Tragedia anunciada (Bojayá)

La de Bojaya era otra masacre anunciada. Ocho días antes el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, envió al vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell; al comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias; al ministro del Interior, Armando Estrada; al comandante de la Policía Nacional, general Luis Ernesto Gilibert; al comandante de la cuarta Brigada del Ejército, al comandante de la Policía del Chocó, al gobernador del Chocó y al gerente de la Red de Solidaridad Social una comunicación en la que advertía de la incursión de 300 personas de las autodefensas a los cascos urbanos de Vigía del Fuerte y Carmen del Darién. Nadie actuó. En esta alerta explicaba que las autodefensas habían anunciado que avanzarían hacia Bojayá y Murindó para disputarles a las Farc su control sobre ese territorio, y solicitó a las autoridades proteger a la población civil en el casco urbano que corría un grave riesgo . Ante la falta de acción de las autoridades, el 2 de mayo por la mañana, el Defensor les envió un nuevo oficio en el que recordaba la alerta y reiteraba su petición de reforzar “los dispositivos de seguridad, adoptar las medidas de protección necesarias para la mitigación del riesgo, el alejamiento de las amenazas y la prevención de posible ocurrencia de violaciones masivas de derechos humanos”. Tres horas después 117 personas fueron asesinadas. ¿Por qué el Estado no respondió eficazmente? Hubo razones de terreno, de tiempo y de voluntad política. A Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, sólo se puede llegar por agua o por aire. Salir desde Quibdó era imposible puesto que a 15 minutos por río hay un retén permanente de la guerrilla. Como lo hay en Santa Cecilia, Risaralda, en la carretera Pereira-Quibdó y en la vía Medellín-Quibdó desde El Siete (en Carmen del Atrato) hasta antes de llegar a Tutonendo, a media hora de Quibdó. El almirante Mauricio Soto explicó a SEMANA las dificultades que tienen las tropas para reaccionar ante un evento como el de Chocó por la falta de soldados y de recursos. Luego de la masacre, el viernes 3 de mayo, la Armada envió inmediatamente una nave nodriza a Turbo para el aprovisionamiento de víveres y combustible, que zarpó hacia Vigía del Fuerte al día siguiente con 100 infantes y 150 soldados. Sin embargo, por el tamaño y el peso, la embarcación viaja a 10 kilómetros por hora y sólo lo puede hacer de día porque el río no está señalizado. Aseguraron la zona dos días y medio después —el 7 de mayo— cuando los cadáveres ya estaban enterrados en una fosa común. El apoyo aéreo también tuvo dificultades para llegar. El comando militar más cercano se encuentra en Rionegro, Antioquia. El problema es que los pocos helicópteros de combate que tiene el país no están disponibles todo el tiempo. Algunos estaban buscando al gobernador de Antioquia, otros a los diputados del Valle del Cauca, todos secuestrados por las Farc, y otros estaban atendiendo llamados de alerta en varios pueblos con circunstancias similares a las de Bellavista. Para una situación como la de Bojayá “hay que reagrupar las tropas de diferentes regiones del país y eso toma un tiempo, explica el general Tapias. Para enfrentar a 1.500 hombres de la guerrilla y las autodefensas no se pueden enviar 300 soldados porque sería un suicidio”. El clima del Chocó, con una altísima pluviosidad, tampoco ayudó. El Ejército dice que durante los primeros días los helicópteros no pudieron aterrizar porque Bojayá y los alrededores azotados por una ola invernal— estaban totalmente inundados. Llama la atención que, como lo confirmó el ministro Bell a SEMANA, en esos mismos días dos avionetas de las AUC sí pudieron aterrizar para descargar al comandante ‘Alemán’ y nueva munición. En todo caso, como lo prohiben los protocolos de combate, los helicópteros con tropa no habrían podido aterrizar antes de que las fuerzas de tierra aseguraran el área porque podían caer en trampas. Por eso tenían que llegar primero los infantes de Marina, que se desplazaron lentamente porque desde las orillas del río podrían ser atacados por la guerrilla, como en efecto sucedió. Este operativo, sin embargo, se activó luego de que la guerrilla ya había asesinado a la gente en la iglesia. ¿Por qué no se actuó antes? Más cuando la alerta del Defensor no llegó como una sorpresa. En marzo pasado la vicepresidencia había coordinado dos reuniones con las comunidades del Atrato y los organismos de seguridad para debatir la crítica situación de la región. Además el Sistema de Alerta Temprana (SAT), creado por Cifuentes, precisamente ha buscado depurar los cientos de alertas que envían las comunidades, los alcaldes y las ONG todos los días para que el Estado pueda priorizar aquellas que son más confiables. Desde que se instaló este sistema, a mediados del año pasado, la Defensoría ha emitido sólo 44 alertas —a la mayoría de las cuales la Fuerza Pública ha respondido— y apenas una fracción de ellas eran. como la de Bojayá, de grado uno, que determina una tragedia inminente. Con esa alerta en mano, en cambio de actuar, cada institución la volvió a enviar a todos los que, según constaba en la misma alerta, ya la estaban recibiendo. Por ejemplo, el comandante de la Policía de Chocó la remitió al general Gilibert. Y la dirección operativa de la Policía mediante el oficio 4020 la devolvió a los comandantes de la Policía del Chocó y de Antioquia. El ministro Bell dijo que el sistema de alertas es incipiente y aún no está claro quién debe vigilar que las instituciones en efecto tomen las acciones frente a las alertas. El Defensor aseguró que es la vicepresidencia la que según el SAT ha debido hacer esta labor. En un consejo de seguridad departamental el 26 de abril se habló de la presencia de las autodefensas y la guerrilla en el Atrato Medio. Como reunión colombiana que se respete, concluyó con la creación de una comisión “para implementar un plan estratégico de seguridad que permita presentar propuestas de solución al problema planteado”. El teniente coronel Ricardo Antonio Vargas, comandante de la Policía del Chocó, también dijo que la Policía estaba dispuesta a reconstruir la estación de Policía de Bojayá, destruida por las Farc en 2000. Lo que es evidente es que faltan recursos para la guerra; pero también queda claro que faltan voluntad política, esfuerzos y sacrificios para proteger a la población civil. Es increíble que a estas alturas del conflicto todavía no haya estrategias bien diseñadas y coordinadas para reaccionar a las alertas graves. La situación que vivía Bojayá hace un par de semanas es igual a la que hoy enfrentan otros pueblos del Atrato, el Catatumbo y varios de Nariño y Arauca. Se sabrá sus nombres cuando la guerrilla o las autodefensas cometan otro acto de barbarie.