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Tras denuncia de SEMANA, MinDefensa pidió a la Contraloría hacer auditoría a billonario convenio de vehículos militares
Para 2026 está estipulada la llegada de los primeros vehículos blindados 8x8 adquiridos para el Ejército.
En diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional suscribió un contrato para la adquisición de 55 vehículos 8x8 blindados, que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera.
De este grupo de vehículos, se tiene proyectado que los primeros nueve ingresen a territorio nacional en el año 2026 en la medida que se ejecute el plan de pagos programado se seguirán recibiendo hasta el 2032.
Estas nuevas adquisiciones se realizaron a través de un acuerdo gobierno a gobierno por la suma 305 millones de dólares, proyecto aprobado mediante documento Conpes 4079 destinado al Sistema de Defensa Nacional, (Side).
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “dicha contratación se realizó con proveedor exclusivo, lo que permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto”.
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Al buscar una respuesta oficial, un periodista de SEMANA fue hostigado y presionado a tal punto que intentaron obligarlo a firmar un documento de confidencialidad para que no publicara nada. Un claro acto de censura.
Sin embargo, en lugar de explicar la multimillonaria y silenciosa inversión, y aclarar si existieron los supuestos sobrecostos o no, un viceministro y otros funcionarios intentaron callar a SEMANA con arbitrariedades y presiones. La cita con los funcionarios se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa el pasado jueves 20 de abril, a las 3:30 p. m. Se había acordado que habría una respuesta oficial a la denuncia.
Tras esto, el Ministerio de Defensa dijo: “Con relación a presuntos sobrecostos que se hubiesen presentado en la adquisición de dichos vehículos, el Ministerio de Defensa se permite precisar que, de acuerdo con la información disponible que ha sido corroborada, tal irregularidad no existe. Debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato”.
Sin embargo, la entidad exigió al contratista discriminar los valores, con el objetivo de identificar cuáles servicios se ejecutarán en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos.
En todo caso, el ministro de Defensa le pidió a la Contraloría General de la República una auditoría especial relacionada con toda la contratación efectuada el pasado mes de diciembre en ejecución del Conpes 4078, a la que se hizo referencia en un comunicado del ministerio, publicado el pasado 6 de febrero de 2023.
Almacenamiento y ejercicios de prueba: son actividades propias del ejercicio que realiza cualquier proveedor de un bien, incluso no destinado al sector defensa.
Administración de ingeniería y gestión del programa: este ítem hace referencia a los costos que tendrá el contratista en temas administrativos para la fabricación e integración de los vehículos. Es importante destacar que el proveedor de los vehículos no cuenta con dichos bienes en stock, toda vez que los mismos se fabrican con condiciones y características técnicas únicas requeridas, en este caso por el Ejército Nacional.
Ingeniería no recurrente: exigencias técnicas determinadas por el Ejército Nacional que demanda al contratista un diseño y desarrollo adicional a los elementos ya estandarizados para la producción y puesta en funcionamiento de los vehículos. Por ejemplo, el contratista deberá lograr la integración de los sistemas de armas y comunicaciones entre los vehículos con los que cuenta el Ejército y los adquiridos a través de este contrato.
Actualización de manuales: el manual actualizado le permite al Ministerio de Defensa realizar mantenimiento a los vehículos sin perder la garantía, lo que a mediano y largo plazo significa una optimización de recursos, dado que no se tendría que contratar este servicio.
Es importante recordar que la denuncia recibida por SEMANA advierte sobre un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares, que, según la fuente, sería la causa de la salida de Garzón, ocurrida tres meses después, en absoluta reserva y sin ninguna explicación.
SEMANA buscó de inmediato una respuesta en el Ministerio de Defensa ante la gravedad de la denuncia. Esta se sustenta en documentos oficiales, entre los que se encuentran el contrato, los soportes que sirvieron para elaborar la ficha técnica y las características que debía cumplir el proveedor de los vehículos militares.
Sin embargo, en lugar de explicar la multimillonaria y silenciosa inversión, y aclarar si existieron los supuestos sobrecostos o no, un viceministro y otros funcionarios intentaron callar a SEMANA con arbitrariedades y presiones. La cita con los funcionarios se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa el pasado jueves 20 de abril, a las 3:30 p. m. Se había acordado que habría una respuesta oficial a la denuncia.
La reunión la encabezó el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz. Lo acompañaban Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal; los coroneles Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería; y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8. Todo ocurrió en presencia de Ana María Escobar, jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, y Camilo Restrepo, del equipo de comunicaciones, quienes organizaron el encuentro.
Mondragón expuso a SEMANA los argumentos sobre la necesidad de efectuar la compra de los vehículos. Luego intervino el viceministro Díaz, quien presentó un panorama sobre el pésimo estado operativo de los vehículos de combate del Ejército, que tiene desprotegidos puntos estratégicos del país, y la misionalidad de los 55 que llegarían tras el acuerdo con la empresa canadiense.
La reunión avanzaba en términos cordiales hasta que SEMANA le expuso al coronel Luque unas fotografías de los documentos de la denuncia con el propósito de conocer su veracidad. La situación molestó al director Mondragón, quien de inmediato se quejó por las pruebas que SEMANA estaba exponiendo. Mondragón dijo que el Ministerio de Defensa no estaba de acuerdo con la dinámica que había tomado la reunión.
Pese a la molestia y tensión, el encuentro continuó, pero con reparos permanentes a los documentos de la denuncia. De hecho, desde el inicio se acordó que no se presentarían en físico a la reunión para proteger a la fuente y evitar una cacería de brujas.
La explicación no le cayó bien al coronel del Ejército Óscar Alberto Melo, quien reclamó y se empeñó en preguntar por qué SEMANA tenía en su poder documentos de seguridad nacional. La respuesta al indignado oficial fue obvia: formaba parte de la labor periodística. Cualquier fuga de información era un asunto del Ministerio.
El coronel Melo levantó la voz, calificó la respuesta como una falta de respeto y hasta el viceministro Díaz tuvo que intervenir para ordenarle que se tranquilizara. “Ya coronel”, dijo el viceministro. El coronel Luque parecía más molesto por los documentos en poder de SEMANA que por los posibles sobrecostos e irregularidades del millonario acuerdo.
Con la situación tensa, el viceministro Díaz expuso a SEMANA los argumentos para la adquisición de los vehículos 8×8 y explicó que el proceso se había iniciado en 2012. Sin embargo, SEMANA le demostró en la reunión que fue adjudicado por el Gobierno Petro a finales de 2022.
En ese momento, ocurrió el intento de censura. El director Mondragón, que al comienzo de la reunión expresó su desacuerdo por las fotos que había mostrado SEMANA a uno de los coroneles, advirtió que los temas que se estaban tratando eran de seguridad nacional y altamente sensibles para el país, por lo que no se podían divulgar a la opinión pública. Luego de la advertencia del alto funcionario, el viceministro Díaz tomó en sus manos un documento, lo levantó delante de los asistentes y condicionó la continuidad de la reunión a que SEMANA lo firmara.
Se trataba de un acuerdo de confidencialidad en el que este medio debía comprometerse a no publicar absolutamente nada. De lo contrario, la reunión se terminaba inmediatamente. Por obvias razones, el periodista de SEMANA se negó de forma categórica a firmar dicho documento. Entonces, el viceministro ordenó levantar la reunión como lo había advertido.
Las claves del escándalo
Tras el frustrado encuentro con los delegados del ministro de Defensa, Iván Velásquez, SEMANA revela las dudas que buscaba aclarar sobre los presuntos sobrecostos, que, en principio, ascenderían a 17 millones de dólares. La fuente entregó la prueba del multimillonario acuerdo militar firmado entre Ana María Garzón, en nombre del Ministerio de Defensa, y el representante legal de la empresa canadiense encargada del suministro de los vehículos blindados.
También entregó el soporte de cómo se hará el pago de los 305 millones de dólares. Se acordó que Colombia realizará un anticipo de 66,8 millones de dólares de la siguiente manera: 15,8 millones en 2023, 16,5 millones en 2024, 17,4 millones en 2025 y 17 millones en 2026.
Los 238,5 millones de dólares restantes se pagarán así: en 2027, 29,8 millones; en 2028, 40,5 millones; en 2029, 59,5 millones; en 2030, 34,9 millones; en 2031, 69,2 millones y, por último, en 2032, 4,3 millones.
La fuente aportó la prueba sobre la modalidad del contrato, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, el cual contempla que el proveedor se compromete, entre otras cosas, a poner en las instalaciones del comprador (Ejército) los elementos adquiridos, asumiendo el costo del envío, pero al parecer en este caso no fue así.
Según la fuente, en el acuerdo entre Colombia y la firma canadiense hay cuatro ítems que representarían los posibles sobrecostos porque deberían ser asumidos por el vendedor al tratarse de la modalidad DPU y, por el contrario, habrían sido cargados al Ministerio de Defensa. Así las cosas, se habría elaborado el acuerdo presuntamente desfavoreciendo los intereses económicos nacionales.
El primer problema es que, de los 305 millones de dólares, Colombia, presuntamente, pagaría por almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate. Eso generaría un supuesto sobrecosto cercano a los 2,9 millones de dólares. La fuente aseguró que es ilógico que el país pague por ello si eso le correspondería al proveedor, como lo advierte la modalidad DPU.
En el contrato se contempla “el almacenaje interior de vehículos en una instalación segura, con temperatura controlada, mientras los vehículos esperan el envío por lotes a Colombia. Ejercicio mensual de vehículos para garantizar una alta disponibilidad”, se lee en el convenio, aunque este monto debería ser asumido por los vendedores, según la fuente.
De igual forma ocurre con otro presunto sobrecosto por 7 millones de dólares, según el cual el país pagaría por “la ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones”. Nuevamente, se le habría cargado el costo al Ejército.
De acuerdo con el contrato, esto contempla “actualizaciones de desarrollo de diseño, dibujo y actualizaciones del paquete de datos técnicos, actualizaciones de instrucciones de construcción de ingeniería de fabricación y costos de puestas en marcha de producción y utillaje”.
La otra posible inconsistencia en el acuerdo tiene que ver con la gestión del programa en fábrica, que se refiere a la “administración de programas, administración de contratos, administración de proyectos de ingeniería, desarrollo de servicios de soporte para garantizar la ejecución contractual conforme y viajes para visitas a proveedores”. Esto, según la fuente, representaría un posible sobrecosto de 4 millones de dólares. Una vez más, eso debería ser responsabilidad del proveedor.
También habría un posible sobrecosto de 1,4 millones de dólares con los manuales que comprenden el “desarrollo de actualizaciones a manuales COLAV existentes, incluyen los cambios de vehículos (HMS, cubre llantas), actualizaciones para sistemas que han sido actualizados por obsolescencia”. Además, no se habría incluido el transporte de los vehículos a Colombia, también una obligación del proveedor. Esa es otra duda que quedó por resolver.
Según indagó SEMANA, los posibles errores en este acuerdo, uno de los de más altos presupuestos para el Ejército, y la firma apresurada el 29 de diciembre habrían sido el detonante para que Garzón, la funcionaria clave para el ministro Velásquez, presentara su renuncia.
Hay que mencionar que Garzón era una mujer de entera la confianza del ministro Velásquez, pues lo había acompañado incluso en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Además, había trabajado mano a mano en sus investigaciones sobre paramilitarismo contra funcionarios de alto nivel, congresistas y políticos. La renuncia de Garzón estuvo acompañada de la salida del director de contratación estatal del Ministerio de Defensa, Juan David Montoya, sobre la cual tampoco se entregaron detalles del motivo que la originó.
SEMANA buscó también al Ejército para saber si el comandante de dicha institución, el general Luis Mauricio Ospina, había pedido una revisión del acuerdo, pero al cierre de esta edición no se había conocido ninguna respuesta. El ministro Velásquez debería responder por las dudas que rodean esta millonaria adquisición y, asimismo, por la estrategia de intimidación de sus funcionarios contra SEMANA.
