vio cómo la guerrilla hirió a sus tres hijos en su propia casa. Son muchos relatos que, si se tuvieran en cuenta, servirían para crear memoria, pero según el general Mendieta pareciera que no es importante en un país que olvida rápido.

El general, cuando ve las instalaciones, recuerda la habitación donde tuvo que defenderse durante horas y cómo cruzaban techos para tratar de apoyar a sus compañeros. Volver a ese momento en el que sus hombres tuvieron que salir rendidos para evitar ser quemados vivos lo llena de dolor y revive la angustia.

Pinchao aún no entiende cómo las FARC se hacían llamar un ejército del pueblo, si dejaron a su paso huérfanos, viudas, miseria, violaciones, abortos y destrucción. Él, al igual que la mayoría de quienes habitan la capital de Vaupés, pide que, más que conmemoraciones, se restablezcan los derechos con acciones reales, porque las secuelas que deja una acción terrorista como esta son difíciles de superar.