NACIÓN

Tortura y alteración de evidencias, conclusiones de la Fiscalía por motín en La Modelo

Hay varias hipótesis sobre lo que pasó esa noche del 21 de marzo de 2020, cuando 24 personas murieron y 100 más resultaron heridas.

21 de marzo de 2021
Decenas de familiares de los presos se agolparon a la entrada de La Modelo, después del motín. Pedían respuestas sobre el estado de sus seres queridos. A las afueras de la cárcel también hubo desorden y tensión. | Foto: Esteban Vega

La Fiscalía General de la Nación aún investiga qué fue lo que pasó hace un año en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde en un motín murieron 24 personas y más de 100 resultaron heridas. Hay varias líneas de investigación sobre lo ocurrido y con base en ellas la Fiscalía determinará responsabilidades.

Esa noche hubo manifestaciones en algunas cárceles del país para exigir mejores condiciones y evitar la propagación del coronavirus. No obstante, la situación en La Modelo se salió de control. Hubo intentos de fuga y se escucharon disparos por largo tiempo al interior del centro carcelario. Los vecinos del sector hicieron reportes por las redes sociales, lo que mostró a la opinión pública la gravedad de lo que ocurría.

Un informe de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos da cuenta de excesos en el uso de la fuerza, torturas, alteración de evidencias, atentados contra la dignidad humana y ejecuciones extrajudiciales. “Se investigan 3 hechos que constituirían homicidios con fuente externa por la ubicación de las víctimas. La Fiscalía ha consolidado la hipótesis acerca de la fuente externa a la que serían atribuibles estos homicidios, mediante la continuación de las labores de identificación de los tiradores”, dice el informe.

Frente a este tema, que se denomina “homicidios con fuente externa”, hay más de “20 labores de investigación, sin contar las labores ya ejecutadas. Respecto de los 3 occisos cuyo deceso configuraría un homicidio con fuente externa, una vez se cuente con otros resultados de balística, se ordenará al Instituto Nacional de Medicina Legal la aplicación del Protocolo de Minnesota”.

Esto quiere decir que, al parecer, en el momento del motín hubo personas disparando desde el exterior hacía la cárcel con el único objetivo de impactar a los internos. El documento asegura que de las 24 personas que murieron esa noche, 23 recibieron impactos de arma de fuego y uno más falleció por una caída, en hechos que están por establecerse. El capítulo más revelador es el que habla de las torturas que se habrían presentado: agresiones físicas, desnudez forzada y falta de atención médica. Por ello, se han hecho varias entrevistas y se han tenido en cuenta dictámenes periciales.

Otro de los puntos preocupantes del informe es que muchos de los heridos no estaban en ubicaciones que hicieran pensar que estaban planeando la fuga y aun así fueron impactados con armas de fuego. Con base en esta información se harán una serie de estudios como balísticos y reconstrucción de la escena para comprobar si esta teoría es correcta.

Además, se habla del ocultamiento, alteración o destrucción del material probatorio. La Fiscalía tiene tres hipótesis que dieron como resultado: “La extracción de proyectiles que no fueron recuperados y entregados a la autoridad. La incongruencia en los registros de atención. La presunta manipulación de las cámaras de seguridad durante el motín y la presunta manipulación de las cámaras de video entregadas a la Fiscalía”.

Finalmente, se informa que fueron escuchados en interrogatorio el director (e) de la cárcel junto al comandante de Vigilancia. “Se explora de forma transversal la posible responsabilidad de mandos medios y directivos en las conductas mencionadas con antelación, por la presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones. Cabe destacar que, mediante labores de investigación, se identificó una cadena de reemplazos ante la ausencia por permiso del director del establecimiento. Se estudia la trazabilidad de los documentos que justifican estos cambios de roles y si las personas encargadas para cada una de esas funciones cumplieron con las labores encomendadas”.

Cuando ocurrieron estos hechos, la oenegé Human Rights Watch afirmó que las muertes de los 24 internos amotinados “habrían sido intencionales”, lo que obligó a la investigación del caso.

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha pedido celeridad en estas investigaciones y se espera que pronto se sepa la verdad de lo ocurrido el 21 de marzo de 2020.