Nación
Tragedia: niña de 2 años murió ahogada durante paseo familiar en Antioquia
La familia se desplazó desde Medellín hasta una finca en Argelia, donde pretendía pasar sus vacaciones.
En medio de las celebraciones de Navidad, hay un hecho que enluta a una familia del departamento de Antioquia, luego de presentarse el ahogamiento de una menor de 2 años. La situación se registró en zona rural del municipio de Argelia.
Según lo reveló el alcalde del municipio del oriente antioqueño, Edwin Quintero, la familia se desplazó desde Medellín hasta una finca en Argelia, donde pretendía pasar sus vacaciones y la celebración de Año Nuevo.
Quintero dijo a Blu Radio que en el lugar del deceso se encontraban los padres de la menor y que “la Fiscalía General ya adelanta las averiguaciones de los hechos”, esto con el fin de esclarecer qué sucedió para que se presentara esta tragedia.
De acuerdo con Mi Oriente, los hechos sucedieron en una finca ubicada en la vereda Villeta Florida y se presume que la menor habría caído accidentalmente en un estanque de peces en este lugar.
Hasta el momento se desconocen las versiones oficiales de los familiares y se espera los peritos confirmen una información oficial sobre los hechos ocurridos durante la celebración de Navidad.
Tragedia en novena
Gustavo Orozco Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Perucho de Andes, Antioquia, fue asesinado en las últimas horas mientras rezaba la novena con familias de la comunidad.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra Orozco Ramírez, de 58 años, cuando finalizaba la novena de aguinaldos. Por el momento se desconoce el paradero y la identidad de los homicidas.
“Nosotros como líderes rechazamos este homicidio. Hemos realizado algunas recomendaciones al Gobierno nacional y departamental para que garanticen la labor de la defensa de los derechos humanos. Sentimos un abandono por parte del estado colombiano”, Óscar Yesid Zapata, perteneciente del proceso social de garantías a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Antioquia.
De acuerdo con las autoridades, en esa zona del suroeste antioqueño hay fuerte presencia del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, quienes mantienen su lucha por el control del territorio y el paso de la droga.
Con este homicidio ya son 24 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia durante 2021, de acuerdo con información del Observatorio de Derechos Humanos de la fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad.
Por otro lado, en lo corrido del año se han reportado amenazas a 17 líderes sociales del municipio de Dosquebradas, 10 en Pereira y tres en otros municipios de Risaralda.
Las amenazas se han realizado por medio de llamadas, mensajes de texto, panfletos y visitas, según señalan las víctimas. Los líderes sociales suelen hacer denuncias relacionadas con problemas de las comunidades como disputa de territorios entre bandas delincuenciales y protección del medioambiente.
Jaime Gutiérrez, un reconocido líder social de Risaralda, afirmó que estas intimidaciones provienen de actores armados al margen de la ley y que durante esta época de campaña política las amenazas pueden venir de algunos integrantes de movimientos políticos, aunque no se pueda comprobar.
Debido a esto, los líderes comunales y sociales del departamento están solicitando a las autoridades realizar mejoras y acelerar los procesos de atención a quienes han sido blanco de amenazas con el fin de evitar desenlaces mortales como los que ya se han registrado en la región.
La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo reporte de conductas que vulneran los derechos contra líderes sociales durante el primer semestre de 2021, que deja ver la situación penosa que afrontan en todo el país. En los primeros seis meses del año, la entidad registró el asesinato de 78 personas que se dedicaban a trabajar por sus comunidades.
“Como Estado debemos redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ante la crudeza del informe.