¿Tráfico de influencias? Los enredos judiciales de varios exdiputados de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A la reciente denuncia del presidente Gustavo Petro sobre los posibles sobrecostos en la reconstrucción de Providencia, se suman nuevos hechos que tienen hoy a varios exfuncionarios de la región entregando explicaciones ante la justicia. Por un lado, varios exgobernadores han sido llamados a juicio disciplinario por diferentes hechos y, como si fuera poco, exdiputados y exfuncionarios que en distintas administraciones han incurrido en faltas.

Cabe recordar que, la semana pasada, el presidente Petro viajó a Providencia, como parte de la agenda que tenía programada, y tras evaluar las obras afirmó que es necesario abrir una investigación por los costos de las viviendas que se construyeron en Providencia, luego del paso del huracán Iota, que dejó gran parte de la isla destruida.

Este vez, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exdiputados de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bradison Lawrence Fernández Bryan (2016 – 2019) y Milton López James (2016 – 2019), por incurrir en un presunto tráfico de influencias.

Al parecer, entre marzo y junio de 2017 los exfuncionarios, que acaban de ser llamados a juicio disciplinario por el ministerio público, habrían solicitado al entonces secretario de Agricultura y Pesca del departamento, Roy Ronaldo Robinson Mclaughlin, el otorgamiento de contratos y convenios a su favor o a terceros, así como la vinculación a la administración de personas cercanas a ellos.

Igualmente, señala el auto conocido por SEMANA, estos dos exfuncionarios “habrían promovido, tramitado y votado una moción de censura contra Robinson Mclaughlin por no haber accedido a sus supuestas pretensiones”, y agrega la Procuraduría que con este proceder “desconocieron los derechos a la libertad y autonomía dentro del ámbito de las funciones del secretario de Agricultura y Pesca, abusando de su posición”, indicó el Ministerio Público en el pliego de cargos.

El entonces diputado, Milton López James, también es investigado porque, al parecer, realizó manifestaciones injuriosas contra el entonces secretario Agricultura y Pesca, pues habría dicho que era un “mentiroso” y que había “engañado a la Asamblea y al pueblo sanandresano”.

Para la Procuraduría y los investigadores que asumieron el caso durante vario meses y que terminó desencandenando llamado a juicio disciplinario, la aparente conducta desplegada por los exdiputados “no estuvo acorde con su deber funcional” y con los fines del Estado que representa quien se desempeña como miembro de una corporación pública de elección popular, por lo que habrían “vulnerado los principios de igualdad, transparencia, así como la prevalencia del interés general y la moralidad”.

Por esos hechos, la Procuraduría formuló dos cargos disciplinarios contra los investigados, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. En contra de Milton López James, la Procuraduría profirió un tercer cargo señalado como falta grave a título de dolo.

Corrupción en el archipiélago

Y no es la única sombra de corrupción que afronta esa región. Recientemente, se conoció el caso de Alen Leonardo Jay Stephens. Con el argumento de reactivar la economía y el turismo en la isla de San Andrés, tras el paso y la devastación generada por el huracán Iota, el exgobernador firmó un millonario contrato que en lugar de garantizar la recuperación de la isla tenía como objetivo alumbrar el archipiélago en la Navidad de 2020.

Jay Stephens suscribió un contrato interadministrativo el tres de diciembre de 2020, por valor de 1.550 millones de pesos, con el propósito de llenar los espacios que no se llevó el huracán, con luces de colores celebrando la Navidad, mientras cientos de ciudadanos estaban en albergues a la espera de la reconstrucción de la isla, que siguen esperando.

El propio fiscal Francisco Barbosa entregó detalles de la decisión de la Fiscalía, de imputar cargos contra el exgobernador encargado de San Andrés por las presuntas irregularidades en ese contrato para el arriendo, transporte, instalación y desmonte del alumbrado navideño en el archipiélago.

Para los fiscales delegados y los investigadores que recaudaron el material probatorio, el entonces gobernador Jay Stephens incurrió en varias irregularidades a la hora de firmar el millonario contrato de alumbrado navideño. Se trata de inconsistencias que dejaron el acuerdo ahora materia de imputación de cargos.

El caso de Ronald Housni

En agosto de 2021, la Procuraduría formuló pliego contra el exgobernador Ronald Housni por cometer posibles irregularidades en la celebración de un convenio de asociación por $2.070 millones.

La responsabilidad no solo recae sobre Housni, sino sobre su secretario de Planeación, Sebastián Castellote Mora. La Procuraduría precisó que el objetivo de este tipo de convenios es impulsar programas o actividades de interés público; es decir, no pueden ser utilizados para cumplir una labor propia de la gobernación, como habría ocurrido en este caso.

En otras palabras, Jaller “habría contratado bajo la figura de convenio de asociación la elaboración y el análisis del perfil de demanda social y familiar del departamento, pese a que el objeto del contrato lo obligaba a celebrarlo bajo otra modalidad”, dijo la Procuraduría General de la Nación.