Tormenta política en Cartagena por suspensión de la secretaria general

El escenario político de Cartagena vive una tormenta local luego de que la Contraloría Distrital ordenara la suspensión de la secretaria general de la alcaldía, Diana Martínez Berrocal, en una medida tomada en medio de una investigación que se desarrolla en contra de la primera dama de la ciudad, Cinthya Pérez Amador.

La decisión fue emitida, según la Contraloría, porque la funcionaria podría intervenir en la investigación de orden fiscal que se inició contra la remuneración asignada a Pérez Amador, quien está vinculada bajo un contrato de Alta Confiabilidad como asesora del despacho del alcalde y cumple las funciones de primera dama del Distrito.

La historia es que, según la denuncia de un veedor ciudadano, la primera dama había sido contratada por un salario de 7 millones de pesos, superior al que debería, aparentemente sin contar con los requisitos para hacerlo, como el título profesional o las especializaciones que exige el cargo.

Ante la denuncia, la Contraloría emitió un documento en el que señaló que “en un contrato de prestación de servicios, desarrollado por personal no profesional, no puede catalogarse como servicios especializados ya que estos no se adquieren por el empirismo, sino que están asociados a una formación específica que Cynthia Pérez no acredita”. Pero, para varios de los líderes de internos de las administración actual de la ciudad, el tema obedece exclusivamente a presiones políticas de la oposición.

A través de un comunicado, el lunes festivo, el despacho del alcalde William Dau, informó que se tomarían las acciones necesarias que permitieran culminar el proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría por la contratación de la primera dama, lo que incluye el reajuste salarial y el reintegro del dinero recibido por el presunto detrimento.

En ese caso, la contratista deberá devolver 33.600.000 peoss, que fue el monto determinado por el ente de control como pagado de más a Pérez Amador en lo que va del año.

A regañadientes el alcalde William Dau Chammat firmó en la tarde de este martes la suspensión de Martínez Berrocal de su cargo y encargó en su reemplazo a la actual jefe jurídica de la ciudad, Myrna Martínez.

Lo que dejó claro al anunciar la suspensión fue que lo hizo porque lo habían “obligado” por la petición de la Contraloría, debido a que fue Martínez quien hizo el estudio del contrato de la primera dama. “Si no lo hago me suspenden a mi, pero eso lo vamos a seguir peleando”, dijo Dau.

“Se decreta suspender provisionalmente a la señora Diana Martínez en el ejercicio del empleo Secretario de Despacho en la Secretaría General, en cumplimiento de la exigencia realizada por el contralor Distrital, en resolución número 0237 del 8 de octubre del 2020, como medida preventiva mientras se culminan las investigaciones relativas al proceso de responsabilidad fiscal Número 005 del 2020, respecto al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 76 del 2020”, señaló la alcaldía en la orden de suspensión.

“Es una persecución”

Diana Martínez Berrocal, la suspendida funcionaria, fue más allá en sus declaraciones y señaló directamente que la decisión obedecía a una persecución política “por no acceder a las presiones políticas y sobornos de un grupo de políticos que se sienten huérfanos del poder”.

“Somos respetuosos de las decisiones de los entes de control, pero nos defenderemos bajo los principios legales y constitucionales porque consideramos que la medida tomada sobrepasa especialmente la jurisprudencia del caso y los parámetros de esta normatividad. El contralor ha pedido que me suspendan sin existir ninguna evidencia material, considera que puedo interferir en la investigación”, señaló la funcionaria.

Martínez Berrocal, en diálogo con El Universal, además indicó que “parece una paradoja que en una ciudad que ha sido saqueada durante muchos años sin misericordia, y con el silencio cómplice de los órganos de control, hoy se exija mi suspensión por haber hecho los estudios previos de un contrato de prestación de servicios, en el cual no fui yo la que seleccionó a la contratista, no soy su jefa, no soy su supervisora y tampoco soy la pagadora de ese contrato”.

Pero para algunas voces autorizadas de la ciudad, los hechos recientes son solo una pequeña muestra de la dura lucha política que se vive de manera subrepticia entre la administración actual y representantes de tradicionales clases políticas, varias de ellas representadas en el Concejo Distrital, por el poder y el presupuesto.