Luego de aclaración de la corte, el Gobierno pedirá la reactivación de las fumigaciones

Sin que exista plena claridad el alcance de la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional sobre las condiciones para volver a fumigar con glifosato, el Gobierno lanzó un anuncio. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, aseguró que le pedirán al Consejo Nacional de Estupefacientes su bendición para aprobar un protocolo que permita usar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Aunque la comunicación no resulta sorpresiva –va en concordancia con las políticas anunciadas por este gobierno– hay toda clase de interrogantes sobre lo que se viene. Si bien la corte acaba de quitarle al gobierno un peso de encima aclarando una condición que lo obligaba a demostrar la ausencia de daño absoluta en la salud y el medio ambiente antes de reanudar las aspersiones aéreas, los seis requisitos que impuso en el año 2017 se mantienen y no existen mayores noticias de su cumplimiento. 

Ni los detalles de la sentencia ni los del protocolo se conocen. Por lo que de momento resulta confuso el anuncio del Gobierno, teniendo en cuenta que  la parte resolutiva de la decisión recién anunciada por la corte precisamente advierte que no se ha dado cabal cumplimiento a las condiciones impartidas por el alto tribunal en el caso de las comunidades de Nóvita (Chocó). En el auto se lee un requerimiento a las autoridades designadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes "para que continúen y concluyan a la mayor brevedad posible el procedimiento de consulta con las comunidades étnicas y el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita".

Para reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, los magistrados impusieron seis condiciones todas relacionadas con un proceso decisorio y de regulación, que incluya la participación de las comunidades de manera continuada. También un proceso que permita la revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos soportado en la participación de entidades con la capacidad de expedir dichas alertas. 

De otro lado, aunque la evidencia que entregue el Gobierno no tiene que demostrar la ausencia absoluta de daño, sí debe respetar el principio de precaución con base en la minimización de riesgo. 

El Consejo Nacional de Estupefacientes es básicamente un órgano integrado por el Gobierno, en el que tienen asiento varios ministros, la policía, la Fiscalía y la Procuraduría. En consecuencia, se da por descontado que consigan un espaldarazo mayoritario para realizar sus planes.

No obstante el papel de los jueces no queda desactivado, y por la vía de tutela o por la vía de revisión de las decisiones administrativas que se tomen, se podría terminar echando para atrás la iniciativa del Gobierno en caso de que no cumpla con lo requerido. Cabe recordar que en la setencia de 2017 la corte también ordenó que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo vigilen y acompañen el cumplimiento de los seis requisitos señalados. 

Entre tanto, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, aseguró que una de las prioridades del Gobierno ha sido la protección del medio
ambiente y la salud de los ciudadanos. "Continuaremos trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos, a la vez podamos avanzar en la lucha contra el flagelo de la droga y los cultivos ilícitos", precisó.

El gobierno agradeció la claridad de la corte, la cual entienden como una ponderación a la "necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas, dando siempre un adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse". 

Al respecto también cabe recordar que la corte en su pronunciamiento, le ordena al gobierno a que cualquier decisión se tome dentro del marco de la política pública que se deriva del punto cuatro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Consecución de una Paz Estable y Duradera, en los términos del Acto Legislativo 02 de 2017. Esto significa que la fórmula de la sustitución de cultivos ilícitos debe ser impulsada y que la fumigación, aunque no se descarta, debe ser una última opción.  

Esta orden de la corte, raya con el anuncio del gobierno. El acuerdo establece que la política integral para la solución al problema de las drogas ilícitas se diseñará bajo el principio general de permitir a una autoridad la coordinación de forma integral de las formas de sustitución de cultivos ilícitos, garantizando los acuerdos con autoridades regionales, de Policía, Ejercito y organismos internacionales, así como con las comunidades, priorizando los territorios donde dicha política de sustitución de cultivos y erradicación manual es posible, dejando la aspersión aérea como herramienta de última instancia. 

En síntesis, parecería que lo que está anunciando el Gobierno nacional es que arrancará por el final.