TransMilenio y Angelcom piden ser víctimas en proceso contra empresarios Ríos Velilla

Este lunes se adelantará la audiencia de imputación de cargos en contra de los empresarios Carlos y Francisco Javier Ríos Velilla, y su sobrino, el exconcejal de Bogotá (2008-2011) Felipe Ríos Londoño por presuntamente favorecerse de manera irregular con el billonario contrato de recaudo del sistema de transporte TransMilenio S.A., el cual fue adjudicado durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

La empresa de los Ríos Velilla se vieron beneficiados en el proceso de licitación pese a que existía un impedimento para que participaran en la misma, puesto que la ley prohíbe que un funcionario público o sus familiares cercanos contraten con el Estado. En este caso se señala que, al momento de la entrega del billonario contrato, Felipe Ríos Londoño era cabildante activo, por lo cual sus tíos y la empresa que representaban no podían siquiera presentarse al proceso.

En la diligencia judicial, las empresas Transporte de Tercer Milenio (TransMilenio) y Angelcom -quien durante años manejó el sistema de recaudo del sistema masivo de transporte- le pidieron a la jueza 42 de control de garantías pidieron ser tendidas en cuenta como víctimas por la acciones irregulares en las que habrían incurrido los empresarios Ríos Velilla y el exconcejal distrital.

La audiencia inició luego que la misma Fiscalía General rechazara la recusación presentada por la defensa de uno de los imputados en contra de la fiscal Angélica Monsalve al considerar que había emitido prejuzgamientos en medios de comunicación en contra de los tres procesados.

Igualmente, cuestionó el hecho de utilizar expresiones en contra del exconcejal de Bogotá por la supuesta presión que estaba ejerciendo con el fin de afectar la citación a la audiencia de imputación de cargos.

La fiscal Hernández aseguró que en marzo pasado, después que se conociera la imputación de cargos en contra de la familia Ríos, se le notificó su traslado al departamento del Putumayo, considerada como una zona de alto riesgo.

En su denuncia aseguró que tuvo conocimiento que el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien es una persona muy cercana a los Ríos, había preguntando por el caso y manifestado su preocupación frente al tema.

Igualmente, otros abogados y particulares, entre ellos el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, habían intentado buscar la forma de entorpecer el caso y aplazar la imputación. El traslado a Putumayo fue considerado por la fiscal Hernández como una retaliación y producto de una presión para que no se hiciera la diligencia.

Pese a ser madre cabeza de familia y tener una situación especial, el fiscal General, Francisco Barbosa avaló su traslado bajo la figura de “necesidades de servicio”. Para la delegada del ente investigador no existían méritos para su traslado a dicha zona.

Poco después de conocerse esta denuncia la misma Fiscalía informó que Hernández seguiría, desde el Putumayo, adelantando esta investigación. Días después el ente investigador emitió un comunicado en el que alertaba la existencia de un plan para atentar contra la vida de la fiscal.

Detrás de este plan, según informaron, estaría la banda criminal del Clan del Golfo, por lo que se anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad y protección por parte de las autoridades.