Tragedia y conspiración en cuatro años del caso Odebrecht

Mucha agua ha corrido en cuatro años, desde que se instaló el tribunal de arbitramento convocado por la Concesionaria Ruta del Sol 2 para dirimir las millonarias reclamaciones en contra del Estado. Lo que comenzó con una batalla de incumplimientos se ha acrecentado y ahora tres árbitros tendrán que definir si anulan desde su origen un contrato de biillones de pesos que se convirtió en el símbolo de la corrupción. 

Aunque quedan muchos cabos sueltos por descubrir en la justicia penal, este martes se tomará una decisión definitiva en un frente sensible: el de la plata. Para poder llegar hasta este punto, el caso ha tenido que sortear con tragedias y conspiración. Algunos consideran este como el evento jurídico más accidentado de los últimos tiempos. 

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El hecho que sin duda marcó un antes y un después del caso fue la repentina muerte de quien fue el controller del consorcio, Jorge Enrique Pizano. Antes de morir, dejó en poder de Noticias UNO unas grabaciones secretas de reuniones que sostuvo con el abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, en el año 2015. En estas, dejaba constancia de las irregularidades que había detectado frente al pago de millonarias facturas sin soportes; desde ese entonces presumían que los dineros estarían dirigidos a cubrir el pago de una coima. 

A la muerte de Pizano sobrevino el 14 de octubre otra tragedia aún más difícil de entender: su hijo Alejandro Pizano murió producto de la ingesta accidental de cianuro que su padre tenía preparado. Así lo concluyó la Fiscalía después de un proceso investigativo que estuvo rodeado de escándalos, en parte por el manejo de las pruebas pero también porque el jefe de la Fiscalía era Néstor Humberto Martínez. 

Estos hechos tuvieron un impacto directo en el Tribunal de Arbitramento, donde el clima tampoco era el mejor. Allí Pizano ya había sido escuchado y los árbitros le habían recibido la maqueta de facturas falsas que había detectado. Aunque este tribunal no puede definir responsabilidades penales, la versión de Pizano deja claro que los soportes a sus denuncias ya estaban en la Fiscalía General desde hacía meses.

En contexto: Las declaraciones de Pizano, el fallecido testigo estrella del caso Odebrecht

En enero del 2017, un año antes de recibir la declaración de Pizano, estalló el escándalo de corrupción trasnacional de Odebrecht en Colombia. Los tres árbitros que habían iniciado el caso decidieron renunciar argumentando que las condiciones en las que aceptaron su designación habían cambiado. Aseguraron que lo que comenzó como una reclamación de carácter contractual fue “rebasado” por una situación no conocida por los apoderados y por las partes: "La situación se tornó de índole criminal y cambia completamente el marco de las circunstancias en las que aceptaron la convocatoria".

El nuevo escenario fue asumido por otros tres árbitros Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Arango Mejía. Este último asumió la presidencia en medio de críticas y cuestionamientos generadas por la salida de sus antecesores. El mismo exvicepresidente Germán Vargas Lleras pidió una investigación en contra de los árbitros salientes. 

En julio del 2018, antes de que pudiera hacer cualquier jugada concluyente murió Arango Mejía como causa de una insuficiencia cardíaca. Su lugar fue ocupado por el abogado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente del tribunal a cargo de comunicar el laudo final.

De otra parte, en octubre del 2018, semanas después del deceso de Arango, sufrió un grave accidente de tránsito en Santiago Chile la fiscal estrella del caso Odebrecht Amparo Cerón. Durante cuatro meses, la fiscal tuvo que retirarse de los estrados esperando una recuperación.

A estos eventos se sumó en marzo de este año la muerte de Gabriel de Vega. Aunque el abogado estaba distanciado del proceso Odebrecht, su papel como abogado de la Agencia Nacional de Infraestructura era de reconocimiento público y era una de las personas que más conocía de las intimidades de un proceso que lleva años tratando de llegar a su fin.

Este martes se conocerá el laudo definitivo, no obstante, se prevé que todavía resta mucha tela por cortar. Siendo este uno de los casos con más intereses en juego, se da por descontado que la decisión de los árbitros sea sometida a la justicia ordinaria a través de recursos de tutela y solicitudes de nulildad. A la decisión de los árbitros se le pueden atravesar básicamente los magistrados del Consejo de Estado y como última instancia la Corte Constitucional. Así que por compleja que suene esta historia todavía no termina de escribirse.