Fiscalía acusará a Temístocles Ortega, designado embajador del Gobierno Petro en Chile

Tan solo un día después de conocerse que el exsenador de Cambio Radical Temístocles Ortega será el nuevo embajador de Colombia en Chile, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en su contra por posibles irregularidades en la contratación de un proyecto de infraestructura cuando se desempeñó como gobernador de Cauca, puntualmente, durante el periodo (2012-2015).

Según reseña el ente acusador en un comunicado de prensa, Ortega estaría involucrado en posibles anomalías en el trámite y celebración del contrato N°1040 del 25 de agosto de 2014, suscrito con la Fundación EDICOL por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay (Cauca).

El material de prueba obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indica que el proyecto habría sido soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de alcantarillas y otros elementos necesarios para el desarrollo de las obras.

Asimismo, se estableció que no se gestionaron los permisos ambientales ni las autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras, entre otras acciones irregulares en el proceso de contratación.

Para la Fiscalía, el gobernador de Cauca entre 2012 – 2015, como ordenador del gasto y representante del departamento, desatendió ―de manera libre, consciente y voluntaria― los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal.

Por estos hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había vinculado al exmandatario, a través de indagatoria realizada el 6 de julio de 2022, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, en razón a su condición de senador de la República en ese momento

Luego de terminar el periodo en el Congreso, el expediente pasó a la Fiscalía. En ese sentido, se realizó la actividad investigativa y los análisis de los elementos recaudados, y se encontró mérito suficiente para acusar al exgobernador Ortega Narváez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y solicitar la preclusión de las conductas de falsedad en documento privado y peculado por apropiación.

Nuevo embajador de Colombia en Chile

Aunque desde enero su hoja de vida estaba entre los aspirantes, el martes se confirmó que el exsenador Temístocles Ortega es el nuevo embajador de Colombia en Chile. Así mismo, se se conoció el decreto que tiene fecha del 10 de febrero.

En ese documento se hace la designación y se confirma que el excongresista será el encargado de manejar las relaciones diplomáticas con Chile. Ortega siempre apoyó a Gustavo Petro y, por eso, se apartó de Cambio Radical.

Ortega estuvo durante varios períodos en el Congreso de la República y, desde que se conoció su nombre como posible embajador, sectores cercanos al Gobierno Petro cuestionaron que él hacía parte de la política tradicional del país.

Vale recordar que, en varias ocasiones, Temístocles Ortega ha sido señalado de presuntos desvíos de recursos cuando fue gobernador del departamento del Cauca, no obstante, las acusaciones no han sido comprobadas hasta el momento.

En su hoja de vida se afirma que Ortega es abogado y cuenta con una especialización en Gobierno, gerencia y asuntos públicos. Adicionalmente, en su cuenta de Twitter, recoge que también ha sido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, viceministro de Justicia y docente universitario.

El excongresista y exgobernador del Cauca trabajará en Chile junto con el polémico exasesor de la campaña de Gustavo Petro, Sebastián Guanumen, quien fue designado como cónsul en ese país.

Fiscalía imputará cargos contra gobernador Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en contratos millonarios

Operación Robo de Magdalena se llama la investigación con la que durante meses un equipo especial de la Fiscalía se puso a la tarea de examinar con lupa la contracción de más de seis años, entre 2013 y 2019, de la Gobernación del Magdalena. Fueron rastreadas millonarias irregularidades en contratos que hoy ponen como eventuales acusados de un presunto millonario detrimento patrimonial, al actual mandatario departamental, Carlos Caicedo, y sus antecesores, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.

Se trata un hallazgo gigantesco, son cinco contratos que tienen que ver con una de las más importantes carreteras de la región conocida La Vía de la Prosperidad, y otros dos, no menos delicados, que deberían haber sido entregados a niños de la región, como el Centro de Desarrollo Infantil, ludotecas y hasta un coliseo.

“En ese sentido, se priorizó el caso investigativo denominado Robo de Magdalena, que permitió obtener suficientes pruebas y evidencias que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco contratos que superaron en valor los $ 457.670′682.703″, advierte la Fiscalía

Adicionalmente, se identificaron irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representan probable peculado de algo más de 74.788 millones de pesos.

Se trata de un megagolpe a la corrupción en el departamento del Magdalena, o por lo menos así lo considera la unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, que presentará un robusto arsenal de pruebas, evidencias, documentos, testimonios, transacciones, y trazabilidad y videos recogidos durante meses, con los cuales argumentará la imputación contra los tres gobernadores.

En el caso del actual gobernador, Carlos Caicedo, la Fiscalía solicitará de forma preventiva una medida de detención domiciliaria, porque en su condición de mandatario en ejercicio podría intervenir en las investigaciones, y afectar los resultados de las pesquisas judiciales.

“En ese sentido, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”, justificó la Fiscalía.

Los tres contratos de Caicedo

La primera gran obra en la que la situación jurídica se le puede complicar al gobernador Caicedo es la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino, donde se presentaron posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra, del 30 de diciembre de 2014.

Señala la Fiscalía que en la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Con este contrato pasó algo resulta insólito, se estableció que el plazo previsto para la construcción era de cinco meses y terminó ampliándose a tres años”.

La Fiscalía imputará a Caicedo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Pero la lista sigue, y nuevamente los principales afectados siguen siendo los niños. Esta vez el monto del contrato era de 6.964 millones, para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. Los sobrecostos habrían superado los 979 millones de pesos.

Se trata de un contrato suscrito el 1 de abril de 2015, en el cual además se encontró que no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones que hizo la Fiscalía, se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022.

En este frente investigativo, el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

Caicedo también será imputado, esta vez, por presuntas irregularidades en obras cuando fue alcalde de Santa Marta. Se trata de la esperada adecuación del Coliseo Gaira, que ya debió haber quedado terminada. No ocurrió así y, por el contrario, “el millonario contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por un valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fueron detectados posibles sobrecostos por 700 millones de pesos y se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización”.

Por este “elefante blanco” que está registrado en videos y fotografías que se convirtieron en pruebas, se ve el Coliseo prácticamente cayéndose, los pisos rotos, la maleza tomándose el escenario, y sin condiciones para su uso.