Tráfico de migrantes en Colombia: Así delinquía ‘Los de la selva del Darién’, la organización que contaba con el apoyo de un policía

Ya sea por la necesidad de buscar mejores oportunidades laborales o por la complicada situación de orden público en diferentes regiones de América Latina, miles de personas toman la decisión de arriesgarlo todo para ir tras el ya cada vez menos rentable ‘sueño americano’. En medio de esta salvación existe un factor común para casi todos los que quieren hacerlo, pero no cuentan con los recursos suficientes: ‘El Tapón del Darién’, ubicado en la espesa selva colombiana.

Aprovechándose de esta necesidad, han aparecido bandas delincuenciales que se encargan de tramitar el ingreso de los migrantes, moverlos por todo el territorio colombiano, casi siempre con documentación falsa, ingresarlos al alto riesgo que representa la selva del Darién con el fin de dejarlos en Panamá, punto clave para “saltar” a Estados Unidos o Europa. Para lograr sus oscuros cometidos, estas organizaciones cobran fuertes sumas de dinero y, en muchos casos, abandonan a su suerte a los migrantes, aumentando así la crisis humanitaria.

Igualmente, para evitar los controles, muchas veces cuentan con el apoyo de funcionarios, ya sea de Migración Colombia o de la Policía Nacional, quienes se encargan de ingresar migrantes a territorio colombiano. En 2016, cinco integrantes de una familia conformaron ‘Los de la Selva del Darién’, la cual delinquía en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia; y el archipiélago de San Andrés.

Entre sus integrantes se encontraba Gustavo Adolfo Torres Caicedo, un miembro activo de la Policía Nacional, quien –según las pruebas- era el encargado de gestionar el envío de migrantes de Medellín al municipio de Turbo (Antioquia), cobrar giros de dinero relacionado con esa actividad y acompañar a los viajeros a Migración Colombia con el fin de obtener salvoconductos.

El agente de la Policía, usando su conocimiento y experiencia, realizaba todos los trámites para mover a las personas y dejarlas –en manos de otros integrantes de la banda- en la espesa selva. En medio del proceso judicial, varios de los integrantes de la banda decidieron aceptar los cargos mediante la firma de preacuerdos. En las negociaciones se comprometieron a declarar en contra de Torres Caicedo.

Fue de esta forma que durante el juicio contra el policía en 2018, empezaron a desfilar en el banquillo de los testigos, quienes hasta hace poco eran sus cómplices. Ingrid Mosquera Lozano, conocida como Yara –jefe de la banda- y su esposo, John David Mena Waths, primo del policía, lo acusaron de ser el encargado de los cobros y el envío puntual de los giros de los migrantes.

Yara fue un poco más allá y manifestó que le daba órdenes directas para el cobro de cinco giros enviados desde el exterior “como contraprestación derivada de todo gasto que pudiera originarse a efectos de que las personas que dicho dinero cubría, pudieran lograr su paso hacia su destino final, los Estados Unidos de Norteamérica”.

En su declaración, incluso, puso de presente varias conversaciones de WhatsApp en las que Tabo –como o tenía guardado- se hacía expresa referencia a los giros enviados desde La Paz (Bolivia). En medio del cruce de chats Torres le enviaba fotos de él reclamando el dinero en un corresponsal bancario.

En otra conversación, el policía activo “recogida” de dos migrantes para llevarlos a la terminal de transportes de Medellín para embargarlos en un bus. En el chat se cita el hotel en el que se hospedaron y varios detalles que no dejaban duda de su vinculación con la organización criminal.

El policía también era asiduo visitante de una sede de la compañía Western Union en la capital antioqueña para recibir los giros. El informe enviado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dan cuenta pormenorizada de esto.

En julio de 2019, Torres fue condenado a 16 años y cinco meses de prisión por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir simple. Pese a sus intentos por derrumbar la sentencia, la Corte Suprema de Justicia ratificó su sentencia.

Un millón de pesos para no capturarla

Sin embargo, el caso de Torres Caicedo no es un hecho aislado en cuanto a la participación de policías en el tráfico de migrantes. En mayo de 2015, el patrullero Carlos Mario Mosquera Correa fue denunciado por haberle exigido un millón de pesos a la dueña de un hotel en el que supuestamente estaban migrantes ilegales para no capturarla y cerrar el establecimiento.

Los hechos se presentaron el 26 de mayo, cuando, a las 4:30 de la tarde, una patrulla de la Policía partió del municipio de Carepa con la misión de trasladar a cuatro migrantes de origen nepalí a las instalaciones de Migración Colombia ubicadas en Turbo (Antioquia).

En el trayecto, uno de los migrantes recibió una llamada a su celular, sin embargo, por no hablar español, le entregó el teléfono al intendente José Ariel Mena Rubio. Al otro lado de la línea, una mujer daba instrucciones para que los nepalíes fueran trasladados al hotel ‘El Parque’, en Apartadó.

Esto encendió las alarmas del suboficial, por lo que le pidió al patrullero dirigirse inmediatamente a ese lugar, pues tenía la sospecha que allí pudieran estar más migrantes ilegales. En efecto, el patrullero ingresó al inmueble e interrogó a Rubiela del Socorro Gómez, quien se presentó como la administradora del hotel.

En medio de la conversación, y ya con su cédula en mano, el patrullero le exigió que le entregara un millón de pesos. De no hacerlo –le advirtió- la capturaría y la enviaría directamente a la cárcel. Para robustecer su amenaza, la sacó del hostal y le dijo que toda la vía estaba llena de policías, señalándole la patrulla que él mismo conducía.

Por esto, la mujer no dudó en entregarle la suma exigida. El patrullero se guardó el dinero y se dirigió al vehículo donde le manifestó a su superior que no había visto nada irregular. Cuando se pudo sentar para analizar lo sucedido se acordó que el patrullero se había quedado con su cédula, por lo que intentó ubicarlo.

El patrullero fue condenado por el delito de concusión, recibiendo una sentencia de ocho años de prisión.