Transparencia por Colombia pide vigilar el proceso para el reemplazo de Gustavo Moreno

La justicia no se repone de la conmoción que han causado las noticias de las últimas semanas. En diferentes operativos, jueces y fiscales se han convertido en protagonistas de los escándalos que ellos antes perseguían. Entre los muchos llamados para recuperar el rumbo, se ha destacado Transparencia por Colombia. La organización hizo un fuerte llamado de atención para que se tomen medidas que permitan evitar este tipo de situaciones. 

"Además de las dudas generadas por el caso del exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, llamamos nuevamente su atención a estos problemas estructurales de la institución", indica la misiva.  Aunque reconocen el trabajo de Néstor Humberto Martínez para denunciar la corrupción y perseguirla, la ONG internacional manifiesta su profunda preocupación por el "enorme daño que esta situación está causando a la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación".

La observación principal de la carta firmada por el Consejo Rector y los representantes de la junta directiva de la entidad, gira alrededor de los procesos de selección de los cargos más importantes de la institución. Aseguran que debe incluir criterios de mérito, transparencia y apertura hacia la ciudadanía, de tal manera que sea posible verificar las hojas de vida, la idoneidad y los posibles conflictos de interés de las personas seleccionadas.

En el caso de Moreno, pese a los controles que tiene la entidad para avalar un nombramiento, el exfiscal tiene un pie por delitos cometidos en Estados Unidos. "Mirándolo en retrospectiva, hay que ver qué falló. Resulta que su hoja de vida se acompasaba con los requerimientos del cargo, daba cuenta de un académico que se movía en las universidades, autor de muchos libros y conocedor del sistema penal. Se hizo un estudio de seguridad, también pruebas psicológicas. Además, como es un cargo estratégico que trabaja mucho con la cooperación norteamericana, le solicitamos a la DEA que hiciera el polígrafo. Y pasó esa prueba adecuadamente", explicó a SEMANA el fiscal Martínez. 

Mientras la controversia por el aterrizaje de Moreno en ese cargo aún no se apaga, Transparencia por Colombia pone la lupa sobre el designado sucesor. La entidad llama la atención por el nombramiento de Alberto Salas como jefe de la Unidad Anticorrupción y pide que se hagan mayores esfuerzos por dar a conocer ampliamente los criterios y méritos bajo los cuales fue nombrado en ese cargo. 

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"Durante varios años, la Fiscalía General de la Nación ha presentado debilidades en sus políticas de ingreso y evaluación de desempeño de su personal, así como en sus políticas y medidas de lucha contra la corrupción a nivel interno, tal como lo reiteró nuestro Índice de Transparencia de las Entidades Públicas 2015-2016", puntualiza la carta.  

En los resultados del informe revelado el año pasado, y que cubre un periodo anterior al de la llegada de Martínez al cargo, quien se posesionó en agosto de 2016, se había advertido que en materia de talento humano había un retroceso considerable en la Fiscalía. El documento destacó en su momento que no se aplicaban procedimientos para seleccionar a funcionarios de libre nombramiento y remoción pese a que la Ley lo exigía, al igual que no se identificaban procesos transparentes para convocatoria, evaluación de hojas de vida y selección de personal por mérito.

Según el estudio del año pasado, la planta provisional superaba la planta de personal en el 60 por ciento y no se estaba haciendo un seguimiento a la eficiencia de su trabajo. La entidad tampoco hacía pública la información obligatoria, establecida por la Ley de Transparencia, como los datos de los contratistas o el tipo de vinculación laboral de los funcionarios.

La Fiscalía General de la Nación se llevó el penúltimo puesto en la medición anual que entrega Transparencia por Colombia en su estudio para entidades públicas. El reporte 2015-2016 muestra que el ente investigador alcanzó 53,2 puntos de 100 posibles, marcando en rojo los niveles de riesgo de corrupción. 

Entre otros reparos que hizo el informe, la entidad también llamó la atención del ente acusador porque no contaba con un canal de denuncias de hechos de corrupción, ni ofrecía garantías de protección para quienes presentaran denuncias o seguridad de confidencialidad. Concluía el informe que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la Fiscalía no identificaba amenazas internas y externas de corrupción en su gestión administrativa, ni herramientas o acciones para contrarrestarla y hacerle seguimiento.